Los empleados públicos se concentran este martes ante la Subdelegación
20 de Marzo de 2017
Los sindicatos CSIF, UGT (FESP) y CC.OO. (Área Pública) se concentran este martes 21 ante la Subdelegación del Gobierno de Valladolid, a las 11:00 horas, iniciándose así las movilizaciones conjuntas que han acordado las tres organizaciones sindicales para las próximas semanas, a fin de exigir al Gobierno que haga las modificaciones normativas necesarias que permitan a las administraciones aplicar la jornada de 35 horas a sus empleados públicos (y su adaptación a la situación específica del ámbito docente).
Una posibilidad que ahora está paralizada y bloqueada, a pesar de que algunos gobiernos regionales, como Castilla y León, han expresado ya su voluntad de recuperar las 35 horas. CSIF recuerda que la jornada de las 35 horas la ofreció el propio Gobierno en su día, porque prefirió esta medida a subir salarios.
Asimismo, los sindicatos instan al Congreso y al Gobierno a que aprueben, cuanto antes, unos Presupuestos Generales para 2017 que posibiliten una oferta de empleo público extraordinaria, con la eliminación de la tasa de reposición, que suponga el inicio de la recuperación de los empleados públicos perdidos desde el inicio de la crisis, en el año 2010.
En el caso de Castilla y León, son unos 15.300 los empleos públicos que las administraciones han reducido. La aplicación de las 35 horas podría generar unos 4.000 puestos en la Comunidad, de manera casi inmediata. Los sindicatos convocantes remarcan la importancia de que la tasa de interinidad de los empleados públicos, que ahora está disparada hasta el 30% en algunos sectores, baje hasta el 8%.
“Este año tenemos una oferta de empleo público nula en Educación, por lo que no se convocan oposiciones en 2017. Igualmente, en otros sectores hay una oferta claramente insuficiente”, lamenta CSIF. “Además, se están manteniendo unas tasas de reposición que son especialmente bajas en la Administración General de la Junta de Castilla y León, en torno al 10% y menores. Pero incluso llegando al 100% en sectores como Sanidad y Educación, no se compensan las amortizaciones y reducciones de años anteriores”, insiste CSIF.
En Valladolid, esto supone un aumento general de la interinidad en todos los sectores, que en el caso de Educación está en torno al 20%, siendo mayor en algún centro concreto. En el caso particular de Sanidad, hay gran dificultad añadida para sustituir personal en Atención Primaria, y muy especialmente a médicos de familia.
Esta situación de interinidad tiene una incidencia directa en la inestabilidad de las plantillas y la precariedad laboral, y dificulta llevar a cabo planes de mejora y de formación, recalca CSIF.
Otra consecuencia de la falta de oferta de empleo es la progresiva reducción de las plantillas de los empleados públicos en Valladolid. “Hemos tenido en la Administración General de la Junta una pérdida de cerca de 500 trabajadores, en los últimos cuatro años (2012-2016), señala CSIF. En Educación, la reducción ha sido de unos 250 trabajadores en el periodo 2010-2014; y en Sanidad se ha producido una elevada amortización de jubilaciones, con una diseminación de plantilla más acusada en Atención Primaria.
El envejecimiento de las plantillas es otro de los problemas serios de las administraciones, según CSIF. En la Junta, la mayoría de sus empleados están por encima de los 50 años; y hay más porcentaje de trabajadores que tienen más de 60 años, que los que tienen menos de 30.
Los sindicatos CSIF, UGT (FESP) y CC.OO. (Área Pública) se concentran este martes 21 ante la Subdelegación del Gobierno de Valladolid, a las 11:00 horas, iniciándose así las movilizaciones conjuntas que han acordado las tres organizaciones sindicales para las próximas semanas, a fin de exigir al Gobierno que haga las modificaciones normativas necesarias que permitan a las administraciones aplicar la jornada de 35 horas a sus empleados públicos (y su adaptación a la situación específica del ámbito docente).
Una posibilidad que ahora está paralizada y bloqueada, a pesar de que algunos gobiernos regionales, como Castilla y León, han expresado ya su voluntad de recuperar las 35 horas. CSIF recuerda que la jornada de las 35 horas la ofreció el propio Gobierno en su día, porque prefirió esta medida a subir salarios.
Asimismo, los sindicatos instan al Congreso y al Gobierno a que aprueben, cuanto antes, unos Presupuestos Generales para 2017 que posibiliten una oferta de empleo público extraordinaria, con la eliminación de la tasa de reposición, que suponga el inicio de la recuperación de los empleados públicos perdidos desde el inicio de la crisis, en el año 2010.
En el caso de Castilla y León, son unos 15.300 los empleos públicos que las administraciones han reducido. La aplicación de las 35 horas podría generar unos 4.000 puestos en la Comunidad, de manera casi inmediata. Los sindicatos convocantes remarcan la importancia de que la tasa de interinidad de los empleados públicos, que ahora está disparada hasta el 30% en algunos sectores, baje hasta el 8%.
“Este año tenemos una oferta de empleo público nula en Educación, por lo que no se convocan oposiciones en 2017. Igualmente, en otros sectores hay una oferta claramente insuficiente”, lamenta CSIF. “Además, se están manteniendo unas tasas de reposición que son especialmente bajas en la Administración General de la Junta de Castilla y León, en torno al 10% y menores. Pero incluso llegando al 100% en sectores como Sanidad y Educación, no se compensan las amortizaciones y reducciones de años anteriores”, insiste CSIF.
En Valladolid, esto supone un aumento general de la interinidad en todos los sectores, que en el caso de Educación está en torno al 20%, siendo mayor en algún centro concreto. En el caso particular de Sanidad, hay gran dificultad añadida para sustituir personal en Atención Primaria, y muy especialmente a médicos de familia.
Esta situación de interinidad tiene una incidencia directa en la inestabilidad de las plantillas y la precariedad laboral, y dificulta llevar a cabo planes de mejora y de formación, recalca CSIF.
Otra consecuencia de la falta de oferta de empleo es la progresiva reducción de las plantillas de los empleados públicos en Valladolid. “Hemos tenido en la Administración General de la Junta una pérdida de cerca de 500 trabajadores, en los últimos cuatro años (2012-2016), señala CSIF. En Educación, la reducción ha sido de unos 250 trabajadores en el periodo 2010-2014; y en Sanidad se ha producido una elevada amortización de jubilaciones, con una diseminación de plantilla más acusada en Atención Primaria.
El envejecimiento de las plantillas es otro de los problemas serios de las administraciones, según CSIF. En la Junta, la mayoría de sus empleados están por encima de los 50 años; y hay más porcentaje de trabajadores que tienen más de 60 años, que los que tienen menos de 30.
Los sindicatos también exigen otras reivindicaciones, como el pago del 100% del salario durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público, o que las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año. Igualmente, es necesario recuperar el nivel adquisitivo perdido desde el año 2010, tanto en las retribuciones mensuales como en las pagas extraordinarias, a través de un acuerdo de subidas salariales, recalca CSIF.
El Gobierno prepara un plan para hacer fijos a los empleados públicos interinos
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Vincula la medida, que afectaría a parte de los 400.000 temporales de la Administración, a la aprobación de los Presupuestos de 2017
MADRID. El Gobierno quiere poner en marcha un plan para convertir a los empleados públicos interinos en fijos. La medida, que sería negociada con los sindicatos y las comunidades autónomas, se realizaría de forma gradual y afectaría a parte de los 395.000 trabajadores de la administración que se encuentran en esta situación. Fuentes de Hacienda aseguran que el proyecto todavía está en sus primeras fases de desarrollo y, por tanto, no se ha concretado a qué sectores de la administración iría dirigido de forma mayoritaria (la temporalidad más alta está en sanidad y educación), ni qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para poder acogerse al mismo. Eso sí, Hacienda vincula la viabilidad de este proyecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Es decir, el plan es también una nueva arma de presión para que la oposición respalde las cuentas públicas que el Ejecutivo tiene previsto presentar a finales de este mes o principios de abril.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El enfoque del plan fue desvelada parcialmente ayer por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros al asegurar que la «voluntad del Gobierno es reducir el número de interinos» según las necesidades de plantilla de cada comunidad. Fuentes de Hacienda aclararon que el objetivo no es recortar el número de empleados públicos, sino «limitar la temporalidad» de este colectivo concreto al convertirlos en indefinidos. También matizaron que eso no significa acabar con este tipo de personal. De hecho, en caso de llevarse a práctica seguirán existiendo interinos, pero en menor número.
Aunque todavía no están definidos los sectores a los que la medida afectará de forma preferencial, una gran parte del personal sanitario y educativo se encuentra entre los interinos más numerosos y, previsiblemente, entre los que más se beneficiarían. De hecho, según datos del sindicato CSIF hay unos 50.000 profesores interinos que cada verano al finalizar el curso son despedidos y, con suerte, contratados en septiembre. Asimismo, según los sindicatos la interinidad podría alcanzar el 30% del personal sanitario. Las tasas también son altas para otros ámbitos como el de la justicia.
Sin embargo, desde Hacienda insistieron en que todo está condicionado a la aprobación de los Presupuestos. Sólo a partir de entonces se abrirían varias mesas de negociación con los sindicatos para abordar los detalles de este plan.
De esta forma, Montoro vuelve a condicionar una medida que afecta a los empleados públicos al visto bueno en el Congreso a las cuentas del Estado. Algo que también sucede con la revalorización del sueldo de los funcionarios – la intención anunciada por el PP durante la campaña electoral era subir un 1% la retribución– o la reducción de la jornada a las 35 horas. La falta de Presupuestos también impide fijar la tasa de reposición de los funcionarios ni convocar la Oferta de Empleo Público que tiene paralizadas las oposiciones en las comunidades autónomas, aunque algunas han anunciado que convocarán los exámenes para cubrir las plazas. Habrá que ver si esta estrategia de presión hace cambiar la postura de algún partido, especialmente del PSOE que gobierna en varias regiones.
Sentencia europea
En cualquier caso, la situación de los interinos es especialmente delicada. De hecho, llevan varios meses bajo los focos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el pasado septiembre en la que equiparaba la indemnización de un interino con la de un empleado indefinido. Sin embargo, desde Hacienda desligaron el plan que estudian ahora de esta circunstancia y aseguran que obedece a dotar de más estabilidad laboral a este colectivo.
Desde la sentencia los sindicatos y parte de la oposición han exigido que se reconozcan los derechos de los interinos, lo que supondría un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Para ello se creó una comisión de expertos designados por el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Sin embargo, en sus conclusiones no logró ponerse de acuerdo en la cuantía de las indemnizaciones al quedar divididos entre quienes entendían que deberían ser 20 días por año trabajado –como marca el despido por causas objetivas– y aquellos que la limitan a los 12 días de los contratos temporales.
En cualquier caso, las centrales urgen al Gobierno a paliar esta discriminación y denuncian que en algunos casos hay trabajadores que llevan 19 años como temporales. Además, resaltan que esa consolidación no implicaría un aumento del gasto público porque no supondría crear empleo nuevo, sino cambiar las condiciones del ya existente.
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