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La sentencia reconoce 20 días por año trabajado a un profesor,
cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones
cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones
objetivas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha conseguido una sentencia que reconoce, por primera vez en España, el derecho a indemnización a un funcionario interino tras su cese.
La sentencia pionera proviene del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la Coruña
y reconoce el derecho de un docente, F.L.R, a percibir una indemnización por el periodo en el
que estuvo cubriendo una sustitución. La sentencia –contra la que sólo cabe recurso ante el
Tribunal Supremo-- le reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado, similar
a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas
o de producción.
Esta sentencia abre la puerta a miles de reclamaciones, por ejemplo, de profesores interinos
que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo
del curso escolar. Solamente en el mes de junio, fueron cesados 51.487 personas, la cifra más
alta de los últimos nueve años.
Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral
de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien
aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones
de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones
o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia
o la Sanidad). Se calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.
El juez entiende que el funcionario interino tiene el mismo derecho que los empleados temporales
en régimen laboral de la Administración Pública, como sucedió en la sentencia del
auxiliar administrativo Diego Porras, que motivó la llamada de atención del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.
CSIF valora de manera positiva esta sentencia ganada por sus servicios jurídicos, que
pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización
del empleo público en el conjunto de las comunidades autónomas, dado que podría producirse
un aluvión de reclamaciones y la saturación de los juzgados.
