CONOCE EL BURNOUT PARA QUE NO TE QUEME

 CSIF Valladolid organiza una webinar sobre el burnout laboral, también denominado síndrome del quemado o síndrome de estar quemado en el trabajo. Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Puede tener consecuencias muy graves, tanto en la esfera física como psicológica.

Esta acción formativa está dirigida principalmente al colectivo docente, sanitario y sociosanitario
05 de Abril de 2022
webinar burnout CSIF Valladolid

Contaremos para esta webinar con D. Rafael Martín Sanchez, psicólogo y enfermero de Emergencias.

Para inscribirse en esta acción formativa hay que enviar un correo electrónico a: valladolid@csif.es

A los inscritos se les enviará un enlace para acceder el día 21 a la jornada.

Día Mundial de la concienciación del autismo (2 de abril) Aterrizando en el trastorno del espectro del autismo (7de abril)

 









El área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, organiza junto a FESPAU (Federación Española de Autismo) una jornada, el jueves 7 de abril con motivo del Día Mundial de la concienciación del autismo (2 de abril) la jornada “Aterrizando en el trastorno del espectro del autismo” en la que contaremos como ponente con Helena Gandía (Licenciada en psicología y Directora Técnica de FESPAU).

Los contenidos que se abordarán en la jornada son:

Entendiendo el TEA.

• Cada persona un mundo. La heterogeneidad del perfil
• Entendiendo las bases. Teorías explicativas
• Entendiendo la conducta y la emoción. De la base a la punta del iceberg
• Principales estrategias de apoyo para la persona y su familia

Los objetivos de la jornada son:

  • Comprender el Trastorno del Espectro del Autismo
  • Cómo puedo actuar para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA
  • Las familias de las personas con TEA también cuentan

La jornada se realizará en formato online en horario de 17:00 a 20:00 horas el jueves 7 de abril.

Puedes inscribirte hasta el 5 de abril pinchando en este link: https://www.csif.es/contenido/nacional/general/338253

La jornada es gratuita y está abierta para todo el público interesado.

Denuncian que 7.000 empleados de la Junta que usan su coche trabajan medio mes gratis al año

 

Reclaman en un escrito enviado a la Consejería de Presidencia la actualización de las indemnizaciones por kilometraje, que "no se han revisado desde hace 15 años"

24 de marzo 09:19 24 de marzo 09:19 NCYLImagen de archivo de un hombre conduciendo© Proporcionado por El Español Imagen de archivo de un hombre conduciendo

Castilla y León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los empleados públicos de la Junta, que tienen que usar su coche para atender los servicios que prestan, trabajan medio mes al año gratis, teniendo en cuenta una media de kilómetros realizados, ya que la compensación que reciben "no cubre el coste que suponen los desplazamientos".

Así lo ha valorado CSIF, que pide a la Junta de Castilla y León "un incremento del 30% en el abono del kilometraje a los más de 7.000 empleados itinerantes que utilizan su propio vehículo para realizar el trabajo, ante el aumento de los precios del combustible y de otros costes del mantenimiento del coche".

Esta indemnización, "que la Junta debe abonar a sus empleados para compensar los gastos por el uso del vehículo particular, lleva 15 años sin revisarse, a pesar de lo señalado en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, puntualiza la organización sindical".

Este Decreto indica que "el importe de esas indemnizaciones debe ser revisado periódicamente mediante acuerdo del propio Gobierno autonómico, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León", remarca CSIF. Sin embargo, "desde que, en 2007, la Junta fijó un pago de 0,19 euros por kilómetro para los automóviles y de 0,078 para las motocicletas, estas cantidades no se han revisado ni se han actualizado".

Asegura que "son numerosos los empleados públicos de la Administración autonómica que nos han trasladado sus quejas y malestar, por los insuficientes importes que se perciben por el kilometraje y otros gastos de viaje realizados con el vehículo particular, y que van mermando el poder adquisitivo y las retribuciones salariales reales".

Escrito al consejero: "situación insostenible"

Por ello, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha remitido un escrito a la Junta de Castilla y León, concretamente a la Consejería de Presidencia, en el que reclama un acuerdo para actualizar e incrementar las cuantías de las indemnizaciones por kilometraje y otros gastos, "que han sufrido unas subidas espectaculares. Los perjuicios económicos son importantes, y la situación resulta ya insostenible". Exige que se cumpla la legalidad, prevista en la Ley de Función Pública de Castilla y León, y en el Decreto 252/1993, y se lleve a cabo una revisión de esas compensaciones económicas.

En base a los datos del INE, y según la variación del índice de precios (IPC), de febrero de 2007 y hasta febrero de 2022, CSIF entiende "que el incremento del pago de kilometraje debe de ser un 30% más en Castilla y León".

En el sector de Educación, conforme a los datos que maneja este sindicato independiente, son unos "1.500 docentes itinerantes o compartidos, en la Comunidad, los que tienen que usar su coche para recorrer diferentes centros". Asimismo, en la Administración General de la Junta, "otros 370 puestos de trabajo en la Consejería de Educación, preferentemente asistentes técnicos educativos (ATE), aunque también hay fisioterapias, enfermeras o personal de mantenimiento, tienen que desplazarse con su coche".

No obstante, es en Sanidad donde "más profesionales deben usar su coche para atender a los usuarios o pacientes, concretamente unos 5.200, recorriendo los centros de salud y consultorios de diferentes pueblos, o llevando a cabo asistencia domiciliaria".

© El Español

CSIF exige a la Junta elevar un 30% en el pago por kilómetro

 


 - 

El sindicato asegura que más de 7.000 empleados itinerantes de la Junta trabajan gratis medio mes al año por la subida de los carburantes

CSIF exige a la Junta elevar un 30% en el pago por kilómetro

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció hoy que los empleados públicos itinerantes de la Junta de Castilla y León, que tienen que usar su coche para atender los servicios que prestan, trabajan medio mes al año gratis, teniendo en cuenta una media de kilómetros realizados, ya que la compensación que reciben no cubre el coste que suponen los desplazamientos.  

El sindicato reclamó a la Junta un incremento del 30 por ciento en el abono del kilometraje a los más de 7.000 empleados itinerantes que utilizan su propio vehículo para realizar el trabajo, ante el aumento de los precios del combustible y de otros costes del mantenimiento del coche.  

Esta indemnización, que la Junta debe abonar a sus empleados para compensar los gastos por el uso del vehículo particular, lleva 15 años sin revisarse, a pesar de lo señalado en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, puntualizó la organización sindical.

Este decreto indica que "el importe de esas indemnizaciones debe ser revisado periódicamente mediante acuerdo del propio Gobierno autonómico, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León", remarcó CSIF. Sin embargo, desde que en 2007 la Junta fijó un pago de 0,19 euros por kilómetro para los automóviles y de 0,078 para las motocicletas, estas cantidades no se han revisado ni se han actualizado.

El sindicato aseguró que son "numerosos" los empleados públicos de la administración autonómica que les han trasladado sus quejas y malestar, por los "insuficientes" importes que se perciben por el kilometraje y otros gastos de viaje realizados con el vehículo particular, y que van mermando el poder adquisitivo y las retribuciones salariales reales.

Por ello, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, remitió un escrito a la Junta, concretamente a la Consejería de Presidencia, para reclamar un acuerdo para actualizar e incrementar las cuantías de las indemnizaciones por kilometraje y otros gastos, que han sufrido unas subidas "espectaculares". "Los perjuicios económicos son importantes, y la situación resulta ya insostenible", precisó.

En base a los datos del INE, y según la variación del índice de precios (IPC), de febrero de 2007 y hasta febrero de 2022, CSIF entiende que el incremento del pago de kilometraje debe de ser un 30 por ciento más en Castilla y León.

En el sector de Educación, conforme a los datos que maneja el sindicato independiente, son unos 1.500 docentes itinerantes o compartidos, en la Comunidad, los que tienen que usar su coche para recorrer diferentes centros. Asimismo, en la Administración General de la Junta, otros 370 puestos de trabajo en la Consejería de Educación, preferentemente asistentes técnicos educativos (ATE), aunque también hay fisioterapias, enfermeras o personal de mantenimiento, tienen que desplazarse con su coche.

No obstante, es en Sanidad donde más profesionales deben usar su coche para atender a los usuarios o pacientes, concretamente unos 5.200, recorriendo los centros de salud y consultorios de diferentes pueblos, o llevando a cabo asistencia domiciliaria.

CSIF rechaza la nueva titulación de FP que invade competencias sociosanitarias

CSIF logra una sentencia pionera que reconoce el derecho a un permiso retribuido por cuidado de hijo menor confinado por Covid

 La sentencia ampara a un funcionario interino por “deber inexcusable” y la obligación de velar por los hijos menores que establece el Código Civil


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha conseguido una sentencia pionera por la que reconoce el derecho de un funcionario a disfrutar de un permiso laboral retribuido para cuidar de su hijo menor de edad que había sido confinado al estar en contacto estrecho con compañeros de clase contagiados por Covid-19. La citada administración le denegaba el permiso instándole a consumir días de vacaciones o de asuntos particulares.

En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Logroño estimó la demanda interpuesta por CSIF, en nombre de un funcionario interino de la Administración de Justicia de La Rioja, en la que reclamaba su derecho a disfrutar del permiso por “deber inexcusable de carácter personal”, recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la obligación de velar por los hijos menores que establece el Código Civil. Además, el juez recuerda que la Orden del Ministerio de Justicia 504/2020 también ampara estas situaciones.

Hasta la fecha, los servicios jurídicos de CSIF no tienen comunicación alguna de que la administración haya recurrido esta sentencia, a pesar de que ya ha transcurrido un mes de su pronunciamiento, por lo que se podrían haber agotado los plazos y, en tal caso, se consideraría firme. CSIF valora de manera positiva que la justicia reconozca el “deber inexcusable” de atender este tipo de situaciones, lo que ampararía supuestos similares en los que se pretenda restringir este derecho, tanto en la Administración como en la empresa privada.

Este trabajador tuvo que ocuparse de su hijo menor de 14 años durante los cinco días que duró el obligado aislamiento del menor que había estado en estrecho contacto de compañeros de clase que habían dado positivo por coronavirus. Este empleado público tampoco pudo acogerse a la modalidad teletrabajo, ya que sus funciones de Auxilio Judicial le exigen ejercer su trabajo de manera presencial.

Por su parte, la administración le denegó dicho permiso amparándose en que este trabajador tenía pendientes de disfrutar días de vacaciones, por lo que decidió descontar de dichas vacaciones los cinco días que dedicó el trabajador a cuidar de su hijo.

La citada sentencia subraya que el deber inexcusable incluye todos aquellos que estén vinculados a la conciliación de la vida familiar y laboral y que los deberes derivados de la paternidad y la filiación constituyen un presupuesto para la concesión de este permiso. Aún más, en el caso que nos ocupa, ya que los cuidados domiciliarios exigidos derivan de la aplicación del protocolo Covid-19 aprobado por la autoridad sanitaria en aquellos momentos.

Además, los requisitos exigidos por la administración para denegar este tipo de permiso exceden de los establecidos por la normativa básica de aplicación que la administración autonómica no puede modificar sustancialmente como ha hecho en este caso, según señala la propia sentencia.

CSIF pide la aprobación en el Senado de la enmienda a los PGE para la jubilación anticipada en la Sanidad

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide la aprobación en el Senado de una enmienda que exige que se inicien los trámites para la jubilación anticipada del personal de la Sanidad a los 60 años mediante el establecimiento de coeficientes reductores.

Para CSIF, esta reivindicación -recogida en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que previsiblemente se aprobarán hoy en el Senado- es de justicia y está avalada por multitud de estudios de organismos nacionales e internacionales que así lo aconsejan.

En la citada enmienda a los PGE, se propone el inicio del procedimiento para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación, de forma voluntaria y flexible, en el sistema de la Seguridad Social de los trabajadores de los Servicios de Salud.

La justificación a la enmienda incluye exactamente los mismos argumentos normativos y argumentales que la carta que CSIF envió el pasado 28 de septiembre al secretario de Estado de la Seguridad Social planteando el inicio de los estudios.

El procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación exige la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad teniendo en cuenta a estos efectos la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral y los requerimientos físicos y psíquicos exigidos para el desarrollo de la actividad.

Así, podrán aplicarse diferentes coeficientes reductores de la edad y recargos variables en la cotización, en función de las condiciones de trabajo en cada actividad.

Desde CSIF, solicitamos al Ministerio de Seguridad Social, en septiembre de este año, que desarrollara el anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social e iniciara el procedimiento de establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación al personal de los Servicios de Salud, de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social.

Esta norma establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Como ya denunciamos desde CSIF, los trabajos relacionados con el sector sanitario tienen riesgos laborales específicos originados por actividades, instalaciones y equipos, además de los riesgos propios asociados a cada lugar de trabajo, siendo el personal sanitario un colectivo que realiza trabajos de especial índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad y toxicidad, por lo que debería ser incluido dentro de los colectivos con tratamiento específico de jubilación anticipada.

Por último, desde el sindicato recordamos que en 2017 se aprobó una Proposición no de Ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno a posibilitar el acceso a la jubilación anticipada en la Sanidad, apoyada por el Grupo Parlamentario Socialista, defendida por la actual senadora Josefa Inmaculada González Bayo.

Calendario 2022. CSIF Igualdad – Visibilización

 A lo largo de la historia la figura de la mujer ha quedado desdibujada por la escasa visibilización de muchos de sus logros.

El talento no tiene género y por ello es importante contar con referentes en todas las áreas. Con este calendario impulsamos la visibilización de logros conseguidos por mujeres en diferentes sectores como las matemáticas, la filosofía, el arte, etc. La sociedad debe contar con el mejor talento, el de todos sus habitantes, hombres y mujeres, y por ello debemos proporcionar espejos en los que niños y niñas puedan verse reflejadas y les ayude a desarrollar su talento en aquello que decidan sin estereotipos de género.

 Pincha aquí para ver el calendario que podrás imprimir



MANIFIESTO 25-N. CSIF, TIENES LA PALABRA. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Las sedes de CSIF en toda España serán “Puntos Violeta” para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista

25 de Noviembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con su campaña: Tienes la Palabra. Detener la violencia machista, avanzar hacia una sociedad libre de esta lacra, eliminar de la vida cotidiana expresiones y actitudes que atentan contra la mujer por el hecho de serlo, acabar con los roles que perpetúan la discriminación y la cosificación de las mujeres es cosa de todos y de todas.

Por ello, desde CSIF consideramos vital relanzar el pacto social y de Estado contra la violencia de género. Con esta iniciativa -“Tienes la Palabra” - ponemos de manifiesto la importancia de dar un paso adelante, de alzar la voz, cada cual, desde su ámbito de responsabilidad personal, social y profesional para denunciar, pedir ayuda, apoyar, ofrecer justicia a las víctimas, formarnos y educar en igualdad y contra la violencia machista.

En este sentido, CSIF, como agente activo de la sociedad civil, va a habilitar sus sedes sindicales de toda España como “Puntos Violeta” contra la violencia machista, una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador y acercarnos a las mujeres víctimas, facilitando información y asesoramiento, además de la colaboración de nuestros delegados/as sindicales en los centros de trabajo.

Esta iniciativa, va en línea con la propuesta que hemos trasladado al Ministerio de Igualdad para crear la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género, para acompañar y asistir, tanto en el ámbito público como en la empresa privada, a las mujeres víctimas de violencia de género; para que estas mujeres vean que también tienen una persona en la que apoyarse en su puesto de trabajo. Sabed que no estáis solas y que los delegados y delegadas de CSIF están también para acompañaros y ofreceros nuestra ayuda.

Las medidas aplicadas por el Gobierno para luchar contra la violencia de género, como la Resolución de 28 de julio de 2021, por el que se aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, fue un intento de acabar con el repunte de asesinatos de mujeres en el ámbito de la violencia machista tras el estado de alarma, (muchas de ellas en proceso aun de llevarse a cabo). Sin embargo, lamentablemente, son insuficientes. Por desgracia vemos como la cifra de mujeres asesinadas no para de ascender, 37 mujeres en 2021 y 1118 desde 2013 (a fecha 8 de noviembre 2021) sin olvidar a los niños y niñas que quedan huérfanos y los asesinados por violencia vicaria.

Además, los recortes de los últimos años en la administración pública afectan de forma directa a la atención que se ofrece a las víctimas: hablamos de la precariedad y la temporalidad de nuestro personal en la Sanidad y en el conjunto de las administraciones públicas; el déficit de juzgados especializados en violencia de género (de los 459 Juzgados de Violencia sobre la mujer, sólo 106 son exclusivos); el déficit de personal especializado (psicología, trabajadoras/es sociales, forenses, etc.) y la necesidad de avanzar en la especialización de todo el personal implicado en la atención de las mujeres víctimas de violencia (Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, personal sanitario, docentes, etc.), todas estas carencias no ayudan a avanzar hacia la erradicación de esta lacra social.

Tal y como ha solicitado CSIF, como miembro del Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, es imprescindible conocer los datos completos y concretos que nos permitan analizar el estado real de la situación y poder así mejorar, por ejemplo, las ratios de personal en relación a la cobertura de los servicios de atención a víctimas, como son los servicios de atención jurídica, psicológica y social de proximidad del art 19 y la Disposición adicional 13 de la Ley orgánica 1/2004.
Además, desde CSIF reclamamos el desarrollo del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, donde se contempla un procedimiento de actuación para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género, y que lleva más de un año de retraso.
Este Plan también contempla promover la movilidad para las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Sobre este punto, CSIF manifiesta su preocupación por la ausencia de datos, entendiendo que la violencia de género es una realidad que, seguramente, no se está abordando de manera efectiva desde nuestras administraciones por falta de medios y recursos.
Desde CSIF reclamamos:
• Relanzar el Pacto de Estado contra la violencia de género y hacerlo permanente.
• Programas específicos en toda la administración pública en materia de formación en asistencia a las víctimas y especialización en los perfiles.
• Protocolo de Movilidad sin menoscabo de sueldo y promoción profesional en todas las Administraciones Públicas, ya que muchas carecen de ello, así como incorporar los datos de movilidad de mujeres maltratadas a la Estadística Nacional.
• Impulsar la negociación de los Convenios Colectivos y Planes de Igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de violencia machista.
• Reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas antes, durante y después de todo el proceso judicial.

• Diseñar una estrategia para detectar dentro del ámbito laboral, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas, posibles víctimas de violencia de género, con el desarrollo de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género.



 MANIFIESTO 25-N. CSIF, TIENES LA PALABRA. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | CSIF

CSIF reclama la jubilación anticipada a los 60 para el personal de la Sanidad por sus condiciones de trabajo


29 de Septiembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha reclamado al Ministerio de la Seguridad Social el reconocimiento de la jubilación anticipada al 60 para el personal de la Sanidad.

CSIF reclama este anticipo en la edad de jubilación teniendo en cuenta las características profesionales de determinados colectivos que realizan trabajos de especial penosidad, con efectos sobre la salud, la exposición a riesgos biológicos o químicos, asociados al lugar de trabajo, considerando la actividad laboral realizada por el personal de la Sanidad con unos requerimientos físicos o psíquicos para su desempeño que producen un notable incremento de siniestralidad a partir de una determinada edad, como establece el artículo 2 a) y B9 del Real Decreto 1698/2011.

De esta manera, el personal de la Sanidad tendría una consideración similar a la de otros colectivos que ya tienen reconocido este derecho, con un procedimiento de coeficientes reductores, como ocurrió recientemente con el personal de la Policía Local.

En opinión de CSIF, esta posibilidad tendría cabida en el proyecto de Ley que ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados, además de estar recogida en la actual Ley de la Seguridad Social y el Real Decreto 1698/2011, que regula el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación.

En la carta dirigida por el presidente del Sector de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo Martínez, el sindicato hace referencia a diferentes estudios que ponen en evidencia la relación del puesto de trabajo con la salud del personal de la sanidad.

Se trata de estudios como los realizados por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y que son coincidentes con los que llevó a cabo en 2018 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (“Estudios Comparativos en Trabajos con Turnicidad”), entre otros trabajos científicos. Además, CSIF recuerda que este personal continúa absorbiendo gran parte de los contagios por covid detectados en España.

Hasta el 26 de Agosto de 2021 se han notificado 145.463 casos confirmados en personal sanitario (utilizando la información agregada hasta el día 10 de mayo y la información individualizada desde el día 11 de mayo). En los primeros inicios de la pandemia, esto suponía un 24,1% del total de casos de COVID-19 declarados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Y si se reflejan los datos recogidos según la nueva estrategia de vigilancia desde el 11 de Mayo de 2020, superan actualmente la barrera de los 95.000 casos totales.

Una gran cantidad de estos profesionales que han sido infectados, sufren de Covid-Persistente, por el que se produce un mantenimiento de los síntomas por encima del tiempo que se considera normal en esta enfermedad. Entre los síntomas que provoca, están la fatiga crónica, la fibrosis pulmonar, la miocarditis o los problemas articulares y musculares, cansancio extremo, dolores de cabeza, crisis epilépticas, dificultad respiratoria y un amplísimo abanico de secuelas.

CURSO COVID-19

 

Secuelas, seguimiento y recuperación post-COVID-19
CSIF Valladolid organiza esta formación de carácter online para proporcionar a los profesionales sanitarios las últimas investigaciones y tratamientos sobre el COVID-19, sus secuelas y forma de afrontarlas desde las diversas especialidades y ámbitos. Las ponencias, todas impartidas de forma online, correrán a cargo de profesionales sanitarios de reconocido prestigio. La formación está certificada por la Universidad de Valladolid con un total de 50 horas.

Fechas del curso: 28/09/2021 -- 29/10/2021
Periodo de inscripción: 01/09/2021 -- 21/09/2021
Número de horas: 50
Lugar de realización: Online
Número de plazas: 300
Inscritos: 0/300
Cartel curso Secuelas Covid

Objetivos

– CONOCER LAS SECUELAS QUE PROVOCA LA COVID-19.

– CONOCER EL TRATAMIENTO DE DICHAS SECUELAS DESDE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA MEDICINA.

– CONOCER LOS CUIDADOS Y SEGUIMIENTO DEL PACIENTE.

– VALORAR LA NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA ANTE ESTE NUEVO COLECTIVO A TRATAR.

Programa

SECUELAS, SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN POST-COVID 19 desde los ámbitos de:

– Atención primaria.

– Enfermeria

– Neumología.

– Psicología.

– Virología.

– Hematología

– Neurología

– Rehabilitación.

Horario

18:00 A 21:00 HORAS SESIONES ONLINE MEDIANTE LA HERRAMIENTA ZOOM.

Duración

50 HORAS LECTIVAS.

Destinatarios

EMPLEADOS PÚBLICOS Y ESTUDIANTES PREFERENTEMENTE VINCULADOS A LA RAMA SANITARIA.

Metodología

UNA PRIMERA PARTE EXPOSITIVA POR LOS DISTINTOS PROFESIONALES SANITARIOS Y EN UNA SEGUNDA PARTICIPATIVA CON LAS DUDAS Y APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES, EN REFERENCIA A LAS PONENCIAS Y TEMAS TRATADOS. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA PARA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LAS PONENCIAS. ONLINE.

Ponentes

Neumología clínico:

Santiago Juarros Martínez:

Sofía Jaurrieta: COVID PERSISTENTE.

Atención Primaria:

Mª del Carmen de Laburu Rivaya.

Enfermera:

Rosa María Cardaba García.

Psicología:

Rafael Martín Sánchez.

Virólogo: VACUNAS

Raúl Ortiz de Lejarazu.

Rehabilitación:

Susana Cofiño Rodriguez.

Hematología:

Jose Javier García Frade (Catedrático UVA).

Neurología:

Ángel Luis Guerrero Peral.

Entidades colaboradoras

CSIF VALLADOLID

Mecanismos de evaluación y/o seguimiento previstos

Para la obtención del certificado acreditativo de la superación del curso deberá asistirse a las jornadas que se celebrarán online, estudiar la documentación que se proporcione y contestar un cuestionario que versará sobre los temas tratados y documentación que se remita a los participantes. El cuestionario de 10 preguntas tipo test se remitirá a los participantes de forma electrónica y dispondrán de 10 días para cumplimentarlo y remitirlo al correo prevencion47@csif.es Para la superación del mismo es necesario contestar correctamente al menos al 50% del mismo.

Notas

  • En el caso de no superar el mínimo de alumnos previsto, se devolverá la matrícula completa del curso.
  • NO se devolverá el importe abonado a las personas que anulen su matrícula en los 4 días previos al inicio del curso.
  • Reconocimiento de ECTS – RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid (BOCyL núm. 94 de 20 de mayo de 2019).
  • Más información en valladolid@csif.es, en el teléfono 983379877 y en la U.P. CSIF VALLADOLID. C/ Luna, 3. bajo. 47007. Valladolid

Copyright © Central Sindical Independiente y de Funcionarios

Castilla y León pondrá nota a sus residencias de ancianos

 

Se evaluará la calidad de vida de los usuarios, los servicios que ofrece y la atención profesional

VALLADOLID 

Castilla y León ha diseñado un novedoso modelo de atención residencial que busca garantizar la asistencia que se presta en los centros mediante un mayor control de los mismos para que los usuarios puedan elegir con la máxima tranquilidad. Los más de 4.000 fallecidos por Covid en estas instalaciones que se han registrado en la Comunidad impulsaron la necesidad de abordar su transformación para adaptarlas a las nuevas exigencias que impone una pandemia como la actual pero, también, para corregir las debilidades del sistema.

Surge así un pionero instrumento de atención residencial para cuidados de larga duración que, elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, está actualmente sometido al análisis de los organismos de control antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno para darla rango de ley autonómica. Su principal novedad es que incorpora un procedimiento que dará lugar a una categorización objetiva de los centros, con informes que serán públicos, anuales y con notas. Precisamente, esta valoración será «determinante» para la elección, pero también para que las residencias de titularidad privada puedan (o no) recibir fondos de la Administración autonómica a través de la concertación de plazas.

La nota que obtenga cada centro hará especial hincapié en los estándares de calidad, de forma que se tendrán en cuenta el modo de vida de sus usuarios, la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestados. De esta forma, se medirán de forma objetiva aspectos como el respeto a la dignidad y libre elección de las actividades de las personas usuarias de las residencias; la adaptación permanente de los planes de apoyo a sus proyectos de vida; los cuidados personales recibidos y la promoción de hábitos saludables, y los servicios y apoyos para la vida cotidiana.

En este sentido, la Consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco, ha insistido en que «una efectiva evaluación de la calidad de los servicios debe medir la repercusión de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios teniendo en cuenta sus valores individuales y debe verificar el respeto de todos sus derechos». La obtención de una «nota» se complementará con la labor realizada por el Servicio de Inspección de la Junta, apoyada con un sistema de información que reportará información en tiempo real de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de ratios de personal y cualificaciones y organización de los servicios. Queda pendiente la fijación de esos ratios que se determinarán en el posterior desarrollo de la ley. El reto ahora es dotarse del instrumento técnico que preste soporte a esas evaluaciones para medir de forma objetiva a cada residencia.

A finales de año

El nuevo modelo girará, además, en torno a las unidades de convivencia para que el centro sea lo más parecido a la vivienda habitual de los usuarios. Así, la Junta obligará, cuando esté aprobada la ley a finales de este año o principios de 2022, a que las residencias de nueva construcción sean «mini hogares íntimos y acogedores», que eviten la masificación y faciliten la convivencia y el desarrollo de proyecto vital de cada persona.

Otra de las novedades es la existencia de un profesional de referencia de atención residencial –encargado de garantizar la ejecución del proyecto de vida– y el gestor de caso, cuya función principal será la de optimizar la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de compañeros y estructuras del centro, así como la de promocionar actividades.

Las españolas afrontan más tareas domésticas desde el inicio del teletrabajo por la desigualdad en el reparto de roles

 La pandemia y el teletrabajo continúan agravando la desigualdad y las tareas domésticas siguen aumentando con nuevas obligaciones. Las mujeres teletrabajan el doble que los hombres para atender a menores y dependientes a su cargo y esta modalidad laboral está lejos de ser una vía para la conciliación real si no va acompañada de medidas que fomenten la corresponsabilidad.

Además, la desigualdad de oportunidades de quienes teletrabajan frente a los que no; la falta de desconexión; la carencia de criterios claros a la hora de determinar qué puestos pueden acogerse al trabajo no presencial, la falta de formación de quienes implantan las medidas en las empresas y administraciones, la escasez de acciones estratégicas y la improvisación marcan el día a día de miles de teletrabajadores/as.

Así lo revela una encuesta online de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles entre 4.400 empleados/as de las administraciones públicas y del sector privado. La inmensa mayoría de los encuestados -un 90%- apuesta por el teletrabajo como vía para conciliar, aunque advierten de sus múltiples carencias y reclaman actuaciones adaptadas a cada centro de trabajo.

En materia de igualdad, la situación empeora y se confirma que la carga doméstica que soportan las mujeres ha aumentado pese al avance del teletrabajo, según asegura un 72% de los encuestados/as. Además, un 27% cree que hombres y mujeres no se están acogiendo por igual a esta modalidad de empleo y un 19% lamenta que no tienen las mismas oportunidades que quienes trabajan de forma presencial.

Otro de los problemas que preocupan es la desconexión digital cuando acaba la jornada laboral. Casi la cuarta parte de los trabajadores/as afirma que no se está respetando este derecho ni en las empresas privadas ni en las administraciones, una circunstancia que también está afectando a la conciliación en el día a día.

Además, pese a que la modalidad a distancia es hoy una realidad en los centros de trabajo (un 73,5% así lo asegura), el 68% afirma que se puso en marcha mediante medidas improvisadas y desconocen si cuentan con un plan estratégico para ello.

Faltan recursos y formación

A la hora de evaluar el trabajo a distancia, un 63,3% cree que las personas encargadas de gestionar los equipos no están todavía preparadas para afrontar esta nueva organización del trabajo o bien necesitarían una formación específica y adaptada para hacerlo correctamente.

Entre los aspectos positivos, valoran que han optado por esta fórmula de una manera voluntaria, tanto para evitar desplazamientos durante la pandemia como para conciliar, y que también les ha permitido que su jornada laboral sea ahora más flexible (un 71,6%).

De cara al futuro, un 90,9% de trabajadores/as afirma que les gustaría continuar con el teletrabajo, aprovechando los recursos invertidos e incorporando mejoras en cuestiones clave como la formación, el equipamiento y la desconexión, entre otros.

La secretaria de Igualdad de CSIF, Eva Fernández, aboga en esta nueva fase del teletrabajo por asegurar los derechos de las plantillas en cuanto a horarios de trabajo, ubicaciones, medios informáticos, mecanismos de selección de personal y derecho a la desconexión digital.

Antes de la pandemia, tan solo un 5% de los empleados/as públicos teletrabajaban, una cifra que llegó hasta un 63% en plena crisis y que ahora se sitúa en torno al 22%, según los últimos datos de la Administración General del Estado recabados por CSIF.

Las administraciones públicas, que deberían ser un referente, están aplicando de forma desigual el teletrabajo; faltan medios tecnológicos y formación; se está denegando a muchos trabajadores/as de manera arbitraria; no hay coordinación para su asignación a distintos puestos, lo que genera desigualdades, etc. advierte Fernández.

Para el presidente de ARHOE, José Luis Casero, es fundamental conocer el estado del teletrabajo en nuestro país -más allá de casos particulares- para trazar estrategias de consolidación de buenas prácticas en las organizaciones, más aún cuando una gran parte de los encuestados/as manifiesta su deseo de que el teletrabajo se mantenga a futuro, en una situación normalizada.

En este sentido, Casero asegura que dos días de teletrabajo semanal como pauta es bueno para la empresa, es bueno para las personas y, además, promueve un impacto positivo sobre el clima al evitar muchos desplazamientos innecesarios.

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, e integrante del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Sus fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España y en consecuencia una corresponsabilidad de tareas.

Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.