Conferencia: "Crisis de los refugiados. Rescate en el Mediterráneo"


CSI·F Valladolid quiere reconocer el papel y labor de los cooperantes españoles implicados en causas humanitarias en diferentes ámbitos de la realidad internacional.
Para ello, se ha organizado una conferencia, bajo el título: Crisis de refugiados: Rescate en el Mediterráneo, a cargo del médico cooperante: Oscar Hugo Martín del Barco, que tendrá lugar en el Aula de Formación de nuestra sede, sita en Calle Luna, 3 bajo, el próximo martes 18 de abril, de 12:00 a 13:30 horas.
La asistencia a dicha conferencia será gratuita para todas las personas interesadas, tendrá un aforo limitado por orden de inscripción en la dirección de correo: valladolid@csi-f.es


CSIF concreta en unos 4.000 los empleos públicos que se crearían en Castilla y León con las 35 horas


Exige que la negociación de los Presupuestos no “castigue más” a los empleados públicos.


El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha explicado en Soria que la recuperación de las 35 horas “efectivamente, tiene un coste, pero es para crear empleo, igual que tiene un coste la decisión del Gobierno de reducir las cotizaciones de la Seguridad Social para nuevos contratos, y gracias a eso se crean puestos de trabajo”.
La vuelta a la jornada de las 35 horas, que supone recuperar un derecho arrebatado, “sería una manera de crear puestos de trabajo, que cotizarían a la Seguridad Social, algo importante, que cotizarían en su IRPF, que animarían el consumo, y que mejorarían los servicios públicos de los castellanos y leoneses con el refuerzo de las plantillas”, añade Miguel Borra.
En Castilla y León, la aplicación de las 35 horas podría generar la contratación, inmediata en muchos casos, de unos 4.000 puestos de trabajo, que irían destinados -principalmente- a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, además de otros servicios que se aplique la jornada laboral con turnos.
CSIF lamenta que la negociación de los presupuestos del Estado y las disputas de los partidos culpabilicen a los empleados públicos por defender un derecho arrebatado, como es el de la jornada de 35 horas. CSIF lamenta que se está retorciendo y tergiversando el sentido de esa reivindicación, “que puede generar más riqueza y empleo para el Estado, con el refuerzo de las plantillas en los servicios públicos”.
Miguel Borra resalta que Castilla y León es la primera Comunidad gobernada por el PP que ha pedido al Gobierno las 35 horas, aunque recuerda que en otras comunidades en las que se ha aprobado la recuperación de la jornada de las 35 horas, como son Andalucía y Extremadura, el PP no ha votado en contra. CSIF reclama un acuerdo político entre Gobierno y las diferentes fuerzas parlamentarias que permita avanzar en unos presupuestos, y pide que no se utilice a los empleados públicos como moneda de cambio en una eventual negociación.
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha estado este viernes en Soria para informar de los encuentros que este sindicato independiente, el más representativo de las administraciones públicas, está manteniendo con responsables de los gobiernos central y autonómicos, para recabar apoyos y promover mejoras en las administraciones públicas, en un momento político y económico clave, y ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
CSIF espera que el Ministerio de Hacienda responda con medidas concretas a las reivindicaciones de los empleados públicos, en la Mesa General de las Administraciones Públicas que previsiblemente se celebrará este mes, tras años de recortes y pérdida de poder adquisitivo.
Las reivindicaciones de CSIF siguen encima de la mesa son: una oferta de empleo público urgente sin tasa de reposición; aumentar la partida presupuestaria para la carrera y desarrollo profesional; la recuperación de los ‘canosos’ para todos los empleados públicos, sin tener que recurrir a tribunales; eliminar los descuentos en la nómina por baja médica; o la recuperación del concurso de méritos y la jornada de 35 horas.
En el caso de las 35 horas, CSIF está intensificando su interlocución con el fin de forzar al Gobierno a derogar el decreto de recortes que impide a las comunidades autónomas negociar esta medida con los sindicatos. Así ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido anulada la jornada de 35 horas por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma.
Borra ha insistido en la preocupación que viven los empleados públicos, “porque no sabemos qué va a pasar con los Presupuestos. Hemos perdido más del 30% del poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, y esto hay que empezar a revertirlo. CSIF se opone “firmemente” a una congelación salarial, y aboga por un plan que abarque toda legislatura, para planificar la recuperación del poder adquisitivo que ha perdido el empleado público.
Borra también pide que se aborde “urgentemente” la oferta pública de empleo en Castilla y León, para contar con el número de empleados públicos necesarios para prestar los servicios públicos. El presidente nacional de CSIF recuerda que en enero se han perdido 10.300 puestos sanitarios en España, en plena crisis de gripe, acumulando una destrucción de 45.000 puestos de empleados públicos desde septiembre.

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Comunicado de la Junta de Personal


Consolidar empleo público, crear privado



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El acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los sindicatos para hacer fijos en los próximos años al 90% de los trabajadores interinos del sector público impulsará lo que constituye la mayor oferta de empleo público de la democracia. Las Administraciones públicas consolidarán en torno a 250.000 puestos ocupados actualmente de forma temporal por este tipo de trabajadores. El proceso, que se iniciará el próximo viernes y terminará a finales de 2019, involucra a las comunidades autónomas –que aglutinan a la mayor parte de estos empleados– que se han sumado también al compromiso entre el Ejecutivo y los sindicatos. Esta gigantesca consolidación de oferta pública permitirá a Estado, autonomías, ayuntamientos y empresas públicas sacar a concurso los puestos ocupados por interinos para hacerlos fijos en estas Administraciones.
 El acuerdo afecta a varias áreas: es el caso de los profesores de enseñanza no universitaria, personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, Servicios Sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades.
Este gran pacto para consolidar la oferta de empleo público no traerá consigo la aceptación de otras demandas sindicales, como la recuperación de la jornada de 35 horas o el cobro del 100% de la prestación cuando los empleados públicos están de baja por incapacidad temporal. A cambio, sí habrá que sumarle la creación de 67.000 nuevos empleos públicos y la reposición de las bajas de jubilación (en un 100%) en áreas como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales, la lucha contra el fraude, la prevención y extinción de incendios y políticas activas de empleo. En materia salarial, el Gobierno ha dejado claro que no levantará de momento el pie del freno –subirá un 1% los salarios en 2017– pese a dejar la puerta abierta a la posibilidad de pactar mayores mejoras salariales a partir de los presupuestos de 2018, cuyo techo de gasto se aprueba en junio.
La consolidación de la ingente cantidad de puestos de trabajo interinos que existen en las Administraciones Públicas españolas es una buena noticia, dado que pone remedio a una situación que constituye una anomalía en el entorno europeo. No en vano, el Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado recientemente la elevada tasa de interinidad que existe en España, que ronda el 11% en Sanidad y sube al 20% en Educación. Pese a ello, la gran asignatura de la economía española en materia laboral está en el sector privado, cuya función natural es crear empleo productivo, cuanto más estable mejor y capaz de general riqueza. Apostar por flexibilizar la legislación y los mercados para facilitar esa tarea debe ser una prioridad para los agentes sociales y el Gobierno.

Publicado el Acuerdo y el Convenio de la Diputación de Valladolid


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Un centenar de funcionarios protestan ante la sede de la Junta

  • Reclaman a la administración autonómica que se recupere la jornada semanal de 35 horas.

UGT y CCOO han reclamado hoy una subida salarial superior al 1% para los empleados públicos en 2017, cuando la inflación se acerca de media al 2%, lo que supondrá una nueva pérdida de poder adquisitivo.
El secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carlos López Inclán, ha reconocido avances en la oferta de empleo público en el transcurso de la concentración de protesta ante la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. El portavoz de UGT sector público en Valladolid, José Luis Ferreras, ha asegurado que como consecuencia de las crisis económica los empleados públicos tienen los salarios congelados y ha cifrado en un 30% la pérdida de su poder adquisitivo.
Casi un centenar de empleados públicos, según Europa Press, se han concentrado ante la sede de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Valladolid para reclamar una jornada laboral de 35 horas semanales y una subida salarial digna.

Los empleados públicos se concentran este martes ante la Subdelegación

20 de Marzo de 2017

Los sindicatos CSIF, UGT (FESP) y CC.OO. (Área Pública) se concentran este martes 21 ante la Subdelegación del Gobierno de Valladolid, a las 11:00 horas, iniciándose así las movilizaciones conjuntas que han acordado las tres organizaciones sindicales para las próximas semanas, a fin de exigir al Gobierno que haga las modificaciones normativas necesarias que permitan a las administraciones aplicar la jornada de 35 horas a sus empleados públicos (y su adaptación a la situación específica del ámbito docente).
Una posibilidad que ahora está paralizada y bloqueada, a pesar de que algunos gobiernos regionales, como Castilla y León, han expresado ya su voluntad de recuperar las 35 horas. CSIF recuerda que la jornada de las 35 horas la ofreció el propio Gobierno en su día, porque prefirió esta medida a subir salarios.
Asimismo, los sindicatos instan al Congreso y al Gobierno a que aprueben, cuanto antes, unos Presupuestos Generales para 2017 que posibiliten una oferta de empleo público extraordinaria, con la eliminación de la tasa de reposición, que suponga el inicio de la recuperación de los empleados públicos perdidos desde el inicio de la crisis, en el año 2010.
En el caso de Castilla y León, son unos 15.300 los empleos públicos que las administraciones han reducido. La aplicación de las 35 horas podría generar unos 4.000 puestos en la Comunidad, de manera casi inmediata. Los sindicatos convocantes remarcan la importancia de que la tasa de interinidad de los empleados públicos, que ahora está disparada hasta el 30% en algunos sectores, baje hasta el 8%.
“Este año tenemos una oferta de empleo público nula en Educación, por lo que no se convocan oposiciones en 2017. Igualmente, en otros sectores hay una oferta claramente insuficiente”, lamenta CSIF. “Además, se están manteniendo unas tasas de reposición que son especialmente bajas en la Administración General de la Junta de Castilla y León, en torno al 10% y menores. Pero incluso llegando al 100% en sectores como Sanidad y Educación, no se compensan las amortizaciones y reducciones de años anteriores”, insiste CSIF.
En Valladolid, esto supone un aumento general de la interinidad en todos los sectores, que en el caso de Educación está en torno al 20%, siendo mayor en algún centro concreto. En el caso particular de Sanidad, hay gran dificultad añadida para sustituir personal en Atención Primaria, y muy especialmente a médicos de familia.
Esta situación de interinidad tiene una incidencia directa en la inestabilidad de las plantillas y la precariedad laboral, y dificulta llevar a cabo planes de mejora y de formación, recalca CSIF.
Otra consecuencia de la falta de oferta de empleo es la progresiva reducción de las plantillas de los empleados públicos en Valladolid. “Hemos tenido en la Administración General de la Junta una pérdida de cerca de 500 trabajadores, en los últimos cuatro años (2012-2016), señala CSIF. En Educación, la reducción ha sido de unos 250 trabajadores en el periodo 2010-2014; y en Sanidad se ha producido una elevada amortización de jubilaciones, con una diseminación de plantilla más acusada en Atención Primaria.
El envejecimiento de las plantillas es otro de los problemas serios de las administraciones, según CSIF. En la Junta, la mayoría de sus empleados están por encima de los 50 años; y hay más porcentaje de trabajadores que tienen más de 60 años, que los que tienen menos de 30.

Los sindicatos también exigen otras reivindicaciones, como el pago del 100% del salario durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público, o que las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año. Igualmente, es necesario recuperar el nivel adquisitivo perdido desde el año 2010, tanto en las retribuciones mensuales como en las pagas extraordinarias, a través de un acuerdo de subidas salariales, recalca CSIF.

8M día internacional de la mujer




El Gobierno prepara un plan para hacer fijos a los empleados públicos interinos

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Vincula la medida, que afectaría a parte de los 400.000 temporales de la Administración, a la aprobación de los Presupuestos de 2017

MADRID. El Gobierno quiere poner en marcha un plan para convertir a los empleados públicos interinos en fijos. La medida, que sería negociada con los sindicatos y las comunidades autónomas, se realizaría de forma gradual y afectaría a parte de los 395.000 trabajadores de la administración que se encuentran en esta situación. Fuentes de Hacienda aseguran que el proyecto todavía está en sus primeras fases de desarrollo y, por tanto, no se ha concretado a qué sectores de la administración iría dirigido de forma mayoritaria (la temporalidad más alta está en sanidad y educación), ni qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para poder acogerse al mismo. Eso sí, Hacienda vincula la viabilidad de este proyecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Es decir, el plan es también una nueva arma de presión para que la oposición respalde las cuentas públicas que el Ejecutivo tiene previsto presentar a finales de este mes o principios de abril.
JAVIER LIZÓN -EFEEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El enfoque del plan fue desvelada parcialmente ayer por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros al asegurar que la «voluntad del Gobierno es reducir el número de interinos» según las necesidades de plantilla de cada comunidad. Fuentes de Hacienda aclararon que el objetivo no es recortar el número de empleados públicos, sino «limitar la temporalidad» de este colectivo concreto al convertirlos en indefinidos. También matizaron que eso no significa acabar con este tipo de personal. De hecho, en caso de llevarse a práctica seguirán existiendo interinos, pero en menor número.
Aunque todavía no están definidos los sectores a los que la medida afectará de forma preferencial, una gran parte del personal sanitario y educativo se encuentra entre los interinos más numerosos y, previsiblemente, entre los que más se beneficiarían. De hecho, según datos del sindicato CSIF hay unos 50.000 profesores interinos que cada verano al finalizar el curso son despedidos y, con suerte, contratados en septiembre. Asimismo, según los sindicatos la interinidad podría alcanzar el 30% del personal sanitario. Las tasas también son altas para otros ámbitos como el de la justicia.

Sin embargo, desde Hacienda insistieron en que todo está condicionado a la aprobación de los Presupuestos. Sólo a partir de entonces se abrirían varias mesas de negociación con los sindicatos para abordar los detalles de este plan.
De esta forma, Montoro vuelve a condicionar una medida que afecta a los empleados públicos al visto bueno en el Congreso a las cuentas del Estado. Algo que también sucede con la revalorización del sueldo de los funcionarios – la intención anunciada por el PP durante la campaña electoral era subir un 1% la retribución– o la reducción de la jornada a las 35 horas. La falta de Presupuestos también impide fijar la tasa de reposición de los funcionarios ni convocar la Oferta de Empleo Público que tiene paralizadas las oposiciones en las comunidades autónomas, aunque algunas han anunciado que convocarán los exámenes para cubrir las plazas. Habrá que ver si esta estrategia de presión hace cambiar la postura de algún partido, especialmente del PSOE que gobierna en varias regiones.
Sentencia europea
En cualquier caso, la situación de los interinos es especialmente delicada. De hecho, llevan varios meses bajo los focos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el pasado septiembre en la que equiparaba la indemnización de un interino con la de un empleado indefinido. Sin embargo, desde Hacienda desligaron el plan que estudian ahora de esta circunstancia y aseguran que obedece a dotar de más estabilidad laboral a este colectivo.
Desde la sentencia los sindicatos y parte de la oposición han exigido que se reconozcan los derechos de los interinos, lo que supondría un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Para ello se creó una comisión de expertos designados por el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Sin embargo, en sus conclusiones no logró ponerse de acuerdo en la cuantía de las indemnizaciones al quedar divididos entre quienes entendían que deberían ser 20 días por año trabajado –como marca el despido por causas objetivas– y aquellos que la limitan a los 12 días de los contratos temporales.
En cualquier caso, las centrales urgen al Gobierno a paliar esta discriminación y denuncian que en algunos casos hay trabajadores que llevan 19 años como temporales. Además, resaltan que esa consolidación no implicaría un aumento del gasto público porque no supondría crear empleo nuevo, sino cambiar las condiciones del ya existente.

FORMACIÓN LOCAL 2017


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Centenares de personas reclaman las 35 horas semanales en Hacienda

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13 de Febrero de 2017
































La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha participado en una concentración frente al Ministerio de Hacienda para reclamar el derecho de las organizaciones sindicales a negociar con las Administraciones la jornada laboral de 35 horas semanales.
Hoy nos encontramos con que el Gobierno impide el derecho legítimo de los sindicatos a mejorar las condiciones en la jornada laboral, por la vía del decreto. Por eso exigimos que derogue esta prohibición y permita a los trabajadores y trabajadoras del conjunto del Estado a negociar las 35 horas.Es una medida justa que además genera puestos de trabajo, de calidad y cualificados, y que redundará en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos: la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales


Esta concentración –que da continuidad a la acción sindical de CSIF en Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura o Castilla y León-- se produce después de que la Justicia suspendiera la jornada de 35 horas en el Ayuntamiento de Madrid. Las organizaciones sindicales hemos recurrido este auto del TSJM.




Miguel Borra se reúne con el presidente Canario para promover mejoras para los empleados públicos




07 de Febrero de 2017





                                                                                                               El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, continuó con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, la ronda de contactos autonómicos que está llevando a cabo el sindicato para hacer valer nuestras reivindicaciones en el ámbito de la comunidad autónoma y de cara a una futura Mesa General de las Administraciones Públicas:

- Revisión salarial y un acuerdo para la recuperación del poder adquisitivo previo a 2010.
- Amplia oferta de empleo público sin tasa de reposición.
- Reducción de la interinidad.
- 35 horas semanales.


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Miguel Borra se entrevista con el presidente de La Rioja para promover las 35 horas, reforzar las plantillas y mejorar las retribuciones



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CSIF continúa sus contactos con los presidentes autonómicos
 para promover mejoras en las AA.PP, ante la ausencia de
 presupuestos
02 de Febrero de 2017

   La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, continuó hoy con el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, su ronda de contactos con responsables autonómicos para promover mejoras en las Administraciones Públicas, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
CSIF espera que el Ministerio de Hacienda responda con medidas concretas a las reivindicaciones de los empleados públicos, en la Mesa General de las Administraciones Públicas que previsiblemente se celebrará este mes, tras años de recortes y pérdida de poder adquisitivo. Para ello, busca el respaldo de los distintos gobiernos regionales, a través de esta ronda de contactos.
CSIF reclama un acuerdo político entre Gobierno y las diferentes fuerzas parlamentarias que permita avanzar en unos presupuestos y pide que no se utilice a los empleados públicos como moneda de cambio en una eventual negociación.
Las reivindicaciones de CSIF siguen encima de la mesa: 1º, una oferta de empleo público urgente sin tasa de reposición; 2º, aumentar la partida presupuestaria para la carrera y desarrollo profesional; 3º, la recuperación de los “canosos” para todos, sin tener que recurrir a tribunales; 4º eliminar los descuentos en la nómina por baja médica; 5º, la recuperación del concurso de méritos (eliminado en La Rioja desde 2008, y la jornada de 35 horas.


En el caso de las 35 horas, CSIF está intensificando su interlocución con el fin de forzar al Gobierno a derogar el decreto de recortes que impide a las comunidades autónomas negociar esta medida con los sindicatos. Así ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde ayer mismo fue anulada la jornada por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Castilla y León se suma a CSIF y reclama al Ejecutivo Central la jornada de 35 horas para la Función Pública




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CSIF reclama al Gobierno Central que escuche la petición de esta
CC.AA del PP y favorezca las 35 horas y una oferta de empleo
urgente sin tasa de reposición.

25 de Enero de 2017

El consejero de Presidencia de Castilla y León y los sindicatos representativos han remitido una carta, de manera conjunta, en la que reclaman al Gobierno que autorice a las comunidades autónomas la aplicación de la jornada de 35 horas semanales a sus empleados públicos, sumándose a las posiciones de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o País Vasco.
La Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora positiva esta iniciativa teniendo en cuenta además que procede de una autonomía gobernada por el Partido Popular y por tanto, del mismo signo político que el Gobierno de la nación que, a día de hoy, no favorece las 35 horas.
CSIF ha intensificado la interlocución a lo largo de las últimas semanas con presidentes autonómicos para elevar la presión sobre el Ejecutivo con el fin de que derogue el decreto de recortes que impide la aplicación de las 35 horas en la función pública. Este tema fue planteado en la reciente Conferencia de Presidentes y la Junta de Andalucía implantó esta jornada laboral a principios de mes.
El escrito, acordado y firmado con la Junta de Castilla y León, se hace eco de otras reivindicaciones de CSIF también a nivel nacional como el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, o que las sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.

La carta también alude a la necesidad de abordar la oferta de empleo público de este año. Así, se apunta la importancia que para Castilla y León tiene, debido a su amplia extensión territorial, la retirada de la tasa de reposición de las ofertas de empleo público, tal y como se solicitó en la conferencia de presidentes autonómicos del pasado 17 de enero; una tasa que limita la creación de empleo estable, muy especialmente en los servicios esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, según se indica en la carta que comparten sindicatos y el Gobierno regional.

Andalucía recupera hoy la jornada de 35 horas para los empleados públicos

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CSIF reclama a la Conferencia de Presidentes 

que abra la puerta a las 35 horas en todo 

el Estado y acuerde una amplia oferta pública

de empleo público


16 de Enero de 2017


La Junta de Andalucía restituye hoy la jornada laboral de 35 horas semanales, tal y como se había comprometido la presidenta de la comunidad autónoma, en virtud del acuerdo firmado el pasado mes de junio con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y otras organizaciones sindicales.

CSIF está intensificando la interlocución para que la Conferencia de Presidentes del próximo martes discuta la generalización de las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado, así como la eliminación de la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público.

El sindicato defiende las 35 horas como una medida de creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. CSIF espera que el Gobierno reconsidere su posición y favorezca una modificación de la Ley (el decreto de recortes de 2012) que permita la negociación de las 35 horas en toda España.

En lo que se refiere a la oferta de empleo público, CSIF recuerda que en la actualidad, las plantillas de las administraciones registran un déficit de 170.000 empleos, desde julio de 2011 (periodo en el que se tocó techo a nivel de empleo público y se empezaron a destruir puestos de trabajo en este ámbito).

Además, 119.174 personas en la Administración del Estado tienen más de 50 años y de estos más de 27.000 se encuentran ya a las puertas de la jubilación, con lo cual el problema de al falta de personal se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.

CSIF espera que por primera vez en años, las Administraciones Públicas superen el umbral de la tasa de reposición y adecuen sus plantillas a las necesidades reales, especialmente en sectores como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la Seguridad y las Emergencias.

Cerca de mil funcionarios trabajan durante las navidades en Valladolid

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El sindicato CSIF quiere "reconocer" la labor de los empleados públicos que no descansan, como policías, bomberos, profesionales sanitarios, prisiones o agentes medioambientales.
Alrededor de un millar de empleados públicos atenderán cada día durante las fechas navideñas los servicios públicos en la provincia de Valladolid para que el resto de ciudadanos puedan "disfrutar" de unas "buenas fiestas", con todos los servicios básicos operativos, como la seguridad, la asistencia social o la salud, según han indicado fuentes de CSIF.

La presidenta provincial de CSIF Valladolid, María José San Román, ha destacado que en fechas como estas es cuando hay que "valorar", de manera más "especial", el trabajo de los empleados públicos, que "garantizan" el funcionamiento y la "estabilidad" de nuestra sociedad.

Unos 25 bomberos, más de 20 policías locales, un centenar de operarios de limpieza, unos 90 trabajadores en servicios sociales y de fomento de la Junta, más de 340 profesionales sanitarios en los hospitales y centros de salud, son algunas de las cifras que "ponen cara" a los empleados públicos que trabajan en Navidades, a los que además se suman la Policía Nacional, la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones, los agentes medioambientales y otros cuerpos y servicios de las diferentes administraciones.

Un trabajo que se lleva a cabo desde el "compromiso" y el sentido de servicio a la sociedad, con todo el "cariño", y más en estas fechas tan "entrañables", en las que tantos ciudadanos "necesitan" la "ayuda" y el "apoyo" de la sociedad y de las instituciones, que se realiza a través de los empleados públicos, ha recalcado María José San Román.

Desde CSIF también han recordado que mientras los ciudadanos se sientan a la mesa para "disfrutar" de la cena de Nochebuena o Nochevieja con la familia, hay servicios públicos que trabajan como cualquier día del año o incluso se refuerzan.

La presidenta de CSIF Valaldolid ha enfatizado que "se ha orquestado una campaña de desprestigio contra los empleados públicos", pero quieren "reconocer" su labor en fechas como estas, cuando "todo cierra", los servicios públicos "están ahí".

"Los trabajadores del Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos (CAM), los de la residencia asistida de Valladolid o la de la mixta de Parquesol, los del Zambrana o José Montero están con su otra familia, son quienes les necesitan cada día del año", ha concluido San Román.

CSIF "confía" en que, después de tantos recortes por parte de las administraciones, el nuevo momento político y social permita la "recuperación" de los derechos "perdidos" de los empleados públicos, así como el incremento de plantillas, una cuestión "importante" para "garantizar" la calidad de los servicios, que es lo mismo que el "bienestar" de todos los ciudadanos.

‘CIUDADANOS Y PP ALCANZAN UN ACUERDO POLÍTICO Y ECONÓMICO PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID


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El acuerdo incluye un apartado político, que abarca un total de 15 puntos, y un apartado económico con 24 enmiendas que, junto a otras acciones de Ciudadanos ya aprobadas con anterioridad, superan el millón de euros
Tanto Jesús Julio Carnero como Pilar Vicente han destacado el buen clima en el que se han llevado a cabo las negociaciones



Los Grupos Provinciales Ciudadanos y Popular han suscrito hoy un Acuerdo Político y Económico para la Aprobación de los Presupuestos de 2017 en el Marco de la Estabilidad de la Diputación Provincial de Valladolid, que ha sido ratificado por el presidente del grupo provincial Popular, Jesús Julio Carnero, y la portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, Pilar Vicente.
El acuerdo incluye un apartado político, compuesto por 15 puntos divididos en tres apartados: regeneración, transparencia y cercanía a los ciudadanos; apoyo a nuestros municipios y lucha contra la despoblación; y dinamización económica y acción social.
Esta línea se sustancia en la publicidad de la agenda institucional de los diputados provinciales; la elaboración de un protocolo sobre criterios de uso de Vehículos Oficiales; la transparencia en las remuneraciones; la creación de un Teléfono de Atención de la Provincia; la devolución de las principales competencias correspondientes a la Junta de Castilla y León como son el Centro Asistencial Dr. Villacián, Residencia Cardenal Marcelo, Escuela Infantil Casa Cuna y Centro de Integración Juvenil; un plan racionalización Gastos Corrientes; la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo de Reforma del Reglamento Orgánico de la Diputación; impulso a la conexión entre el Plan de Transporte Provincial y el Transporte Metropolitano; el fortalecimiento del servicio de Asesoramiento a Municipios; la apertura de centros en épocas vacacionales; la mejora de la accesibilidad a Internet y TDT; el compromiso Municipal con la Ley de Transparencia; un plan de dinamización turístico- gastronómico de la provincia; el estudio e impulso de alternativas de vivienda para nuestros mayores y una reforma integral de SODEVA.
Por su parte, el apartado económico supone la aceptación de 24 enmiendas al Proyecto de Presupuestos presentado el pasado 7 de noviembre, que se unen a las cinco acciones vinculadas a Proposiciones de Ciudadanos aprobadas por el Pleno de la Corporación. Todas estas acciones suponen un montante total que supera el millón de euros entra las que destacan un nuevo convenio Funge con 144.000, euros; el plan de subvenciones a ayuntamientos para la  contratación de monitores juveniles con 120.000,00 euros; otros 120.000 para el Centro de Dimanización ‘Villa del Prado’ o el Plan reemisores TDT y telefonía con 100.000.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, tanto Jesús Julio Carnero como Pilar Vicente han destacado el buen clima en el que se han llevado a cabo las negociaciones.
En este sentido, el presidente del Grupo Provincial Popular, Jesús Julio Carnero ha destacado que “el acuerdo firmado hoy mejora, en primer lugar, el Proyecto de Presupuestos presentado por el Equipo de Gobierno, al tiempo que sigue avanzando en dotar de mayor participación y transparencia el trabajo que venimos realizando desde la Institución provincial”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, Pilar Vicente, ha resaltado que “la firma de un acuerdo político como este es la primera vez que se negocia en la Diputación de Valladolid. Nunca antes ningún grupo político lo había exigido para apoyar unos presupuestos provinciales”. Del mismo modo, “la sesión de control durante los Plenos que se va a hacer al Presidente ocurre por primera vez en España en una Diputación”.
Así mismo, Vicente ha señalado que “desde nuestro grupo, hemos hecho un planteamiento diferente, ambicioso, y que supone un progreso en la manera de hacer y también en la manera de gestionar de esta institución”.