CSIF no apoya la huelga general en Cataluña

El sindicato defiende el Estado de Derecho y lamenta los sucesos violentos del 1-O
03 de Octubre de 2017





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, lamenta las situación que se produjo ayer en las calles de Cataluña, con el enfrentamiento entre ciudadanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.








CSIF reitera su posicionamiento firme en defensa del Estado de Derecho, la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente y por tanto, no apoya la huelga general convocada mañana en Cataluña por parte de diferentes organizaciones sindicales. CSIF velará por la seguridad de los empleados públicos, a través de su asesoría jurídica, y nuestro protocolo frente a órdenes ilegales, especialmente en el caso de que se produzca una declaración unilateral de independencia.

El Gobierno eleva hasta un 7,75% la subida salarial de los funcionarios hasta 2020






Supone una mejora de medio punto respecto a la propuesta de ayer, pero que se daría a final de 2020 en caso de que se cumplieran los objetivos de déficit.


                                                        Miércoles, 20 septiembre 2017, 21:14                                                                                        Sin acuerdo. Así terminó la tercera reunión del Ministerio de Hacienda con los sindicatos para tratar de pactar la subida salarial para los casi tres millones de empleados públicos hasta final de legislatura. El Gobierno mejoró ligeramente la oferta planteada el día anterior: medio punto adicional a final de 2020 en caso de que se cumplieran los objetivos de déficit.De esta forma, la horquilla se elevaría hasta el 7,75% de incremento, en el mejor de los casos. Y tuvo otro 'gesto' más: rebajar una décima, de 0,5% a 0,4%, el porcentaje que tiene que superar la previsión de PIB para que se activara la retribución variable en el segundo tramo.Recordemos que en la reunión de la tarde-noche del pasado martes el Gobierno propuso subir el sueldo de los funcionarios un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020. Esto sería la parte segura. Y a partir de ahí podría incrementarse hasta dos puntos más dependiendo de la evolución de la economía.Con la nueva mejora, la activación de este variable quedaría así: si el Gobierno supera la previsión de crecimiento de la economía en más de cuatro décimas, los empleados públicos tendrían una subida adicional de 0,5% en 2018, que se elevaría a 0,75% en 2019 y 2020. Si la previsión del PIB se cumpliera o la mejora es inferior al 0,4%, habría un alza extra de 0,25% en 2018 y 0,5% en 2019 y en 2020.

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El Gobierno debe devolver el poder adquisitivo y las 35 horas si quiere un acuerdo con CSIF



El sindicato valora preparar movilizaciones si Hacienda no 
permite recuperar el poder adquisitivo
14 de Septiembre de 2017

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe devolver a los empleados públicos el poder adquisitivo que han perdido a lo largo de los últimos años (en torno al 20 por ciento) y la negociación de las 35 horas semanales, si quiere alcanzar un acuerdo con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que favorezca la tramitación de los presupuestos.
A falta de una semana para presentar el anteproyecto de Presupuestos, Hacienda aún no ha realizado una oferta en firme. No obstante, las previsiones económicas trasladadas nos sitúan lejos del acuerdo.
Si el Gobierno quiere un acuerdo debe hacer un esfuerzo similar al esfuerzo que se reclamó a los empleados públicos cuando comenzó la crisis económica.
CSIF es un sindicato con voluntad de negociación y va a trabajar hasta el último momento para lograr una oferta del Gobierno que permita avanzar en la recuperación del poder adquisitivo y por tanto alcanzar un acuerdo. En este acuerdo debe quedar reflejada con nitidez la voluntad del ejecutivo de devolver, de manera progresiva a varios años, el salario perdido durante la crisis y la devolución de las 35 horas.
CSIF empezará a valorar movilizaciones, en el caso de que Hacienda no sea sensible a las justas reivindicaciones de un colectivo que ha arrimado el hombro de manera ejemplar para favorecer la recuperación y garantizar la prestación de servicios en los momentos más duros de la crisis.

Sanitarios, docentes, trabajadores de la Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los Servicios de Empleo, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Prisiones, Administración General del Estado, servicios de emergencias, bomberos, el personal de nuestros ayuntamientos, empresas públicas… se merecen un esfuerzo.

Segundo libro para la oposición



                         IMPORTANTE

                                      
Los que estáis afiliados en Diputación tenéis que ir:
                                      CSI-F Diputación de Valladolid
                                                Avda/ Ramón y Cajal , 5
                                     Tlfs: 983 42 72 73 y 983 42 73 29
Los que estáis afiliados en la Unión Provincial tenéis que ir:     
                             CSI-F Unión Provincial Valladolid
                                                          C/ La Luna, 3
                                     Tlfs: 983 379 877 y 983 378 988


                                                 

Los funcionarios piden una subida salarial del 20% en tres años y la semana laboral de 35 horas


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Montoro acepta un pacto de subida plurianual en función del

crecimiento económico.




El ministro de Economía, Luis de Guindos, el ministro portavoz y de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. JAVIER BARBANCHO

La salida oficial de la crisis económica ha empujado a los sindicatos de los funcionarios a reclamar una contundente subida de sueldo en esta legislatura. El vicepresidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Francisco Iglesias, reclamó el pasado jueves al propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una subida progresiva del sueldo en esta legislatura de hasta el 20% y la jornada laboral de 35 horas.
El CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, defiende "la necesidad de alcanzar un pacto de legislatura para recuperar de manera progresiva el poder adquisitivo perdido durante la crisis, que el sindicato cifra en torno al 20%", asegura. El planteamiento inicial, que hay que considerar de máximos, es recuperar ese 20% en 2018, 2019 y 2020, lo que implica un incremento anual superior al 6%, frente al 1% aprobado para 2017.
Este incremento es considerado inasumible por el Gobierno por incompatible con la necesidad de ajuste presupuestario y por no dar una señal de inmoderación salarial al sector privado, pero el Ejecutivo sí acepta subir a partir de 2018 por encima del 1% actual.
Además, "para el sindicato es fundamental la semana de 35 horas", agrega un portavoz, que recuerda que hay ya acuerdos para recuperar este horario laboral en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos y que el Ministerio debe, en su opinión, favorecer.
Montoro, por su parte, planteó a los representantes sindicales en la reunión que acepta negociar una subida plurianual de los sueldos de los funcionarios que esté vinculada al crecimiento de la economía. "No supone que si el PIB crece un 2,5%,los salarios de los funcionarios subirían también automáticamente un 2,5%; lo que el Gobierno quiere es tener en cuenta el crecimiento del PIB, de los precios del petróleo y una serie de indicadores económicos que no sean la inflación", explican fuentes sindicales.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda se remitieron a próximas reuniones para concretar la propuesta que pondrá sobre la mesa y calificaron el encuentro de Montoro del pasado jueves como "una primera reunión".
El CSIF planteó al ministro que Zapatero rebajó el sueldo a los empleados públicos un 5% sólo en 2010 y que no sólo es justo que recuperen todo lo perdido en la crisis sino que el acuerdo debe implicar que nunca más pierdan poder adquisitivo. Ante la perspectiva de que Rajoy no agote la legislatura, Gobierno y sindicatos tienen interés en dejar amarrado no obstante un pacto salarial hasta 2020.
UGT coincide con el CSIF, según informa Europa Press, en que las subidas salariales deben seguir vinculadas al crecimiento de la inflación, lo cual rechaza el Gobierno tras su ley de desindexación de la economía.
Montoro trasladó a los sindicatos que el Gobierno quiere un acuerdo con los empleados públicos antes de la presentación el día 22 del anteproyecto de Presupuestos del Estado de 2018. Los sindicatos esperan una reunión esta semana con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, que concrete su oferta plurianual de incremento salarial.
Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, omitió la cuestión de los salarios en su intervención ante la junta directiva de la patronal madrileña CEIM, pero sí resaltó que se está a punto de cumplir el pronóstico gubernamental de creación de medio millón de empleos este año. "En los últimos 12 meses se han creado 610.000 empleos y entre enero y agosto, 460.000, muy cerca del objetivo de medio millón para el conjunto de 2017", dijo.
El presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE, Juan Pablo Lázaro, aseguró que España no tiene un problema de salarios y aceptó que deben subir, pero centró el problema en los costes laborales, por lo que reclamó una bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social. Lázaro recordó con nostalgia la "valiente" reforma laboral de 2012 y pidió a Báñez que recupere aquella senda reformista.

CSIF edita un folleto en Cataluña para que los funcionarios eviten las órdenes sobre el Referéndum: “¿Cómo actuar ante una orden ilegal?”

El sindicato recibe consultas de empleados en Ayuntamientos y directores de Colegios públicos
12 de Julio de 2017



























La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha editado un folleto dirigido al colectivo de empleados públicos en Cataluña en el que, de manera clara y sencilla, se ofrecen consejos para evitar las órdenes derivadas del referéndum.
El folleto se ha empezado a difundir en el marco de una campaña de protección y asesoría legal a los empleados públicos que se intensificará el próximo mes de septiembre con charlas en centros de trabajo.
El folleto, titulado “¿cómo actuar ante una orden ilegal?” informa sobre el protocolo diseñado por CSIF para proteger a los empleados públicos con un modelo de preguntas- respuestas para resolver las dudas que está generando este proceso entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración.
“¿Cómo actuar ante una orden ilegal?; ¿Cómo identifico una orden manifiestamente ilegal?, ¿qué hago entonces?; ¿y si pese a ello (las cautelas planteadas por CSIF) mi jefe insiste en que la cumpla”, son las cuestiones a las que pretende dar respuesta nuestro sindicato.
De esta manera, el folleto pretende responder a dudas como las que está recibiendo estos días el sindicato, procedentes de funcionarios de ayuntamientos responsables del censo y directores de colegios públicos.


CSIF rechaza el desafío jurídico del Parlament y aplaude la firmeza de los funcionarios en favor de la legalidad




URGENTE


 

Estimados compañeros:
En relación a la votación del Parlamento de Cataluña en la que CSIF rechaza el desafío jurídico del Parlamento catalán y aplaude la firmeza de los funcionarios en favor de la legalidad.

Un saludo.
Miguel Borra Izquierdo
Presidente Nacional de CSIF







El sindicato prepara una reunión con los Mossos y una campaña informativa en colegios y centros de la Administración frente a órdenes ilegales


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, lamenta el desafío jurídico planteado en el Parlament de Cataluña con la convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre.
CSIF –que esta tarde mantendrá una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro—siempre ha defendido la adhesión de los empleados públicos frente a la legalidad vigente. En este sentido, aplaude la posición de los funcionarios y letrados de la cámara catalana, que ayer se negaron a publicar la Ley del Referéndum y advirtieron de su ilegalidad.
En el marco de su responsabilidad, CSIF intensificará a lo largo de este mes una campaña informativa en centros educativos y de la Administración frente a órdenes ilegales. El sindicato ha editado un folleto dirigido al colectivo de empleados públicos en el que, de manera clara y sencilla, se ofrecen consejos para evitar las órdenes derivadas del referéndum. (Pincha en folleto para verlo)
El folleto, titulado “¿cómo actuar ante una orden ilegal?” informa sobre el protocolo diseñado por CSIF para proteger a los empleados públicos con un modelo de preguntas- respuestas para resolver las dudas que está generando este proceso entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración.
“¿Cómo actuar ante una orden ilegal?; ¿Cómo identifico una orden manifiestamente ilegal?, ¿qué hago entonces?; ¿y si pese a ello (las cautelas planteadas por CSIF) mi jefe insiste en que la cumpla”, son las cuestiones a las que pretende dar respuesta nuestro sindicato.
Además, el sindicato mantendrá estos días una reunión con organizaciones profesionales de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, y para coordinar una respuesta frente a las órdenes ilegales derivadas del referéndum y del proceso independentista
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Desestimado el recurso contra el proceso de las oposiciones a bomberos de la Diputación de Valladolid


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Se da así validez a la celebración del proceso selectivo realizado por esta Institución

EL NORTE VALLADOLID
El Juzgado nº 4 de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid ha desestimado el recurso presentado por varios aspirantes a las plazas de conductor-bombero de la Diputación Provincial con lo que se da validez a la celebración del proceso selectivo realizado por esta Institución.
Según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, tal como apuntó la defensa de la Institución provincial, el juez ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal de las actuaciones realizadas por si algunos recurrentes u otros participantes en el proceso selectivo hubieran cometido alguna infracción de carácter penal.
Además los Servicios Jurídicos de la Diputación de Valladolid analizan la posibilidad de incoar expediente a fin de determinar la existencia de responsabilidades de los funcionarios del Servicio de Extinción de Incendios que han participado en el proceso selectivo.

El Gobierno rectifica y levanta el veto a la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios

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El Gobierno se ha comprometido a «revisar, sector a sector», para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. «Se va a revisar su posible aplicación de cara a los Presupuestos de 2018», explicó ayer el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El propio Montoro también le aseguró al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que su intención es «hacer todo lo posible por evitar la conflictividad». Esta afirmación se produce después de que el pasado viernes, el Gobierno presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto por el que el Ejecutivo de Andalucía redujo, de manera unilateral, la jornada de los funcionarios.
Una medida de este tipo sólo la puede aplicar el Gobierno Central y, por ello, fuentes de Función Pública precisan que el Ejecutivo estaba obligado a recurrir una decisión que contraviene la legislación actualmente en vigor. Algo similar sucedió con Castilla-La Mancha y País Vasco, que tomaron la misma decisión de reducción de la jornada laboral y fue tumbada por el TC. «Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, y la ley dice que la jornada de los funcionarios es de 37,5 horas», apuntó Bermúdez de Castro.
Sin embargo, esto no impide, señalan desde Función Pública, que efectivamente se inicie en 2018 una reducción de la jornada en determinados ámbitos. De hecho, Bermúdez de Castro confirmó la voluntad del Gobierno de analizar «a futuro» los distintos sectores; el plazo que se dio es breve puesto que enmarcó la revisión en el ámbito de tramitación del proyecto de Cuentas del Estado para 2018 que deberán remitirse al Congreso de los Diputados a finales del mes de septiembre.
«El ministro ha planteado la posibilidad de ir viendo sectores específicos que necesiten, en función de su particularidad, un ajuste de la jornada», explicó por su parte el consejero andaluz de Presidencia.
De esta manera, el Gobierno cede a la presión de las Comunidades Autónomas ya que, además de las ya mencionadas País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía, también Castilla y León ha mostrado su deseo de que la jornada se reduzca a las 35 horas. De hecho, el Gobierno popular de Juan Vicente Herrera envió una carta al Ejecutivo central a principios del presente año en la que solicitó que, «a la mayor brevedad posible», se hagan las «modificaciones normativas necesarias» para «la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León».
La actitud flexible y dispuesta al diálogo que pretende demostrar el Gobierno en este terreno no es ajena al intento de conseguir apoyos , incluso dentro del propio PSOE, para sacar adelante los próximos Presupuestos.

Impacto de hasta 1.200 millones

En términos económicos, una rebaja de la jornada laboral en el conjunto del sector público tendría un impacto de hasta 1.200 millones de euros, según las cifras que en abril ya ofreció la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.
Sin embargo, el anterior responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cifró en 2.500 millones el ahorro que obtuvieron las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos cuando se implantó la medida en 2012. Fue una de las actuaciones con las que, desde la Administración Pública, se trató de hacer frente a la crisis y junto a su anunció Beteta también señaló a los funcionarios que debían olvidarse «del cafelito y de leer el periódico» y ser más productivos.

La justicia reconoce por primera vez en España el derecho a indemnización a un funcionario interino, tras su cese.


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La sentencia reconoce 20 días por año trabajado a un profesor,
cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones
objetivas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo
 en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha conseguido una sentencia que reconoce, por primera vez en España, el derecho a indemnización a un funcionario interino tras su cese.



La sentencia pionera proviene del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la Coruña
 y reconoce el derecho de un docente, F.L.R, a percibir una indemnización por el periodo en el 
que estuvo cubriendo una sustitución. La sentencia –contra la que sólo cabe recurso ante el 
Tribunal Supremo-- le reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado, similar
 a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas 
o de producción.
Esta sentencia abre la puerta a miles de reclamaciones, por ejemplo, de profesores interinos 
que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo 
del curso escolar. Solamente en el mes de junio, fueron cesados 51.487 personas, la cifra más 
alta de los últimos nueve años.
Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral 
de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien 
aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones
 de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones 
o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia
 o la Sanidad). Se calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.
El juez entiende que el funcionario interino tiene el mismo derecho que los empleados temporales 
en régimen laboral de la Administración Pública, como sucedió en la sentencia del 
auxiliar administrativo Diego Porras, que motivó la llamada de atención del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

CSIF valora de manera positiva esta sentencia ganada por sus servicios jurídicos, que 
pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización 
del empleo público en el conjunto de las comunidades autónomas, dado que podría producirse 
un aluvión de reclamaciones y la saturación de los juzgados.

Calendario Escolar 2017- 2018







CURSOS CSIF




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JORNADA: “VIOLENCIA DE GÉNERO, TORTURA EN LA INTIMIDAD”

JORNADA: “VIOLENCIA DE GÉNERO, TORTURA EN LA INTIMIDAD”

El objetivo de esta jornada es informar y concienciar a la sociedad sobre este problema, queremos recordar a todas las mujeres que sufren o han sufrido este tipo de violencia y por ello comenzaremos la jornada con un homenaje / reconocimiento a todas ellas, así como a asociaciones y agrupaciones que trabajan día a día para ayudar a estas mujeres.
La Secretaría de Igualdad Autonómica de CSI·F, junto con el sindicato de policías CEP, presentan esta jornada sobre la violencia de género que tendrá lugar el jueves 25 de mayo (de 9 a 14:00), en el salón de actos de la Consejería de Hacienda, en Valladolid. Estará dividida en tres secciones en las que los ponentes trataran el tema desde el punto de vista Policial, Judicial y Social.






Todas aquellas personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo enviando un email a: igualdad73@csi-f.es indicando:
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