Los empleados públicos se concentran este martes ante la Subdelegación

20 de Marzo de 2017

Los sindicatos CSIF, UGT (FESP) y CC.OO. (Área Pública) se concentran este martes 21 ante la Subdelegación del Gobierno de Valladolid, a las 11:00 horas, iniciándose así las movilizaciones conjuntas que han acordado las tres organizaciones sindicales para las próximas semanas, a fin de exigir al Gobierno que haga las modificaciones normativas necesarias que permitan a las administraciones aplicar la jornada de 35 horas a sus empleados públicos (y su adaptación a la situación específica del ámbito docente).
Una posibilidad que ahora está paralizada y bloqueada, a pesar de que algunos gobiernos regionales, como Castilla y León, han expresado ya su voluntad de recuperar las 35 horas. CSIF recuerda que la jornada de las 35 horas la ofreció el propio Gobierno en su día, porque prefirió esta medida a subir salarios.
Asimismo, los sindicatos instan al Congreso y al Gobierno a que aprueben, cuanto antes, unos Presupuestos Generales para 2017 que posibiliten una oferta de empleo público extraordinaria, con la eliminación de la tasa de reposición, que suponga el inicio de la recuperación de los empleados públicos perdidos desde el inicio de la crisis, en el año 2010.
En el caso de Castilla y León, son unos 15.300 los empleos públicos que las administraciones han reducido. La aplicación de las 35 horas podría generar unos 4.000 puestos en la Comunidad, de manera casi inmediata. Los sindicatos convocantes remarcan la importancia de que la tasa de interinidad de los empleados públicos, que ahora está disparada hasta el 30% en algunos sectores, baje hasta el 8%.
“Este año tenemos una oferta de empleo público nula en Educación, por lo que no se convocan oposiciones en 2017. Igualmente, en otros sectores hay una oferta claramente insuficiente”, lamenta CSIF. “Además, se están manteniendo unas tasas de reposición que son especialmente bajas en la Administración General de la Junta de Castilla y León, en torno al 10% y menores. Pero incluso llegando al 100% en sectores como Sanidad y Educación, no se compensan las amortizaciones y reducciones de años anteriores”, insiste CSIF.
En Valladolid, esto supone un aumento general de la interinidad en todos los sectores, que en el caso de Educación está en torno al 20%, siendo mayor en algún centro concreto. En el caso particular de Sanidad, hay gran dificultad añadida para sustituir personal en Atención Primaria, y muy especialmente a médicos de familia.
Esta situación de interinidad tiene una incidencia directa en la inestabilidad de las plantillas y la precariedad laboral, y dificulta llevar a cabo planes de mejora y de formación, recalca CSIF.
Otra consecuencia de la falta de oferta de empleo es la progresiva reducción de las plantillas de los empleados públicos en Valladolid. “Hemos tenido en la Administración General de la Junta una pérdida de cerca de 500 trabajadores, en los últimos cuatro años (2012-2016), señala CSIF. En Educación, la reducción ha sido de unos 250 trabajadores en el periodo 2010-2014; y en Sanidad se ha producido una elevada amortización de jubilaciones, con una diseminación de plantilla más acusada en Atención Primaria.
El envejecimiento de las plantillas es otro de los problemas serios de las administraciones, según CSIF. En la Junta, la mayoría de sus empleados están por encima de los 50 años; y hay más porcentaje de trabajadores que tienen más de 60 años, que los que tienen menos de 30.

Los sindicatos también exigen otras reivindicaciones, como el pago del 100% del salario durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público, o que las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año. Igualmente, es necesario recuperar el nivel adquisitivo perdido desde el año 2010, tanto en las retribuciones mensuales como en las pagas extraordinarias, a través de un acuerdo de subidas salariales, recalca CSIF.

8M día internacional de la mujer




El Gobierno prepara un plan para hacer fijos a los empleados públicos interinos

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Vincula la medida, que afectaría a parte de los 400.000 temporales de la Administración, a la aprobación de los Presupuestos de 2017

MADRID. El Gobierno quiere poner en marcha un plan para convertir a los empleados públicos interinos en fijos. La medida, que sería negociada con los sindicatos y las comunidades autónomas, se realizaría de forma gradual y afectaría a parte de los 395.000 trabajadores de la administración que se encuentran en esta situación. Fuentes de Hacienda aseguran que el proyecto todavía está en sus primeras fases de desarrollo y, por tanto, no se ha concretado a qué sectores de la administración iría dirigido de forma mayoritaria (la temporalidad más alta está en sanidad y educación), ni qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para poder acogerse al mismo. Eso sí, Hacienda vincula la viabilidad de este proyecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Es decir, el plan es también una nueva arma de presión para que la oposición respalde las cuentas públicas que el Ejecutivo tiene previsto presentar a finales de este mes o principios de abril.
JAVIER LIZÓN -EFEEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El enfoque del plan fue desvelada parcialmente ayer por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros al asegurar que la «voluntad del Gobierno es reducir el número de interinos» según las necesidades de plantilla de cada comunidad. Fuentes de Hacienda aclararon que el objetivo no es recortar el número de empleados públicos, sino «limitar la temporalidad» de este colectivo concreto al convertirlos en indefinidos. También matizaron que eso no significa acabar con este tipo de personal. De hecho, en caso de llevarse a práctica seguirán existiendo interinos, pero en menor número.
Aunque todavía no están definidos los sectores a los que la medida afectará de forma preferencial, una gran parte del personal sanitario y educativo se encuentra entre los interinos más numerosos y, previsiblemente, entre los que más se beneficiarían. De hecho, según datos del sindicato CSIF hay unos 50.000 profesores interinos que cada verano al finalizar el curso son despedidos y, con suerte, contratados en septiembre. Asimismo, según los sindicatos la interinidad podría alcanzar el 30% del personal sanitario. Las tasas también son altas para otros ámbitos como el de la justicia.

Sin embargo, desde Hacienda insistieron en que todo está condicionado a la aprobación de los Presupuestos. Sólo a partir de entonces se abrirían varias mesas de negociación con los sindicatos para abordar los detalles de este plan.
De esta forma, Montoro vuelve a condicionar una medida que afecta a los empleados públicos al visto bueno en el Congreso a las cuentas del Estado. Algo que también sucede con la revalorización del sueldo de los funcionarios – la intención anunciada por el PP durante la campaña electoral era subir un 1% la retribución– o la reducción de la jornada a las 35 horas. La falta de Presupuestos también impide fijar la tasa de reposición de los funcionarios ni convocar la Oferta de Empleo Público que tiene paralizadas las oposiciones en las comunidades autónomas, aunque algunas han anunciado que convocarán los exámenes para cubrir las plazas. Habrá que ver si esta estrategia de presión hace cambiar la postura de algún partido, especialmente del PSOE que gobierna en varias regiones.
Sentencia europea
En cualquier caso, la situación de los interinos es especialmente delicada. De hecho, llevan varios meses bajo los focos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el pasado septiembre en la que equiparaba la indemnización de un interino con la de un empleado indefinido. Sin embargo, desde Hacienda desligaron el plan que estudian ahora de esta circunstancia y aseguran que obedece a dotar de más estabilidad laboral a este colectivo.
Desde la sentencia los sindicatos y parte de la oposición han exigido que se reconozcan los derechos de los interinos, lo que supondría un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Para ello se creó una comisión de expertos designados por el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Sin embargo, en sus conclusiones no logró ponerse de acuerdo en la cuantía de las indemnizaciones al quedar divididos entre quienes entendían que deberían ser 20 días por año trabajado –como marca el despido por causas objetivas– y aquellos que la limitan a los 12 días de los contratos temporales.
En cualquier caso, las centrales urgen al Gobierno a paliar esta discriminación y denuncian que en algunos casos hay trabajadores que llevan 19 años como temporales. Además, resaltan que esa consolidación no implicaría un aumento del gasto público porque no supondría crear empleo nuevo, sino cambiar las condiciones del ya existente.

FORMACIÓN LOCAL 2017


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Centenares de personas reclaman las 35 horas semanales en Hacienda

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13 de Febrero de 2017
































La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha participado en una concentración frente al Ministerio de Hacienda para reclamar el derecho de las organizaciones sindicales a negociar con las Administraciones la jornada laboral de 35 horas semanales.
Hoy nos encontramos con que el Gobierno impide el derecho legítimo de los sindicatos a mejorar las condiciones en la jornada laboral, por la vía del decreto. Por eso exigimos que derogue esta prohibición y permita a los trabajadores y trabajadoras del conjunto del Estado a negociar las 35 horas.Es una medida justa que además genera puestos de trabajo, de calidad y cualificados, y que redundará en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos: la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales


Esta concentración –que da continuidad a la acción sindical de CSIF en Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura o Castilla y León-- se produce después de que la Justicia suspendiera la jornada de 35 horas en el Ayuntamiento de Madrid. Las organizaciones sindicales hemos recurrido este auto del TSJM.




Miguel Borra se reúne con el presidente Canario para promover mejoras para los empleados públicos




07 de Febrero de 2017





                                                                                                               El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, continuó con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, la ronda de contactos autonómicos que está llevando a cabo el sindicato para hacer valer nuestras reivindicaciones en el ámbito de la comunidad autónoma y de cara a una futura Mesa General de las Administraciones Públicas:

- Revisión salarial y un acuerdo para la recuperación del poder adquisitivo previo a 2010.
- Amplia oferta de empleo público sin tasa de reposición.
- Reducción de la interinidad.
- 35 horas semanales.


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Miguel Borra se entrevista con el presidente de La Rioja para promover las 35 horas, reforzar las plantillas y mejorar las retribuciones



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CSIF continúa sus contactos con los presidentes autonómicos
 para promover mejoras en las AA.PP, ante la ausencia de
 presupuestos
02 de Febrero de 2017

   La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, continuó hoy con el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, su ronda de contactos con responsables autonómicos para promover mejoras en las Administraciones Públicas, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
CSIF espera que el Ministerio de Hacienda responda con medidas concretas a las reivindicaciones de los empleados públicos, en la Mesa General de las Administraciones Públicas que previsiblemente se celebrará este mes, tras años de recortes y pérdida de poder adquisitivo. Para ello, busca el respaldo de los distintos gobiernos regionales, a través de esta ronda de contactos.
CSIF reclama un acuerdo político entre Gobierno y las diferentes fuerzas parlamentarias que permita avanzar en unos presupuestos y pide que no se utilice a los empleados públicos como moneda de cambio en una eventual negociación.
Las reivindicaciones de CSIF siguen encima de la mesa: 1º, una oferta de empleo público urgente sin tasa de reposición; 2º, aumentar la partida presupuestaria para la carrera y desarrollo profesional; 3º, la recuperación de los “canosos” para todos, sin tener que recurrir a tribunales; 4º eliminar los descuentos en la nómina por baja médica; 5º, la recuperación del concurso de méritos (eliminado en La Rioja desde 2008, y la jornada de 35 horas.


En el caso de las 35 horas, CSIF está intensificando su interlocución con el fin de forzar al Gobierno a derogar el decreto de recortes que impide a las comunidades autónomas negociar esta medida con los sindicatos. Así ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde ayer mismo fue anulada la jornada por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Castilla y León se suma a CSIF y reclama al Ejecutivo Central la jornada de 35 horas para la Función Pública




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CSIF reclama al Gobierno Central que escuche la petición de esta
CC.AA del PP y favorezca las 35 horas y una oferta de empleo
urgente sin tasa de reposición.

25 de Enero de 2017

El consejero de Presidencia de Castilla y León y los sindicatos representativos han remitido una carta, de manera conjunta, en la que reclaman al Gobierno que autorice a las comunidades autónomas la aplicación de la jornada de 35 horas semanales a sus empleados públicos, sumándose a las posiciones de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o País Vasco.
La Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora positiva esta iniciativa teniendo en cuenta además que procede de una autonomía gobernada por el Partido Popular y por tanto, del mismo signo político que el Gobierno de la nación que, a día de hoy, no favorece las 35 horas.
CSIF ha intensificado la interlocución a lo largo de las últimas semanas con presidentes autonómicos para elevar la presión sobre el Ejecutivo con el fin de que derogue el decreto de recortes que impide la aplicación de las 35 horas en la función pública. Este tema fue planteado en la reciente Conferencia de Presidentes y la Junta de Andalucía implantó esta jornada laboral a principios de mes.
El escrito, acordado y firmado con la Junta de Castilla y León, se hace eco de otras reivindicaciones de CSIF también a nivel nacional como el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, o que las sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.

La carta también alude a la necesidad de abordar la oferta de empleo público de este año. Así, se apunta la importancia que para Castilla y León tiene, debido a su amplia extensión territorial, la retirada de la tasa de reposición de las ofertas de empleo público, tal y como se solicitó en la conferencia de presidentes autonómicos del pasado 17 de enero; una tasa que limita la creación de empleo estable, muy especialmente en los servicios esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, según se indica en la carta que comparten sindicatos y el Gobierno regional.

Andalucía recupera hoy la jornada de 35 horas para los empleados públicos

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CSIF reclama a la Conferencia de Presidentes 

que abra la puerta a las 35 horas en todo 

el Estado y acuerde una amplia oferta pública

de empleo público


16 de Enero de 2017


La Junta de Andalucía restituye hoy la jornada laboral de 35 horas semanales, tal y como se había comprometido la presidenta de la comunidad autónoma, en virtud del acuerdo firmado el pasado mes de junio con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y otras organizaciones sindicales.

CSIF está intensificando la interlocución para que la Conferencia de Presidentes del próximo martes discuta la generalización de las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado, así como la eliminación de la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público.

El sindicato defiende las 35 horas como una medida de creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. CSIF espera que el Gobierno reconsidere su posición y favorezca una modificación de la Ley (el decreto de recortes de 2012) que permita la negociación de las 35 horas en toda España.

En lo que se refiere a la oferta de empleo público, CSIF recuerda que en la actualidad, las plantillas de las administraciones registran un déficit de 170.000 empleos, desde julio de 2011 (periodo en el que se tocó techo a nivel de empleo público y se empezaron a destruir puestos de trabajo en este ámbito).

Además, 119.174 personas en la Administración del Estado tienen más de 50 años y de estos más de 27.000 se encuentran ya a las puertas de la jubilación, con lo cual el problema de al falta de personal se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.

CSIF espera que por primera vez en años, las Administraciones Públicas superen el umbral de la tasa de reposición y adecuen sus plantillas a las necesidades reales, especialmente en sectores como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la Seguridad y las Emergencias.

Cerca de mil funcionarios trabajan durante las navidades en Valladolid

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El sindicato CSIF quiere "reconocer" la labor de los empleados públicos que no descansan, como policías, bomberos, profesionales sanitarios, prisiones o agentes medioambientales.
Alrededor de un millar de empleados públicos atenderán cada día durante las fechas navideñas los servicios públicos en la provincia de Valladolid para que el resto de ciudadanos puedan "disfrutar" de unas "buenas fiestas", con todos los servicios básicos operativos, como la seguridad, la asistencia social o la salud, según han indicado fuentes de CSIF.

La presidenta provincial de CSIF Valladolid, María José San Román, ha destacado que en fechas como estas es cuando hay que "valorar", de manera más "especial", el trabajo de los empleados públicos, que "garantizan" el funcionamiento y la "estabilidad" de nuestra sociedad.

Unos 25 bomberos, más de 20 policías locales, un centenar de operarios de limpieza, unos 90 trabajadores en servicios sociales y de fomento de la Junta, más de 340 profesionales sanitarios en los hospitales y centros de salud, son algunas de las cifras que "ponen cara" a los empleados públicos que trabajan en Navidades, a los que además se suman la Policía Nacional, la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones, los agentes medioambientales y otros cuerpos y servicios de las diferentes administraciones.

Un trabajo que se lleva a cabo desde el "compromiso" y el sentido de servicio a la sociedad, con todo el "cariño", y más en estas fechas tan "entrañables", en las que tantos ciudadanos "necesitan" la "ayuda" y el "apoyo" de la sociedad y de las instituciones, que se realiza a través de los empleados públicos, ha recalcado María José San Román.

Desde CSIF también han recordado que mientras los ciudadanos se sientan a la mesa para "disfrutar" de la cena de Nochebuena o Nochevieja con la familia, hay servicios públicos que trabajan como cualquier día del año o incluso se refuerzan.

La presidenta de CSIF Valaldolid ha enfatizado que "se ha orquestado una campaña de desprestigio contra los empleados públicos", pero quieren "reconocer" su labor en fechas como estas, cuando "todo cierra", los servicios públicos "están ahí".

"Los trabajadores del Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos (CAM), los de la residencia asistida de Valladolid o la de la mixta de Parquesol, los del Zambrana o José Montero están con su otra familia, son quienes les necesitan cada día del año", ha concluido San Román.

CSIF "confía" en que, después de tantos recortes por parte de las administraciones, el nuevo momento político y social permita la "recuperación" de los derechos "perdidos" de los empleados públicos, así como el incremento de plantillas, una cuestión "importante" para "garantizar" la calidad de los servicios, que es lo mismo que el "bienestar" de todos los ciudadanos.

‘CIUDADANOS Y PP ALCANZAN UN ACUERDO POLÍTICO Y ECONÓMICO PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID


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El acuerdo incluye un apartado político, que abarca un total de 15 puntos, y un apartado económico con 24 enmiendas que, junto a otras acciones de Ciudadanos ya aprobadas con anterioridad, superan el millón de euros
Tanto Jesús Julio Carnero como Pilar Vicente han destacado el buen clima en el que se han llevado a cabo las negociaciones



Los Grupos Provinciales Ciudadanos y Popular han suscrito hoy un Acuerdo Político y Económico para la Aprobación de los Presupuestos de 2017 en el Marco de la Estabilidad de la Diputación Provincial de Valladolid, que ha sido ratificado por el presidente del grupo provincial Popular, Jesús Julio Carnero, y la portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, Pilar Vicente.
El acuerdo incluye un apartado político, compuesto por 15 puntos divididos en tres apartados: regeneración, transparencia y cercanía a los ciudadanos; apoyo a nuestros municipios y lucha contra la despoblación; y dinamización económica y acción social.
Esta línea se sustancia en la publicidad de la agenda institucional de los diputados provinciales; la elaboración de un protocolo sobre criterios de uso de Vehículos Oficiales; la transparencia en las remuneraciones; la creación de un Teléfono de Atención de la Provincia; la devolución de las principales competencias correspondientes a la Junta de Castilla y León como son el Centro Asistencial Dr. Villacián, Residencia Cardenal Marcelo, Escuela Infantil Casa Cuna y Centro de Integración Juvenil; un plan racionalización Gastos Corrientes; la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo de Reforma del Reglamento Orgánico de la Diputación; impulso a la conexión entre el Plan de Transporte Provincial y el Transporte Metropolitano; el fortalecimiento del servicio de Asesoramiento a Municipios; la apertura de centros en épocas vacacionales; la mejora de la accesibilidad a Internet y TDT; el compromiso Municipal con la Ley de Transparencia; un plan de dinamización turístico- gastronómico de la provincia; el estudio e impulso de alternativas de vivienda para nuestros mayores y una reforma integral de SODEVA.
Por su parte, el apartado económico supone la aceptación de 24 enmiendas al Proyecto de Presupuestos presentado el pasado 7 de noviembre, que se unen a las cinco acciones vinculadas a Proposiciones de Ciudadanos aprobadas por el Pleno de la Corporación. Todas estas acciones suponen un montante total que supera el millón de euros entra las que destacan un nuevo convenio Funge con 144.000, euros; el plan de subvenciones a ayuntamientos para la  contratación de monitores juveniles con 120.000,00 euros; otros 120.000 para el Centro de Dimanización ‘Villa del Prado’ o el Plan reemisores TDT y telefonía con 100.000.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, tanto Jesús Julio Carnero como Pilar Vicente han destacado el buen clima en el que se han llevado a cabo las negociaciones.
En este sentido, el presidente del Grupo Provincial Popular, Jesús Julio Carnero ha destacado que “el acuerdo firmado hoy mejora, en primer lugar, el Proyecto de Presupuestos presentado por el Equipo de Gobierno, al tiempo que sigue avanzando en dotar de mayor participación y transparencia el trabajo que venimos realizando desde la Institución provincial”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, Pilar Vicente, ha resaltado que “la firma de un acuerdo político como este es la primera vez que se negocia en la Diputación de Valladolid. Nunca antes ningún grupo político lo había exigido para apoyar unos presupuestos provinciales”. Del mismo modo, “la sesión de control durante los Plenos que se va a hacer al Presidente ocurre por primera vez en España en una Diputación”.
Así mismo, Vicente ha señalado que “desde nuestro grupo, hemos hecho un planteamiento diferente, ambicioso, y que supone un progreso en la manera de hacer y también en la manera de gestionar de esta institución”.

El Ejecutivo garantiza a los sindicatos que volverá a subir el sueldo a los funcionarios y trabajadores públicos

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EL MUNDO 
Ya lo dijo el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el acto en el que traspasó a Soraya Saénz de Santamaría las funciones de negociación política con las Comunidades Autónomas: "España tiene una de las mejores Administraciones Públicas del mundo y es tiempo de dignificar la función pública". Y ayer, su recién elegida secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se reunió con los representantes sindicales de los funcionarios y empleados públicos para decirles que sí, que les van a compensar por el sacrificio de los últimos años. Por ello, y aunque la situación de las cuentas del Estado no es la mejor y se avecina un nuevo ajuste impositivo, ya trabajan en una revisión salarial, en la posibilidad de implantar de manera integral una jornada de 35 horas y en una Ley de Función Pública.
"Hemos tenido una reunión de más de una hora con la nueva secretaria de Estadoy nos ha transmitido la voluntad del Gobierno, del ministro Montoro y de ella misma de negociar y llegar a acuerdos. Además, el Ministerio quiere que mantengamos dentro de poco otro encuentro, pero en esta ocasión con el ministro", explica a EL MUNDO Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Los sindicatos, por su parte, le han recordado a Collado que "el recorte de 2010 sigue estando vigente". Estos recortes a los que el máximo dirigente de uno de los principales sindicatos del sector público se refiere son las reducciones salariales que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión la tomó el Ejecutivo del PSOE en uno de los peores momentos de la crisis económica, ysupuso una bajada de sueldos de un 5% que Rajoy y Montoro todavía no han compensado.

Por ello, los representantes de los trabajadores quieren que la compensación vaya más allá de un 1%. "Queremos que sea una subida vinculada a la legislatura y que permita recuperar de forma gradual la reducción del 5% del sueldo que se sufrió en 2010", explica Borra.

Jornada de 35 horas

Asimismo, en la reunión también se abordó la necesidad de imponer una jornada laboral de 35 horas. Esto es algo que el Parlamento de Andalucía ya ha aprobado para los trabajadores públicos de la región, y en la votación tanto el Partido Popular como Ciudadanos se abstuvieron. Con este precedente, parece factible que esta medida se implante también a nivel nacional.
El desarrollo de una Ley de Función Pública fue otro de los aspecto que se trató, así como la posibilidad de implantar un sistema de evaluación de los trabajadores públicos. Esta es una petición que se ha realizado en más de una ocasión desde los sindicatos, ya que así se podría medir realmente qué trabajadores realizan un buen desempeño y cuáles no. Sería, en su opinión, una forma de acabar con la mala fama y los prejuicios que existen sobre buena parte de los empleados de la Administración.
En todo este proceso negociador, considera CSIF, también juega a favor de los funcionarios la nueva distribución de carteras ministeriales. El hecho de que el Ministerio de Hacienda sea ahora también de Función Pública y siga en manos de Montoro, demuestra que el Gobierno de Rajoy quiere ahora potenciar y cuidar al sector público en una Legislatura en la que serán necesarios muchos pactos.

‘CSIFAyuda’. Un equipo de expertos atenderá los casos de mobbing, acoso sexual, violencia y adicciones en las administraciones públicas

CSIF ofrecerá apoyo jurídico, social y psicológico para cubrir el vacío asistencial de la Administración.










La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha puesto en marcha un proyecto de prevención laboral CSIFAyuda dirigido a atender los casos de mobbing, acoso sexual, situaciones de violencia y adicciones en el sector público.
A través de esta iniciativa, CSIF pretende cubrir el vacío asistencial que existe en la Administración ante este tipo de situaciones en colaboración con expertos de asociaciones con trayectoria en este ámbito como ANAMIB (Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo), PRIDICAM (Mobbing Madrid), o Proyecto Hombre, esta última para abordar casos de adicciones.
El proyecto CSIFAyuda ofrecerá apoyo jurídico, psicosocial y psicológico a través de la red de delegados sindicales con los que cuenta CSIF a nivel nacional en el conjunto de nuestras administraciones públicas y, de manera específica, a través de la web del sindicato www.csif.es y el mail csifayuda@csi-f.es. Asimismo se organizarán talleres de formación en los diferentes ámbitos, dirigidos a delegados sindicales y de prevención.
Una vez la persona contacta con CSIFayuda bien a través de la web o por correo a csifayuda@csi-f.es, se produce una respuesta automática por el sistema que alerta a las responsables de CSIFayuda, que se pondrán en contacto con el trabajador afectado ofreciéndole una ayuda más especializada en función de la problemática que corresponda.
En caso de que la persona requiera servicio jurídico y una vez asesorada, decidirá voluntariamente la posibilidad de interponer denuncia o no. En caso de que la decisión sea afirmativa, la asesoría correspondiente en cuanto a ámbito de competencias, iniciará procedimiento, con el consiguiente registro de casos.




CSIF aplaude la iniciativa del Congreso por un pacto de Estado contra la violencia de género

CSIF lleva años reclamando devolver esta cuestión al primer plano del debate político y la Administración debe estar en la vanguardia de este pacto.





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, celebró hoy la iniciativa aprobada hoy por el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a promover un pacto de Estado en materia de lucha contra la violencia de género.




                                CSIF considera vital que los diferentes partidos demuestren altura política y escenifique un pacto de Estado contra este problema. A lo largo de los últimos años, desde CSIF hemos reclamado la urgencia de devolver a la lucha contra la violencia de género al primer plano del debate social y político, tal y como ocurrió en el pasado, cuando se empezaron a promulgaron normativa y incrementar los recursos a todos los niveles.
En este sentido, reclamamos renovar el compromiso público por parte de los diferentes agentes sociales, políticos, líderes de opinión, medios, etc, y dar un nuevo impulso a este tipo de políticas.
Con motivo de la celebración del próximo 25 de Noviembre (Día Internacional contra esta lacra social), CSIF considera que las Administraciones Públicas deben de estar en la vanguardia para promover este pacto de Estado.

 El manifiesto de CSIF para este año plantea este decálogo:

1.- Recordemos a las víctimas por su nombre no por la cifra, NO SON CIFRAS, SON VIDAS.

2.- Empaticemos con las víctimas, PONTE EN SU PIEL.

3.- Extendamos el compromiso de CSIF y CEP en nuestro entorno laboral. ALIMENTA EL #COMPROMISO25N.

4.- Reclamemos al nuevo Gobierno un PACTO DE ESTADO Y SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA. DE GÉNERO.

5.- Hagamos una gran coalición, una gran unidad política, sindical y ciudadana, en todos los ámbitos: gobiernos, administración, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación… que eleve el este rechazo social a la categoría máxima,SUMAR NUESTRAS FUERZAS.

6.- Reclamemos que las políticas de igualdad y el valor de la mujer deben ser una pieza fundamental en las PRIORIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS de los diferentes gobiernos, INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTARIA.

7.- Exijamos que se incorporen medidas de sensibilización, detección y protección a las víctimas en el ámbito laboral mediante el desarrollo de los Planes de Igualdad, SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN.

8. Realicemos seguimiento de las víctimas, que nos permita evaluar los resultados de las medidas implantadas, sus derechos no pueden ser invisibilizados, PERDIDA DE RETRIBUCIONES, DIFICULTADES PARA CONCILIAR, PERDIDA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL.

9. Reclamemos PROTOCOLOS DE MOVILIDAD para empleadas públicas víctimas de violencia de género en el sector público y privado, que garanticen su seguridad y su adaptación a la vida normal y la reserva de un cupo de las plazas de la administración para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género y beneficios fiscales.0. Asignación suficiente de recursos humanos y materiales a las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, tanto en los equipos de investigación de delitos de violencia de género como en aquellos dedicados a la protección y acompañamiento de las víctimas. Resulta vital, en este sentido, reducir la ratio de mujeres protegidas por policía, que ahora supera las 47 mujeres por agente, según la media nacional.