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Semana Europea de la Seguridad y Salud 2017: Tu trabajo saludable en cada edad
En la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 para promocionar del envejecimiento saludable y el trabajo sostenible; CSIF renueva su apoyo a la Campaña Europea 2016-2017 “Trabajos saludables en cada edad” organizada por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo (EU-OSHA) que en su segundo año continúa impulsando un enfoque global de la seguridad y la salud en el trabajo atendiendo a la diversidad de los trabajadores, para garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas a lo largo de la vida laboral.
Se espera que en 2030 los trabajadores de 55-64 años de edad representen hasta el 30 % o más de la población activa en muchos países de Europa. La edad de jubilación se está retrasando en numerosos Estados miembros y es probable que muchos trabajadores se enfrenten a una vida laboral más larga. En consecuencia, es necesario realizar esfuerzos para garantizar unas condiciones seguras y saludables a lo largo de toda la vida laboral.
El envejecimiento de la población activa presenta diversos retos para todos los que intervienen en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST).
• La prolongación de la vida laboral puede derivar en la prolongación de la exposición a riesgos laborales.
• Habrá más trabajadores con problemas de salud crónicos y necesidades específicas, siendo los futuros trabajadores especialmente sensibles.
• Los trabajadores mayores pueden ser más vulnerables a determinados peligros para la seguridad y la salud.
• El elevado índice de problemas relacionados con el trabajo que se observan en determinados sectores y puestos que implican una pesada carga de trabajo físico y/o mental, trabajo manual u horarios de trabajo atípicos ha de tenerse en cuenta.
• La importancia de la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la reincorporación al trabajo va en aumento.
• A escala social, es necesario abordar la discriminación por motivos de edad.
Por ello, CSIF propone y promueve no quedarnos sólo en una campaña bianual de la EU-OSHA, sino que sea un punto de inflexión para un cambio de paradigma y una nueva organización de trabajo saludable en cada fase de la vida laboral de la persona trabajadora.
TU ERES EL LÍDER DE TU SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Administración General del Estado paga entre 1.000 y 21.000 euros menos que las CC.AA por el mismo puesto
La Administración Central paga hasta 57 euros diarios menos respecto a País Vasco o Cataluña
CSIF inicia una campaña “A IGUAL TRABAJO, MISMO SALARIO” para que el Gobierno empiece a equiparar retribuciones y a devolver poder adquisitivo en el conjunto del Estado
La Administración General del Estado paga de media un 25 por ciento menos a sus empleados públicos en relación a las comunidades autónomas por el mismo puesto, lo que pone de manifiesto la discriminación de un colectivo de 230.000 personas, que se sienten maltratadas por sus responsables, en este caso, el Gobierno de España.
CSIF inicia una campaña “A IGUAL TRABAJO, MISMO SALARIO” para que el Gobierno empiece a equiparar retribuciones y a devolver poder adquisitivo en el conjunto del Estado
La Administración General del Estado paga de media un 25 por ciento menos a sus empleados públicos en relación a las comunidades autónomas por el mismo puesto, lo que pone de manifiesto la discriminación de un colectivo de 230.000 personas, que se sienten maltratadas por sus responsables, en este caso, el Gobierno de España.
El conjunto de las administraciones públicas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento en los últimos años como consecuencia de los recortes. La Administración General del Estado además, sufre un desfase adicional que es preciso compensar de manera paulatina. Con este estudio, CSIF pone de manifiesto la necesidad de retomar las negociaciones en materia salarial interrumpidas en septiembre, tras la crisis institucional en Cataluña. De lo contrario, el sindicato no descarta iniciar movilizaciones.
Mañana mismo abordaremos esta problemática con el Grupo Parlamentario Popular y en los próximos días con Ciudadanos. El propio presidente del Gobierno señaló recientemente a medios de comunicación la conveniencia de equiparar los salarios entre Administración General del Estado y Comunidades autónomas, al igual que se pretende hacer en el caso de Guardia Civil y Policía.
Según un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, estas diferencias retributivas oscilan entre los 1.000 de menos que cobra un personal laboral en labores de mantenimiento y servicios; y los 21.600 euros de menos que cobra un funcionario A1 (titulado superior) respecto al País Vasco.
Con la disminución de efectivos, desde 2010, se ha producido una pérdida de masa salarial acumulada de 1.657,7 millones de euros que podría invertirse en esta equiparación salarial. CSIF entiende que, como mínimo, en el próximo presupuesto debería de consignarse una partida de fondos adicionales en torno a los 500 millones de euros.
Por este motivo, junto a las negociaciones que mantenemos abiertas con Hacienda a nivel general, iniciamos una campaña reivindicativa, en la que trasladaremos esta información a organizaciones políticas (ya nos hemos reunido con PSOE y Podemos).
CSIF ha emplazado a los ministros de de Hacienda y Función Pública e Interior a mantener una reunión sobre este asunto lo antes posible. Además, llevaremos a cabo diferentes medidas de presión en el caso de que el Ministerio de Hacienda no favorezca la negociación.
Parámetros del estudio
Se trata de un informe de gran complejidad, teniendo en cuenta los múltiples conceptos salariales, grupos, tipologías de empleados públicos y la dispersión y falta de transparencia de los datos.
En el caso de personal funcionario, el estudio de CSIF compara las retribuciones de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y Galicia, incluyendo así las comunidades históricas, y las que entendemos significativas por su número total de empleados públicos y la ratio por habitante. Y en la Administración de Justicia, con todas las comunidades transferidas.
Analizamos todos los grupos (titulaciones), con el nivel máximo (responsabilidad) al que pueden llegar, descartando los niveles 29 y 30 correspondientes a altos cargos, asesores, personal de libre designación etc, y el valor salarial que más se repite (moda) sumando los conceptos de sueldo base, complemento de destino y complemento específico (penosidad, especialidad, disponibilidad…)
Hemos descartado la parte de la nómina correspondiente a la antigüedad por ser un concepto individual, los trabajos extraordinarios (por no existir datos sobre los criterios de reparto) y la productividad (una cantidad discrecional por la que se premia o valora una determinada labor de la que las Administraciones tampoco hacen públicos los datos). Estos conceptos retributivos harían incluso que la diferencia entre administraciones fuera mayor.
*Nota. Se da la circunstancia de que en la Administración General del Estado no está desarrollada la carrera profesional, lo que influye de manera negativa en sus retribuciones e impide prosperar salarialmente a profesionales de diferentes ámbitos (un ingeniero aerodinámico, un inspector de Transportes o un auxiliar administrativo) después de años de experiencia.
En el caso de Instituciones Penitenciarias se compara con Cataluña, única comunidad autónoma donde está transferida la competencia. En este caso, reclamamos igualmente el mismo trato y dignificación que a los compañeros de Guardia Civil y Policía, también dependientes del Ministerio del Interior.
En el caso del personal laboral (personal de oficios sin potestad administrativa de generar derechos y obligaciones para los ciudadanos), la comparación se realiza entre Madrid, Andalucía y Extremadura, por ser estas autonomías muy significativas por el número total de personal de este tipo contratado.
Hacienda y sindicatos fijarán los criterios para estabilizar a 250.000 interinos en tres años
Los sindicatos piden que las pruebas de oposición a docente no sean obligatorias y que pese más la antigüedad en los concursos.
Hacienda y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF volvieron a reunirse ayer para evaluar el cumplimiento del acuerdo para la mejora del empleo público suscrito en marzo para estabilizar a 250.000 interinos y reducir la tasa de temporalidad hasta el 8% en tres años, reunión en la que han acordado redactar un documento para fijar criterios que volverá a evaluarse la semana que viene y que evite "interpretaciones restrictivas de la norma" en las ofertas de empleo público.
En el acuerdo de marzo de contempla llegar en tres años a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y Administración de Justicia (8.564).
Según CSIF, las comunidades autónomas han recortado más de 50.000 plazas (25.000 en Educación y 25.000 en Sanidad) de las previstas, por lo que sindicatos y Hacienda van a trabajar de manera conjunta sobre un documento con criterios que facilite el proceso de estabilización de plazas en el conjunto de las comunidades autónomas y permita aumentar el número de plazas.
Superar el parón por Cataluña
La responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO, Miriam Pinillo, dijo ayer a Europa Press que el objetivo es establecer unos criterios "orientativos y aclaratorios" del desarrollo del acuerdo, que tiene que plasmarse en la reducción de la temporalidad " en todas las administraciones y en todas las categorías" para el ejercicio 2019.
El secretario general de Acción Sindical de CSIF; Francisco Camarillo, dijo ayer a Europa Press antes de la reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, que los ejecutores del acuerdo de marzo, en su mayoría las autonomías, que tienen libertad para convocar sus plazas, no están cumpliendo en el mismo grado dicho acuerdo.
Los sindicatos han insistido en la importancia de recuperar y cerrar el segundo acuerdo en materia de empleo que estipulado tras las negociaciones de septiembre, antes de su parón por la crisis política en Cataluña, y que contemplaba el mantenimiento de la tasa de reposición del 100% en los sectores prioritarios y pasar del 50% actual al 75% en el resto de sectores.
Además, se elevaría al 115% la tasa de reposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se sumaría un 5% adicional de disposición libre y las plazas de promoción interna no computarían en la tasa de reposición.
50.000 plazas menos que las acordadas en marzo
El sindicato CSIF asegura que en estos momentos se quedarían fuera de la estabilización 25.000 interinos en Sanidad y otros 25.000 en Educación, lo que suma un total de 50.000 plazas. El acuerdo de marzo contemplaba la estabilización de unas 250.000 plazas de interinos en tres años, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de Sanidad (129.700), Docencia (98.807) y Administración de Justicia (8.564).
En el caso de Educación, CSIF cree que el problema podría solventarse en cuanto algunas comunidades autónomas, como Madrid, den el paso definitivo de realizar la convocatoria. Este sindicato espera que las autonomías demuestren "voluntad política" para adoptar las recomendaciones del documento que prepararán Gobierno y sindicatos.
El sindicato ha manifestado de manera reiterada en las últimas fechas su preocupación por la "disparidad de criterios entre las comunidades autónomas para determinar el número de plazas y por el retraso que se está produciendo en la convocatoria de las ofertas de empleo público".
El pasado verano, CSIF ya señaló la conveniencia de coordinar los procesos de estabilización de empleo interino en el conjunto de las comunidades autónomas, con el fin de evitar situaciones de incertidumbre y dudas sobre desplazamientos, la continuidad en el puesto.
De igual forma, CSIF ha pedido fijar calendarios de actuación en común para las diferentes categorías, determinación de fechas de examen en un mismo día, la elaboración de temarios de forma coordinada, además de la armonización de los méritos.
La cuestión del sueldo se queda fuera
En la reunión no se ha abordó la subida salarial de 2018, tras la reunión de la semana pasada en la que Hacienda garantizó a los sindicatos la congelación salarial de los funcionarios en 2018 y retomó la negociación con su última oferta de un incremento retributivo de al menos un 1,5% el próximo año.
La oferta de Hacienda pasaba por un incremento retributivo mínimo del 5,34% en los tres próximos ejercicios, cifra que podría elevarse hasta un máximo del 8% en función de la evolución de la economía española.
Interinos de ayuntamientos y comunidades autónomas y traslados
Los sindicatos han pedido a Hacienda que se incorporen al acuerdo los colectivos de interinos de ayuntamientos y comunidades autónomas que no entraron en el primer acuerdo, así como que se convoque un concurso de traslados en sectores como los de Sanidad y Justicia.
La posible ampliación de la convocatoria rondaría los 15.000 o 20.000 efectivos, lejos de los 250.000 suscritos en el acuerdo de marzo, que englobaba la mayoría de las administraciones públicas. UGT dice que el proceso está siendo "muy lento" y en CSIF aseguraban ayer que se están detectando "problemas" en la convocatoria de plazas de consolidación de interinos ante el distinto grado de compromiso por parte de las comunidades autónomas.
Sólo se han la mitad de las plazas de Educación previstas
Actualmente, en el ámbito de la Educación sólo se han convocado 24.000 plazas, por lo que quedarían más del 50%, al estar pendientes algunas autonomías relevantes, como Madrid, Andalucía o Galicia.
Además, CSIF pide que se modifique el decreto de acceso a las plazas, para que, aunque haya una fase de oposición, se modifiquen otros puntos con el fin de que se aumenten las optativas a elegir en los temas en examen o aumentar los puntos por antigüedad, entre otros.
Oposiciones a Justicia
Respecto a Justicia, Camarillo explicó ayer que próximamente saldrán las oposiciones de 2017, por lo que tratarán que se sumen a las de 2018 para sacar el próximo año la primera convocatoria del proceso de estabilidad, sin perjuicio de que puedan salir más convocatorias.
Traslados en Sanidad
En cuanto a Sanidad, CSIF pide que se convoque un concurso de traslado para personal fijo antes de que se lleve adelante el proceso de estabilización, aunque se trata de algo "complejo" porque varias autonomías se niegan a realizar ese concurso alegando que no tienen suficientes plazas y con los traslados se quedarían sin personal para algunos servicios.
Además, considera que deben salir en la convocatoria 15 categorías (como médicos de familia, técnicos especialistas, diagnóstico o pediatras), pero Camarillo advierte de que algunas comunidades autónomas no están dispuestas a convocar en todas ellas y que algunas aceptarían la mediación de Función Pública frente a otras que se opondrían.
En total, en estos momentos estaría en proceso la consolidación de 100.000 plazas de interinos, lejos de los más de 130.000 previstosinicialmente para el sector sanitario.
El secretario general de Acción Sindical de CSIF añadió que el acuerdo en Sanidad llegaría en la segunda mitad de 2018, de forma que los exámenes se producirían en 2019, y se contemplaría para categorías como enfermeros, matronas, fisioterapeutas, celadores o administrativos.
Por último, los sindicatos pedirán una reunión "en breve" sobre la Administración General del Estado (AGE) para concretar los baremos y el número de plazas, y pedirán una convocatoria adicional de promoción interna en Justicia.
Hacienda y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF volvieron a reunirse ayer para evaluar el cumplimiento del acuerdo para la mejora del empleo público suscrito en marzo para estabilizar a 250.000 interinos y reducir la tasa de temporalidad hasta el 8% en tres años, reunión en la que han acordado redactar un documento para fijar criterios que volverá a evaluarse la semana que viene y que evite "interpretaciones restrictivas de la norma" en las ofertas de empleo público.
En el acuerdo de marzo de contempla llegar en tres años a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y Administración de Justicia (8.564).
Según CSIF, las comunidades autónomas han recortado más de 50.000 plazas (25.000 en Educación y 25.000 en Sanidad) de las previstas, por lo que sindicatos y Hacienda van a trabajar de manera conjunta sobre un documento con criterios que facilite el proceso de estabilización de plazas en el conjunto de las comunidades autónomas y permita aumentar el número de plazas.
Superar el parón por Cataluña
La responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO, Miriam Pinillo, dijo ayer a Europa Press que el objetivo es establecer unos criterios "orientativos y aclaratorios" del desarrollo del acuerdo, que tiene que plasmarse en la reducción de la temporalidad " en todas las administraciones y en todas las categorías" para el ejercicio 2019.
El secretario general de Acción Sindical de CSIF; Francisco Camarillo, dijo ayer a Europa Press antes de la reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, que los ejecutores del acuerdo de marzo, en su mayoría las autonomías, que tienen libertad para convocar sus plazas, no están cumpliendo en el mismo grado dicho acuerdo.
Los sindicatos han insistido en la importancia de recuperar y cerrar el segundo acuerdo en materia de empleo que estipulado tras las negociaciones de septiembre, antes de su parón por la crisis política en Cataluña, y que contemplaba el mantenimiento de la tasa de reposición del 100% en los sectores prioritarios y pasar del 50% actual al 75% en el resto de sectores.
Además, se elevaría al 115% la tasa de reposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se sumaría un 5% adicional de disposición libre y las plazas de promoción interna no computarían en la tasa de reposición.
50.000 plazas menos que las acordadas en marzo
El sindicato CSIF asegura que en estos momentos se quedarían fuera de la estabilización 25.000 interinos en Sanidad y otros 25.000 en Educación, lo que suma un total de 50.000 plazas. El acuerdo de marzo contemplaba la estabilización de unas 250.000 plazas de interinos en tres años, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de Sanidad (129.700), Docencia (98.807) y Administración de Justicia (8.564).
En el caso de Educación, CSIF cree que el problema podría solventarse en cuanto algunas comunidades autónomas, como Madrid, den el paso definitivo de realizar la convocatoria. Este sindicato espera que las autonomías demuestren "voluntad política" para adoptar las recomendaciones del documento que prepararán Gobierno y sindicatos.
El sindicato ha manifestado de manera reiterada en las últimas fechas su preocupación por la "disparidad de criterios entre las comunidades autónomas para determinar el número de plazas y por el retraso que se está produciendo en la convocatoria de las ofertas de empleo público".
El pasado verano, CSIF ya señaló la conveniencia de coordinar los procesos de estabilización de empleo interino en el conjunto de las comunidades autónomas, con el fin de evitar situaciones de incertidumbre y dudas sobre desplazamientos, la continuidad en el puesto.
De igual forma, CSIF ha pedido fijar calendarios de actuación en común para las diferentes categorías, determinación de fechas de examen en un mismo día, la elaboración de temarios de forma coordinada, además de la armonización de los méritos.
La cuestión del sueldo se queda fuera
En la reunión no se ha abordó la subida salarial de 2018, tras la reunión de la semana pasada en la que Hacienda garantizó a los sindicatos la congelación salarial de los funcionarios en 2018 y retomó la negociación con su última oferta de un incremento retributivo de al menos un 1,5% el próximo año.
La oferta de Hacienda pasaba por un incremento retributivo mínimo del 5,34% en los tres próximos ejercicios, cifra que podría elevarse hasta un máximo del 8% en función de la evolución de la economía española.
Interinos de ayuntamientos y comunidades autónomas y traslados
Los sindicatos han pedido a Hacienda que se incorporen al acuerdo los colectivos de interinos de ayuntamientos y comunidades autónomas que no entraron en el primer acuerdo, así como que se convoque un concurso de traslados en sectores como los de Sanidad y Justicia.
La posible ampliación de la convocatoria rondaría los 15.000 o 20.000 efectivos, lejos de los 250.000 suscritos en el acuerdo de marzo, que englobaba la mayoría de las administraciones públicas. UGT dice que el proceso está siendo "muy lento" y en CSIF aseguraban ayer que se están detectando "problemas" en la convocatoria de plazas de consolidación de interinos ante el distinto grado de compromiso por parte de las comunidades autónomas.
Sólo se han la mitad de las plazas de Educación previstas
Actualmente, en el ámbito de la Educación sólo se han convocado 24.000 plazas, por lo que quedarían más del 50%, al estar pendientes algunas autonomías relevantes, como Madrid, Andalucía o Galicia.
Además, CSIF pide que se modifique el decreto de acceso a las plazas, para que, aunque haya una fase de oposición, se modifiquen otros puntos con el fin de que se aumenten las optativas a elegir en los temas en examen o aumentar los puntos por antigüedad, entre otros.
Oposiciones a Justicia
Respecto a Justicia, Camarillo explicó ayer que próximamente saldrán las oposiciones de 2017, por lo que tratarán que se sumen a las de 2018 para sacar el próximo año la primera convocatoria del proceso de estabilidad, sin perjuicio de que puedan salir más convocatorias.
Traslados en Sanidad
En cuanto a Sanidad, CSIF pide que se convoque un concurso de traslado para personal fijo antes de que se lleve adelante el proceso de estabilización, aunque se trata de algo "complejo" porque varias autonomías se niegan a realizar ese concurso alegando que no tienen suficientes plazas y con los traslados se quedarían sin personal para algunos servicios.
Además, considera que deben salir en la convocatoria 15 categorías (como médicos de familia, técnicos especialistas, diagnóstico o pediatras), pero Camarillo advierte de que algunas comunidades autónomas no están dispuestas a convocar en todas ellas y que algunas aceptarían la mediación de Función Pública frente a otras que se opondrían.
En total, en estos momentos estaría en proceso la consolidación de 100.000 plazas de interinos, lejos de los más de 130.000 previstosinicialmente para el sector sanitario.
El secretario general de Acción Sindical de CSIF añadió que el acuerdo en Sanidad llegaría en la segunda mitad de 2018, de forma que los exámenes se producirían en 2019, y se contemplaría para categorías como enfermeros, matronas, fisioterapeutas, celadores o administrativos.
Por último, los sindicatos pedirán una reunión "en breve" sobre la Administración General del Estado (AGE) para concretar los baremos y el número de plazas, y pedirán una convocatoria adicional de promoción interna en Justicia.
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MANIFIESTO 25-N. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Los delegados y delegadas sindicales de CSIF y CEP atenderán a víctimas de violencia de género en la
Administración y empresas
La violencia de género es la expresión más infame de la desigualdad entre mujeres y hombres que aún persiste en la sociedad, también en España, donde desde que hay estadísticas oficiales, se registra cada año una media de 60 asesinatos y decenas de miles de mujeres maltratadas, junto a sus hijos, víctimas silenciosas de la barbarie que quedarán marcados de por vida.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, y la Confederación Española de la Policía (CEP), sindicato representativo en el Consejo de la Policía, nos sumamos al 25-N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde nuestra responsabilidad, para sumar esfuerzos frente a esta lacra.
Según la Estadística Nacional, este año, el número de víctimas continúa aumentando y desde CSIF y CEP insistimos en que no mueren, las asesinan. Una vez más el contador de la muerte se pone en funcionamiento.
Desde que comenzó la crisis, hemos reclamado el impulso de un Pacto de Estado y social renovado contra la violencia de género que volviera a situar la lucha contra este problema en primera línea del debate social y político. Lo hemos conseguido. CSIF ha participado activamente incorporando al Pacto alcanzado en el Congreso de los Diputados un total de 10 medidas para garantizar la protección total de la víctima y el respeto de todos sus derechos, incluidos los laborales:
- Promover el establecimiento de cuotas de reserva de los contratos programa en el ámbito de las Administraciones Públicas para las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan con los requisitos que normativamente se establezcan. Medida 191
- Elaborar un protocolo de actuación para la prevención y actuación en casos de violencia de género que afecten a las trabajadoras de la Administración General del Estado. Medida 195 Uso del teletrabajo. Medida 118
- Incorporar los datos demovilidades a la Estadística Nacional. Medida 113 Garantizar que no haya menoscabo de la promoción profesional, de la retribución y de la confidencialidad de las víctimas por procesos de movilidad. Medida 115 Asegurar la creación de Unidades de Igualdad en todos los Ministerios (Medida 112), de su desarrollo reglamentario y su implicación en esta materia. Medida 114 Mejora de la formación y sensibilización de los responsables de recursos humanos y los representantes sindicales. Medida 272
- Impulsar la negociación en los Convenios Colectivos y Planes de igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de violencia machista, reordenación del tiempo del trabajo o jornada, movilidad, uso del teletrabajo. Medida 197 Incorporar el enfoque de la discapacidad. Medida 286Difusión del protocolo de Movilidad para funcionarias víctimas de violencia de génerode la Administración General del Estado, ampliando su ámbito de acción a las diferentes Administraciones y promoviendo su utilización en todos los casos. Medida 113
En línea con estas propuestas, con el fin de favorecer el adecuado tratamiento de y atención de las víctimas en el ámbito laboral, CSIF y CEP dan un nuevo paso con la campaña NOS PREOCUPA TU VIDA.
En el marco de esta campaña, lanzamos un NUEVO SERVICIO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS. Se trata de una medida pionera, en el ámbito laboral, por la que los delegados/as sindicales, especializados en la materia, actuarán como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas. De esta manera pretendemos cubrir un vacío asistencial en nuestras administraciones y empresas.
En este sentido, pretendemos que el Gobierno reconozca e institucionalice la Figura Sindical de Apoyo a la Víctima, de manera similar a los actuales delegados sindicales de prevención laboral.
Igualmente, reivindicamos las medidas que se contemplan en el Pacto de Estado y que afectan al ámbito policial:
- Aumentar el número de policías asignados a la protección de las víctimas, especialmente el número de policías destinados en la UFAM (Unidades de Familia y Mujer). Actualmente (agosto 2017) existe una ratio de víctima/funcionario de 51,47.
- Formar a los policías en materia de violencia de género, que presten servicios de 24 horas (ODAC).
- Adecuar las Instalaciones Policiales en las que se asiste a las víctimas para preservar su intimidad y evitar una victimización secundaria.
- Mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales para optimizar los recursos y dar una mejor protección a las víctimas.
CSIF Y CEP SUMAN SUS FUERZAS CONTRALA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PIDEN EL APOYO A ESTA CAMPAÑA A INSTITUCIONES, EMPRESAS, ASOCIACIONES Y A TODA LA CIUDADANÍA, PARA CONSEGUIR JUNTOS UNA SOCIEDAD MEJOR, MÁS JUSTA QUE NO TOLERA LA VIOLENCIA.
CSIF logra la garantía de Hacienda de que no habrá congelación salarial en 2018
El Ministerio prevé hacer la subida y el proceso de estabilización
de empleo público a través de los Presupuestos de 2018
o vía Decreto.
La Secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado, ha trasladado a las organizaciones sindicales la voluntad del Gobierno de evitar la congelación salarial a los empleados públicos en 2018 y llevar a cabo el acuerdo en materia de empleo público alcanzado antes de que se interrumpieran las conversaciones, como consecuencia de la crisis institucional en Cataluña.
El Gobierno mantiene la viabilidad de conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos donde incluiría la subida salarial y el acuerdo de estabilización del empleo público. Si no fuera posible se haría a través de otras fórmulas legales.
CSIF trasladó el pasado mes de octubre su más absoluto rechazo a la congelación salarial, después de que el Gobierno enviara a Bruselas un plan presupuestario para 2018, en el que se incluía este supuesto. También le hemos trasladado que consideramos muy insuficiente la subida propuesta del 1,5% (Hacienda ha retomado la negociación a partir de la última propuesta que realizó en septiembre), teniendo en cuenta que se ha perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos años.
CSIF, por responsabilidad, mantendrá su voluntad de negociación mientras se estén negociando los presupuestos, con el fin de alcanzar un acuerdo de legislatura que permita recuperar de manera progresiva el poder adquisitivo perdido durante la crisis.
Respecto a la oferta de empleo público, Hacienda ha aceptado extender el acuerdo de estabilidad de Interinos al conjunto de las Administraciones (hasta ahora solo afectaba a Sanidad, Educación y Justicia), una tasa de reposición del 100 por cien a todos los servicios esenciales y del 115% a la Policía Local.
Además, para CSIF, es fundamental la recuperación de las 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales (como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid).
CSIF también defiende la equiparación de las retribuciones en la Administración General del Estado con las de las plantillas de las Comunidades autónomas que, de media, son un 25 por ciento superiores.
CSIF retoma esta semana las negociaciones con Hacienda sobre retribuciones y oferta de empleo público
CSIF apela a la responsabilidad del Gobierno y del conjunto de las fuerzas políticas para que haya presupuesto en 2018
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, retomará el próximo miércoles, las negociaciones con el Ministerio de Hacienda en materia de retribuciones y oferta de empleo público, después de que se frenaran las conversaciones coincidiendo con la crisis institucional en Cataluña unido a la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos.
CSIF trasladará a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la preocupación del sindicato por la ausencia de proyecto de Presupuestos generales del Estado para 2018. La reunión se logró organizar hace dos semanas, tras las gestiones realizadas por nuestro sindicato.
CSIF pretende así que se aborde la oferta de empleo público para reforzar las plantillas, el desarrollo del acuerdo para reducir la temporalidad y la necesidad de ampliar este pacto al conjunto de los sectores de nuestras administraciones públicas (el acuerdo se limita a los sectores de Educación, Sanidad y Justicia). Y desde luego, pretendemos evitar que se produzca una nueva congelación salarial sobre el colectivo de empleados públicos.
CSIF no reconoce este supuesto de congelación salarial y entiende que la negociación de los salarios públicos está todavía abierta, ante la incertidumbre que se genera sobre más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias hay que recordar la pérdida de más del 20% de poder adquisitivo de los empleados públicos desde el inicio de la crisis.
El sindicato apela a la responsabilidad del Gobierno en primer lugar y del conjunto de las fuerzas políticas para que hagan posible un acuerdo parlamentario que permita, a través de los presupuestos, o bien, mediante un Real Decreto, favorecer la revisión salarial y desarrollar las ofertas de empleo público.
De manera paralela, CSIF ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que, se ha concretado en una petición de comparecencia de la secretaria de Estado, que se concretará esta misma semana
CSIF también defiende la equiparación de las retribuciones en la Administración General del Estado con las de las plantillas de las Comunidades autónomas. Luchar por esta equiparación supone acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la Función pública en España. A lo largo de los años, se ha generado este agravio comparativo y el personal de la AGE tiene hoy unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales.
La labor de los empleados públicos es fundamental para la cohesión social y la vertebración estatal de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, residan donde residan. El sacrificio y el papel que han jugado durante los últimos años ha sido fundamental para la recuperación económica y por tanto deben empezar a recuperar ya el poder adquisitivo perdido.
Reunión Bomberos Administración Local - 31 de octubre de 2017
Pincha aquí para leer el informe
La reunión, presidida por Encarna Abascal como Secretaria Técnica Nacional y Lorenzo Almendro como Coordinador del Sector Nacional de Administración Local, contó con la presencia del Vicepresidente Nacional de nuestro sindicato que dio la bienvenida a los asistentes, recalcando la importancia que el colectivo de bomberos tiene para CSIF.
Así mismo, también asistieron a la reunión Víctor Martínez como Asesor del Sector Nacional de Administración Local, Sara Fernández Acevedo como responsable de Prevención de Asturias y Manuel Moreno como responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid.
En primer lugar la reunión, trató temas relacionados con temas que en materia preventiva afecta al colectivo de Bomberos y más concretamente al artículo 3.2 de la Ley de PRL y la eterna cuestión sobre si esta Ley afecta o no a colectivos como el de Bomberos. En este sentido CSIF no tiene ninguna duda al respecto: La Ley de PRL de 8 de noviembre de 1995 les afecta como trabajadores y por tanto está en el ámbito este colectivo en su totalidad así lo reflejan multitud de escritos e informes oficiales respondiendo a preguntas de distintos agentes sociales y administraciones. Quedaría regular las cuestiones relativas a momentos de gran catástrofe y calamidad pública, situaciones sin duda excepcionales y que no deben de manera alguna servir de excusa a la hora de aplicar las medidas preventivas que tanto la propia Ley como su desarrollo reglamentario contempla.
Tenemos por tanto como sindicato, exigir su implantación y cumplimiento en su amplia totalidad, por lo que desde CSIF se velará y denunciarán aquellos incumplimientos que a este
respecto surjan, por lo que desde la Secretaría Técnica Nacional se crea un Grupo de Trabajo cuya finalidad principal será la observancia de la aplicación de las medidas preventivas y la concienciación del colectivo en esta materia. Así, se lanzaran y promocionarán iniciativas como folletos divulgativos, check list, jornadas informativas y elaboración de un procedimiento de
actuación del Delegado de CSIF en Bomberos, que logren implantar la conciencia preventiva tanto en el colectivo como en las administraciones y los mandos directivos.
actuación del Delegado de CSIF en Bomberos, que logren implantar la conciencia preventiva tanto en el colectivo como en las administraciones y los mandos directivos.
Continuando con la reunión se pasó a tratar los puntos relativos a las reivindicaciones de tipo laboral y profesional. Así se debatió y se acordó trazar líneas de actuación a desarrollar por el Grupo de Trabajo abordando los siguientes temas:
- Establecimiento del C1 a nivel nacional para todo el colectivo.
- Dependencia orgánica única a nivel nacional, con homogeneización de protocolos de actuación y planes de coordinación con otras estructuras participantes en la prevención y extinción de incendios (Autonómicos, UME, etc).
- Lograr cualificación y certificación profesional válida para todos los estados miembros de la U.E. así como en el sector público como en el privado.
- Negociar una Ley reguladora de rango ESTATAL que marque las pautas básicas que vinculen y obliguen, tanto a CCAA como a Ayuntamientos y Diputaciones, a seguir un criterio homogéneo que marque competencias, clasificación, titulaciones, estructuración, formación y uniformidad, entre otros aspectos.
- Poner coto a las privatizaciones de servicios de prevención y extinción de incendios como ya ocurre en algunas localidades de Castilla y León.
- Trabajar en una normativa que regule la actuación y competencias de los Voluntarios evitando los abusos que cada vez con más frecuencia se están produciendo.
Esta reunión evidenció, que en el colectivo de Bomberos existe una gran variedad de problemas laborales y reivindicaciones, que de forma histórica se han venido arrastrando sin que hasta el momento haya habido por parte de la administración, intención de negociar los términos a los que se refieren los puntos señalados anteriormente.
Será por tanto, objetivo prioritario de CSIF en Bomberos, lograr que estas y otras reivindicaciones, que afectan a nuestro colectivo, sean cada vez y con más frecuencia objeto de debate en las mesas de negociación en las que CSIF tiene presencia, sin renunciar en modo alguno, a todas las actuaciones e iniciativas que como sindicato de ámbito nacional tenemos a nuestro alcance.
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