26 de enero de 2026
PINCHA EN ESTE ENLACE PARA LEER EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación, CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT, han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud después de haber conseguido que esta norma contemple numerosas mejoras en los derechos y la regulación general de las condiciones laborales del conjunto del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS).
En un acto celebrado en la sede ministerial, la presidenta de SATSE, Laura Villaseñor; el secretario general de la FSS-CCOO, Humberto Muñoz; la secretaria general de Sanidad de UGT-Servicios Públicos, Begoña Ballell, y el presidente del sector nacional de sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, han suscrito con la ministra de Sanidad, Mónica García, el documento que formaliza su respaldo al anteproyecto de Ley después de tres años de reuniones mantenidas en el marco del Ámbito de Negociación, único foro legitimado para abordar la norma que sentará las bases para la actualización de las condiciones de trabajo de cerca de un millón de trabajadores del SNS.
Los responsables sindicales han manifestado que, con este acuerdo, se ha conseguido renovar con mejoras de diferente calado un texto legal que ya cuenta con 22 años y requería su actualización, logrando que las nuevas mejoras supongan la renovación de más de un 70 por ciento con respecto al actual, y que se hayan incorporado gran parte de las propuestas sindicales defendidas a lo largo de la negociación para el conjunto del personal del SNS, sin distinciones ni discriminaciones.
Todas y cada una de ellas han sido propuestas e incorporadas por estas organizaciones sindicales a lo largo de esta negociación.
Nuevas aportaciones
En todo caso, los sindicatos han subrayado que no renuncian a seguir realizando aportaciones para seguir mejorando la futura norma del Estatuto Marco durante el periodo de tramitación previa a su remisión como proyecto de Ley, por parte del Gobierno, al Congreso de los Diputados.
También han incidido en que, por responsabilidad y coherencia, han buscado que la norma tenga la oportunidad de aprobarse en la actual legislatura, teniendo en cuenta los tiempos de cualquier tramitación parlamentaria. Por ello, han apuntado que el momento de alcanzar el acuerdo era “ahora” y no dilatarlo más en el tiempo.
Otro aspecto resaltado por las organizaciones sindicales es que el acuerdo sobre este anteproyecto de Ley ha sido posible por el cambio de actitud mostrado por el Ministerio de Sanidad a partir de las movilizaciones realizadas por los sindicatos que suscriben esta nota de prensa y, especialmente, ante el anuncio de huelga realizado por dichas organizaciones sindicales a finales del pasado año y que afectaba a todos los servicios de salud.
De otro lado, los responsables de SATSE, FSS-CCOO, UGT y CSIF explicaron que este acuerdo abre el camino para que, una vez se apruebe la Ley, se puedan incorporar a las condiciones de trabajo del personal estatutario otras muchas mejoras mediante su negociación en las mesas sectoriales de los servicios de salud dado que en el nuevo Estatuto Marco se ha reforzado el papel de la negociación colectiva en dichas mesas sectoriales.
Estas organizaciones sindicales también hacen un llamamiento a que los profesionales del SNS interesados en saber de qué manera va a afectar el nuevo Estatuto Marco a sus condiciones de trabajo lean el texto acordado, donde van a poder apreciar cómo algunas de las cuestiones que interesadamente se están difundiendo públicamente no se corresponden con la realidad.
Mejoras que afectan a todo el personal
Las mejoras recogidas en el nuevo Estatuto Marco afectan a aspectos laborales fundamentales, como los derechos del personal, la clasificación profesional, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral, entre otras materias esenciales. Todas ellas, además de afectar directamente a todo el personal estatutario, contribuirán a una mejora en la calidad y seguridad de la atención que se presta a la ciudadanía, apuntaron.
En cuanto al reconocimiento salarial ligado al nuevo modelo de clasificación profesional, los dirigentes sindicales detallaron que, como se recoge en el texto de la norma, y se ha explicitado también en el acuerdo suscrito hoy, se abrirá un proceso específico de negociación para la definición y desarrollo del nuevo marco retributivo que tomará como referencia inicial las propuestas de los sindicatos firmantes, ya expuesto al Ministerio en las diferentes reuniones de la mesa del Ámbito.
Para ello, se establecerá una correspondencia entre los niveles de clasificación y los niveles retributivos de modo que no se mantengan estructuras “obsoletas”, estructurando las nuevas retribuciones básicas en función del grupo de clasificación correspondiente a cada nivel de titulación académica y especialización, así como en función del nivel de responsabilidad asumido. El proceso negociador se desarrollará de forma paralela a los tramites en curso de la norma y deberá finalizar antes de que finalice la tramitación parlamentaria, garantizado así su aprobación y efectiva aplicación en el SNS.
Avances de calado
Otros importantes avances han sido el reconocimiento del derecho al acceso voluntario a la jubilación parcial para el personal estatutario, así como que se posibilita que, previos los estudios necesarios, se inicie el procedimiento ante la Seguridad Social para que se determinen coeficientes reductores de la edad de jubilación para este personal que permitiría su jubilación voluntaria anticipada.
También se da un impulso decisivo para que la jornada de 35 h semanales se implante en los servicios de salud que aún restan por hacerlo, de modo que, independientemente de la autonomía en la que se trabaje, se disfrute de una misma jornada laboral. En la actualidad, aún hay cinco CC.AA. que tienen la jornada semanal de 37,5 horas, mientras que el resto tienen 35 horas.
Igualmente, se promueve una jornada laboral, en todas las modalidades, que posibilite una mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años, embarazadas, lactancia natural y reducción de jornada para el cuidado de hijos, sin merma retributiva. Otro logro es que se habilita que los servicios de salud reconozcan y compensen el reconocimiento del “solape de jornada” como tiempo efectivo de trabajo en todas las comunidades autónomas.
En cuanto a las guardias que hace el personal sometido a este régimen dentro del SNS, el Estatuto Marco las limita a un máximo de 17 horas seguidas, eliminando la posibilidad de extenderlas a 24 horas salvo por consentimiento voluntario, y reduce la jornada semanal máxima a 45 horas para quienes realicen guardias, siempre tomando como referencia un cómputo cuatrimestral, y teniendo en cuenta que las jornadas previas y posteriores consecutivas a la guardia se consideraran como jornada efectivamente realizada y, por tanto, contabilizables a efectos del cómputo de 45 horas señalado, limitándose además a 5 las guardias al mes.
Empleo de calidad
Respecto al acceso a un empleo digno y de calidad, se contempla que los procesos de selección del personal estatutario fijo se realicen con una frecuencia al menos bienal, resolviéndose en un plazo máximo de 18 meses, lo que contribuirá de manera decisiva a la estabilidad en el empleo fijo y la reducción a niveles aceptables de la temporalidad. Se instaura, además, que la modalidad voluntaria se realice mediante el sistema de Concurso Abierto y Permanente (CAP) en todos los servicios de salud y con una periodicidad anual.
De otro, el nuevo texto normativo recoge que se podrá establecer un nivel adicional de carrera profesional, lo que podrá implementarse en todos los servicios de salud, y que las convocatorias de carrera serán, al menos, anuales. Asimismo, se garantiza que el reconocimiento de nivel de carrera profesional cuando un profesional se traslade a otro servicio de salud conlleve el reconocimiento retributivo que corresponda al nivel acreditado por el profesional.
También se posibilita la implementación de sendos planes para luchar contras las agresiones al personal sanitario y mejorar la conciliación de la vida laboral y personal.
Compromiso sindical
Por último, las organizaciones sindicales han manifestado su voluntad de que, paralelamente a la tramitación del anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto Marco, seguirán apostando por mejorarlo a través de los grupos parlamentarios, así como promoverán el conocimiento real de lo acordado a todos los profesionales del SNS, para lo cual continuarán con la ronda de asambleas en las comunidades autónomas que ya iniciaron y que se desarrollarán durante los próximos meses.
La visibilización es una herramienta clave en la lucha por la igualdad. A través de este calendario, queremos impulsar que la sociedad reconozca el valor, la capacidad y el talento de las mujeres que han marcado la historia.
Como organización sindical, no solo acompañamos las reivindicaciones de las mujeres, sino también lideramos procesos de cambio, comprometidos con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Ya puedes descargar el Calendario: "Igualdad - Visibilización 2026"
Curso tras curso y día tras día, miles de niños y adolescentes acuden a los centros educativos con su mochila cargada de libros. Y con ellos también van al aula sus enfermedades, algunas crónicas como diabetes, asma, epilepsia, alergias o incluso procesos oncológicos que requieren controles médicos, medicación y acompañamiento sanitario. De vez en cuando, pueden ir acompañados de problemas de salud agudos (como catarros, lesiones traumatológicas, postoperatorios...) A estas realidades se suman los imprevistos cotidianos: crisis, mareos, accidentes, caídas... Todas ellas, situaciones que, en ausencia de personal sanitario en los centros, recaen sobre los docentes, que ni están formados ni deberían asumir esa responsabilidad.
Desde CSIF consideramos que esta es una deuda pendiente con la infancia y con las familias. Por eso, hemos impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se apruebe una Ley de Enfermería Escolar que garantice la presencia de enfermeras y enfermeros en todos los colegios e institutos de la Comunidad. No hablamos de un lujo, sino de un derecho básico, unido estrechamente a la seguridad, la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Las cifras son significativas. Nuestra Comunidad cuenta sólo con 24 enfermeras para atender a más de un millar de centros educativos. Esto supone una ratio de un profesional por cada 14.000 alumnos, frente a los 600 de Francia, los 700 de Madrid o la cobertura plena que ofrecen países como Reino Unido, Suecia o Francia. Castilla y León no puede seguir a la cola en un servicio tan esencial.
El argumento económico no puede servir de excusa: la implantación de la enfermería escolar supondría 66,6 millones de euros anuales, apenas un 0,48% del presupuesto autonómico. Además, se trata de una inversión que se multiplica, ya que cada euro invertido en enfermería escolar genera un ahorro de 2.20 euros en costes hospitalarios, visitas a urgencias o bajas laborales de los progenitores. Incorporar enfermeras en los colegios evitaría muchas urgencias innecesarias y aliviaría la presión del sistema sanitario. No hablamos de un gasto, sino de una inversión social, sanitaria y educativa.
Los beneficios sociales también son incuestionables: tranquilidad para las familias, conciliación laboral, reducción del absentismo y mejora de los resultados académicos. Además, la enfermería escolar es clave en la educación sanitaria, la prevención, la promoción de hábitos saludables y la atención a los procesos de reincorporación escolar tras una hospitalización.
Las voces de nuestros sectores lo confirman:
- Jesús Freire, responsable de Educación de CSIF Valladolid: "No podemos seguir delegando en el profesorado responsabilidades sanitarias que no le corresponden. La enfermería escolar es imprescindible para la seguridad de los alumnos y para la buena labor docente del profesorado".
- Javier Hernando, responsable de Sanidad de CSIF Valladolid: "Es hora de que nuestros políticos vean lo que ve el resto de la sociedad. El papel de la enfermera es indispensable en nuestros hospitales, centros de salud y centros escolares. Las ratios insuficientes".
- Noemí Fernández, responsable de Administración Autonómica de CSIF Valladolid: "El coste de esta medida es asumible y rentable. Apenas supone medio punto del presupuesto de la Junta y, sin embargo, el retorno económico y social es incuestionable. No hay excusas para seguir retrasando esta ley".
Por todo ello, desde CSIF reclamamos a los responsables políticos de Castilla y León que escuchen este clamor ciudadano, respaldado por docentes, familias, asociaciones de pacientes y profesionales de la enfermería. Es hora de que los responsables políticos estén a la altura. La enfermería escolar no es un capricho: es una necesidad urgente y un derecho. Nuestros niños y niñas merecen crecer en centros seguros, inclusivos y saludables.
16 de septiembre de 2025
CSIF, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO se han reunido y han acordado trasladarle al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, su indignación por la parálisis, así como por la grave e inédita situación en la que nos encontramos a causa de la falta total y absoluta de interlocución entre el ministerio y los sindicatos.
En una carta dirigida a López, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, le recuerdan al ministro que las tres organizaciones representan al 80% de los más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos.
Este hecho "debiera sobrar para tener un diálogo constante y una mesa permanente donde poder debatir y llevar a cabo una negociación que permita solventar los problemas que vayan surgiendo en la función pública", afirman, y señalan que es urgente, del mismo modo, "recuperar los estándares de calidad de los servicios públicos que demanda la ciudadanía".
Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de lo público no dejan de agravarse por la inacción del ministerio para resolver asuntos muy preocupantes, tanto en materia de empleo como de congelación salarial, recalcan CSIF, UGT y CCOO.
Por ello, resulta imprescindible, subrayan, retomar cuanto antes el diálogo permanente que permita recuperar la confianza, “bajo el principio de buena fe que hemos venido manteniendo con anterioridad” en el ámbito público. "Ni que decir tiene que, de no obtener respuesta, tomaremos las medidas que consideremos oportunas", concluyen.
15 de julio de 2025
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reiteró hoy su rechazo a la Oferta de Empleo Público para 2025 porque las plazas son insuficientes para cubrir las pérdidas acumuladas en la Administración del Estado en los últimos años (más de 42.000 efectivos perdidos en las dos últimas décadas).
Según datos aportados por el Gobierno, la oferta total asciende a 36.588 plazas en la Administración General del Estado de turno libre y promoción interna, lo que supone 3.558 plazas menos que el año pasado, invirtiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años, como consecuencia de la falta de presupuestos y las restricciones al gasto que ya está aplicando Bruselas.
La oferta, por tanto, impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles tanto en la Administración Central --Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias— como en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (sanidad, educación, etc)
Esta oferta además mantiene la tasa de reposición, lo que impedirá reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la Administración del Estado, que ya ha provocado la congelación de fondos procedentes de la Comisión Europea.
Además, la próxima oferta de empleo público contendrá una tasa adicional para el País Vasco (en concreto para el ámbito de la Justicia), que permitirá a esta comunidad autónoma reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto. Esta medida supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos.
En este mismo sentido, CSIF manifiesta su preocupación por las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones políticas de Junts y PNV por las diferencias que puedan generar en el acceso y la calidad de los servicios públicos entre territorios, tanto por la cesión de impuestos que detraigan recursos para el Estado, la pérdida de competencias en materia de empleo público o de la Seguridad Social.
UN REFUERZO INMEDIATO DE PLANTILLAS
Desde CSIF, ya lo hemos dicho, exigimos un refuerzo inmediato de plantillas, la creación de empleo neto, la recuperación de los puestos perdidos y la eliminación de la tasa de reposición, para que las administraciones puedan responder a sus necesidades, más allá de las jubilaciones previstas. Hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.640 empleos, según datos facilitados por el propio Ministerio de Función Pública, que se suman los 21392 perdidos en la década anterior, lo que hace un total de más de 42000 puestos perdidos.
Además, el 21 por ciento de la plantilla (más de 45.000 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de la jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.
Es más, según datos del registro central de personal, el 55 por ciento de la plantilla se jubilará en 10 años, lo que hace evidente la necesidad de planificar a medio plazo las necesidades de la plantilla. Esta cuestión fue referida por un informe de la OCDE en el que se alertaba del envejecimiento de las plantillas de la administración española, en relación a los países de nuestro entorno.
18 de julio de 2025
El juzgado de lo Social Nº 1 de Gijón ha rechazado la petición de una enfermera que trabaja para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, de acogerse a la jubilación parcial anticipada.
La sentencia –la primera que se produce tras la nueva regulación que interrumpió la aplicación de este derecho, en virtud de un acuerdo del Gobierno con UGT y CCOO-- establece que en la negociación llevada a cabo por estos sindicatos no se ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones, por lo que la Administración “se ve atada de pies y manos”, apuntando que el convenio colectivo del personal laboral del Principado de Asturias es jerárquicamente inferior a la nueva regulación estatal, que entró en vigor el pasado 1 de abril, por lo que desestima la petición de la empleada pública asturiana.
El acceso a la jubilación parcial anticipada llevaba años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones. Sin embargo, la nueva regulación detuvo la continuidad de este derecho y se paralizaron las solicitudes porque el legislador no tuvo en cuenta las particularidades del acceso al empleo público.
Para solventar esta situación provocada por las organizaciones sindicales que avalaron con su firma esta reforma, las distintas Administraciones pueden convocar una tasa adicional de empleo público, si bien como establece la propia sentencia, esta medida “no es una herramienta adecuada para responder a una necesidad que no depende de la empleadora, sino de la imprevisible solicitud de los trabajadores que cumplan con los requisitos para jubilarse anticipadamente”.
Para revertir esta situación y posibilitar el ejercicio de este derecho a los empleados públicos afectados, CSIF presentará enmiendas al Proyecto de Ley derivado del Real Decreto Ley 11/2024. Además, seguiremos trabajando para que el derecho a la jubilación parcial anticipada también sea una realidad para el personal funcionario y estatutario.
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