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El Gobierno se ha comprometido a «revisar, sector a sector», para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. «Se va a revisar su posible aplicación de cara a los Presupuestos de 2018», explicó ayer el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El propio Montoro también le aseguró al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que su intención es «hacer todo lo posible por evitar la conflictividad». Esta afirmación se produce después de que el pasado viernes, el Gobierno presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto por el que el Ejecutivo de Andalucía redujo, de manera unilateral, la jornada de los funcionarios.
Una medida de este tipo sólo la puede aplicar el Gobierno Central y, por ello, fuentes de Función Pública precisan que el Ejecutivo estaba obligado a recurrir una decisión que contraviene la legislación actualmente en vigor. Algo similar sucedió con Castilla-La Mancha y País Vasco, que tomaron la misma decisión de reducción de la jornada laboral y fue tumbada por el TC. «Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, y la ley dice que la jornada de los funcionarios es de 37,5 horas», apuntó Bermúdez de Castro.
Sin embargo, esto no impide, señalan desde Función Pública, que efectivamente se inicie en 2018 una reducción de la jornada en determinados ámbitos. De hecho, Bermúdez de Castro confirmó la voluntad del Gobierno de analizar «a futuro» los distintos sectores; el plazo que se dio es breve puesto que enmarcó la revisión en el ámbito de tramitación del proyecto de Cuentas del Estado para 2018 que deberán remitirse al Congreso de los Diputados a finales del mes de septiembre.
«El ministro ha planteado la posibilidad de ir viendo sectores específicos que necesiten, en función de su particularidad, un ajuste de la jornada», explicó por su parte el consejero andaluz de Presidencia.
De esta manera, el Gobierno cede a la presión de las Comunidades Autónomas ya que, además de las ya mencionadas País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía, también Castilla y León ha mostrado su deseo de que la jornada se reduzca a las 35 horas. De hecho, el Gobierno popular de Juan Vicente Herrera envió una carta al Ejecutivo central a principios del presente año en la que solicitó que, «a la mayor brevedad posible», se hagan las «modificaciones normativas necesarias» para «la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León».
La actitud flexible y dispuesta al diálogo que pretende demostrar el Gobierno en este terreno no es ajena al intento de conseguir apoyos , incluso dentro del propio PSOE, para sacar adelante los próximos Presupuestos.
El Gobierno se ha comprometido a «revisar, sector a sector», para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. «Se va a revisar su posible aplicación de cara a los Presupuestos de 2018», explicó ayer el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El propio Montoro también le aseguró al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que su intención es «hacer todo lo posible por evitar la conflictividad». Esta afirmación se produce después de que el pasado viernes, el Gobierno presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto por el que el Ejecutivo de Andalucía redujo, de manera unilateral, la jornada de los funcionarios.
Una medida de este tipo sólo la puede aplicar el Gobierno Central y, por ello, fuentes de Función Pública precisan que el Ejecutivo estaba obligado a recurrir una decisión que contraviene la legislación actualmente en vigor. Algo similar sucedió con Castilla-La Mancha y País Vasco, que tomaron la misma decisión de reducción de la jornada laboral y fue tumbada por el TC. «Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, y la ley dice que la jornada de los funcionarios es de 37,5 horas», apuntó Bermúdez de Castro.
Sin embargo, esto no impide, señalan desde Función Pública, que efectivamente se inicie en 2018 una reducción de la jornada en determinados ámbitos. De hecho, Bermúdez de Castro confirmó la voluntad del Gobierno de analizar «a futuro» los distintos sectores; el plazo que se dio es breve puesto que enmarcó la revisión en el ámbito de tramitación del proyecto de Cuentas del Estado para 2018 que deberán remitirse al Congreso de los Diputados a finales del mes de septiembre.
«El ministro ha planteado la posibilidad de ir viendo sectores específicos que necesiten, en función de su particularidad, un ajuste de la jornada», explicó por su parte el consejero andaluz de Presidencia.
De esta manera, el Gobierno cede a la presión de las Comunidades Autónomas ya que, además de las ya mencionadas País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía, también Castilla y León ha mostrado su deseo de que la jornada se reduzca a las 35 horas. De hecho, el Gobierno popular de Juan Vicente Herrera envió una carta al Ejecutivo central a principios del presente año en la que solicitó que, «a la mayor brevedad posible», se hagan las «modificaciones normativas necesarias» para «la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León».
La actitud flexible y dispuesta al diálogo que pretende demostrar el Gobierno en este terreno no es ajena al intento de conseguir apoyos , incluso dentro del propio PSOE, para sacar adelante los próximos Presupuestos.
Impacto de hasta 1.200 millones
En términos económicos, una rebaja de la jornada laboral en el conjunto del sector público tendría un impacto de hasta 1.200 millones de euros, según las cifras que en abril ya ofreció la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.
Sin embargo, el anterior responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cifró en 2.500 millones el ahorro que obtuvieron las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos cuando se implantó la medida en 2012. Fue una de las actuaciones con las que, desde la Administración Pública, se trató de hacer frente a la crisis y junto a su anunció Beteta también señaló a los funcionarios que debían olvidarse «del cafelito y de leer el periódico» y ser más productivos.
En términos económicos, una rebaja de la jornada laboral en el conjunto del sector público tendría un impacto de hasta 1.200 millones de euros, según las cifras que en abril ya ofreció la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.
Sin embargo, el anterior responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cifró en 2.500 millones el ahorro que obtuvieron las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos cuando se implantó la medida en 2012. Fue una de las actuaciones con las que, desde la Administración Pública, se trató de hacer frente a la crisis y junto a su anunció Beteta también señaló a los funcionarios que debían olvidarse «del cafelito y de leer el periódico» y ser más productivos.
