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El acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los sindicatos para hacer fijos en los próximos años al 90% de los trabajadores interinos del sector público impulsará lo que constituye la mayor oferta de empleo público de la democracia. Las Administraciones públicas consolidarán en torno a 250.000 puestos ocupados actualmente de forma temporal por este tipo de trabajadores. El proceso, que se iniciará el próximo viernes y terminará a finales de 2019, involucra a las comunidades autónomas –que aglutinan a la mayor parte de estos empleados– que se han sumado también al compromiso entre el Ejecutivo y los sindicatos. Esta gigantesca consolidación de oferta pública permitirá a Estado, autonomías, ayuntamientos y empresas públicas sacar a concurso los puestos ocupados por interinos para hacerlos fijos en estas Administraciones.
El acuerdo afecta a varias áreas: es el caso de los profesores de enseñanza no universitaria, personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, Servicios Sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades.
Este gran pacto para consolidar la oferta de empleo público no traerá consigo la aceptación de otras demandas sindicales, como la recuperación de la jornada de 35 horas o el cobro del 100% de la prestación cuando los empleados públicos están de baja por incapacidad temporal. A cambio, sí habrá que sumarle la creación de 67.000 nuevos empleos públicos y la reposición de las bajas de jubilación (en un 100%) en áreas como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales, la lucha contra el fraude, la prevención y extinción de incendios y políticas activas de empleo. En materia salarial, el Gobierno ha dejado claro que no levantará de momento el pie del freno –subirá un 1% los salarios en 2017– pese a dejar la puerta abierta a la posibilidad de pactar mayores mejoras salariales a partir de los presupuestos de 2018, cuyo techo de gasto se aprueba en junio.
La consolidación de la ingente cantidad de puestos de trabajo interinos que existen en las Administraciones Públicas españolas es una buena noticia, dado que pone remedio a una situación que constituye una anomalía en el entorno europeo. No en vano, el Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado recientemente la elevada tasa de interinidad que existe en España, que ronda el 11% en Sanidad y sube al 20% en Educación. Pese a ello, la gran asignatura de la economía española en materia laboral está en el sector privado, cuya función natural es crear empleo productivo, cuanto más estable mejor y capaz de general riqueza. Apostar por flexibilizar la legislación y los mercados para facilitar esa tarea debe ser una prioridad para los agentes sociales y el Gobierno.
