La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la grave, prolongada e injustificable gestión de la Diputación de Valladolid en el Servicio de Bomberos, que mantiene 17 vacantes estructurales sin cubrir desde hace más de un año, recurriendo de forma sistemática a horas extraordinarias masivas, con un coste superior a los dos millones de euros, a costa de la sobrecarga, el desgaste y la seguridad de los bomberos de carrera.
El 31 de enero de 2025 se incorporaron los aspirantes que superaron la oposición y se constituyó una bolsa de empleo válida y plenamente operativa, quedando 16 plazas vacantes, a las que se añadió una más tras el fallecimiento de un bombero en acto de servicio. Pese a disponer de personal disponible y legalmente habilitado, la Diputación ha optado por no realizar ningún nombramiento, manteniendo durante un año una situación de déficit de plantilla difícilmente justificable en un servicio esencial.
Desde enero de 2025, CSIF ha reclamado reiteradamente y por escrito la activación de la bolsa. La Diputación no ha emitido respuesta oficial alguna, incurriendo en un silencio administrativo continuado, mientras trasladaba explicaciones verbales cambiantes y sin base técnica. Primero se alegó una supuesta falta de experiencia de los aspirantes, argumento que quedó objetivamente desmentido, ya que la experiencia profesional como bomberos fue el criterio determinante en el orden de la bolsa. Posteriormente, se justificó la negativa al nombramiento en el coste del equipamiento de intervención, admitiendo implícitamente que se priorizan consideraciones económicas frente a la correcta dotación del servicio.
A esta situación se suma un hecho especialmente preocupante: en la nueva convocatoria de oposición publicada por la Diputación, no se valora en modo alguno la experiencia profesional previa, limitándose los criterios de selección a las notas del examen teórico, pruebas físicas, conducción y pruebas prácticas. Para CSIF, esta decisión resulta incomprensible e injustificable en un servicio de alta especialización, donde la experiencia operativa es un factor clave para la seguridad, la eficacia del servicio y la protección de la ciudadanía.
La exclusión total de la experiencia profesional como mérito contraviene el principio de valoración objetiva del mérito y la capacidad, y genera serias dudas sobre la racionalidad y la equidad del proceso selectivo, más aún cuando se produce en paralelo al bloqueo sistemático de la bolsa de empleo ya existente.
Lejos de corregir esta deriva, en julio se publicaron las bases para cubrir estas plazas, sin que hasta la fecha se haya constituido el tribunal calificador, evidenciando una parálisis administrativa injustificable que prolonga una situación que compromete la calidad del servicio, incrementa el riesgo operativo, agrava el deterioro físico y psicológico de los bomberos y supone un uso claramente ineficiente de los recursos públicos.
Ante esta dejación prolongada de responsabilidades, CSIF interpuso un recurso contencioso-administrativo en octubre, cuyo juicio se celebra este lunes, al considerar que la actuación de la Diputación vulnera los principios de buena administración, eficacia en la gestión del gasto público y respeto a los derechos laborales.
Las recientes informaciones y denuncias públicas realizadas por otros actores políticos vienen a confirmar una realidad que CSIF lleva denunciando de forma constante y documentada desde comienzos de 2025, sin que la Diputación haya adoptado medidas efectivas para corregirla.
Por todo ello, CSIF exige:
La activación inmediata de la bolsa de empleo y el nombramiento del personal interino necesario.
El cese del uso abusivo de horas extraordinarias como sistema ordinario de gestión.
La revisión de los criterios de la nueva oposición, incorporando la experiencia profesional como mérito objetivo.
La protección efectiva de la seguridad y salud laboral de los bomberos.
Una gestión transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos.
CSIF advierte de que no va a permitir que un servicio esencial se degrade por decisiones arbitrarias, opacas o carentes de justificación técnica, y continuará utilizando todas las vías legales y sindicales para defender a los bomberos y a la ciudadanía de la provincia de Valladolid.

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