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La Seguridad Social deja sin protección a celadores, administrativos y personal de limpieza contagiados por COVID
Los nuevos criterios de la Seguridad Social para accidente de trabajo por COVID excluyen a estos colectivos: CSIF exige al Ministerio que rectifique e incorpore a todos los profesionales expuestos al virus
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige que la Seguridad Social considere como accidente de trabajo los contagios por COVID sufridos por todo el personal de los centros sanitarios o socio-sanitarios (residencias), sin excepciones.
Los nuevos criterios de la Seguridad Social para el accidente de trabajo por COVID excluyen a celadores, personal administrativo de limpieza, cocina, entre otros. El sindicato, en una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, considera ilícitos y discriminatorios estos criterios, dado que este personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios está también protegido conforme establece la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 28/2020.
Junto a estos colectivos, se excluye también a otros profesionales que prestan servicios sanitarios y socio-sanitarios en otros ámbitos, como en los centros de menores, instituciones penitenciarias, servicios de prevención, ambulancias, etc y que también están expuestos a diario al virus por sus obligaciones laborales. La Administración debe velar por la salud y protección de todos sus profesionales.
Demandamos, en este sentido, que se reconozca la contingencia profesional por contagio de COVID y sus correspondientes recaídas para todos los contagiados con carácter retroactivo desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró de la pandemia internacional.
Asimismo, reclamamos que se reconozca la contingencia profesional por contagio de COVID y sus correspondientes recaídas, por una revisión de oficio y no a instancias del interesado, como hasta ahora.
Por último, desde el inicio de la pandemia CSIF ha defendido que el contagio de Covid-19 debe considerarse como enfermedad profesional, a todos los efectos, puesto que ofrece una cobertura indefinida en el tiempo.
CSIF reclama más y mejores medios en la Administración de Justicia para atender a las víctimas y reducir el tiempo de respuesta en los juzgados
MANIFIESTO 25-N. CSIF, SIEMPRE A TU LADO Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La jornada de este año está marcada por la pandemia de Covid19, que nos ha golpeado en todos los ámbitos de la sociedad: en la sanidad, la economía, la educación, etc. y de manera particular también sobre las mujeres que han visto incrementada su precariedad y exclusión laboral, así como su posición vulnerable y de mayor riesgo de violencia de género por las circunstancias de la pandemia y el confinamiento.
Las mujeres son mayoritarias en sectores en los que se han destruido más puestos de trabajo, como la hostelería, el comercio, los servicios, o el empleo doméstico. Además, los datos de la Encuesta de Población Activa nos muestran como ellas son las que, de manera abrumadora, han reducido su jornada de trabajo para el cuidado de personas dependientes.
Estamos viendo, por tanto, como esta crisis está expulsando a las mujeres del mercado laboral, reduciendo por tanto su independencia económica, lo que se traduce también en un mayor factor de vulnerabilidad ante situaciones de violencia de género. Por eso, ahora más que nunca, si cabe, debemos estar del lado de las víctimas.
Los esfuerzos en atajar el problema desde la base son fundamentales, pero no se puede dar la espalda a que la Pandemia del Covid19 también ha afectado a los recursos públicos y en particular a los destinados a la atención de las mujeres que sufren este problema. Así sucede, por ejemplo, con el retraso en la actuación de la justicia.
Desde CSIF reclamamos, un refuerzo de los medios judiciales. Pese a que, en la actualidad en España, existen 459 Juzgados de Violencia sobre la mujer, sólo 106 son exclusivos. El Gobierno debe hacer un esfuerzo especial para crear más órganos judiciales exclusivos en materia de violencia de género.
Esta especialización es un elemento esencial para reducir el tiempo de respuesta de la Administración de Justicia, que, en el caso de los procedimientos abreviados de violencia de género, pueden llegar hasta los 6,7 meses entre la fase instructora y el desarrollo del juicio. Por eso reclamamos al Ministerio de Justicia que desarrolle un plan de actuación específico.
La sobrecarga de asuntos de los Juzgados que no realizan de manera exclusiva labores de violencia de género unida a la falta de personal, la falta de órganos judiciales especializados, y la falta de unos verdaderos planes de formación del personal existente están lastrando la labor de los órganos judiciales a pesar del esfuerzo y dedicación de su personal.
Es necesario facilitar a las víctimas una verdadera Justicia de proximidad y, en este sentido, una medida complementaria a la creación de Juzgados exclusivos es el incremento de las plantillas de los órganos judiciales de cabeceras de partido donde existen juzgados mixtos (de primera instancia e instrucción) con poco personal para asumir, además, las competencias muy especializadas en materia de violencia sobre la mujer.
Oficinas de Asistencia a las Víctimas y equipos psicosociales
Además, es necesario incrementar la dotación de personal en las Oficinas de Atención a las Víctimas y en los equipos psicosociales para conseguir mayor eficacia, rapidez y eficiencia al servicio que prestan a las víctimas de esta lacra social.
Debemos actuar en dos líneas: la incorporación de personal especializado (personal de psicología, trabajadoras/es sociales, Forenses, etc...) y la formación del personal de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia para dar un mejor servicio integral y una mejor atención a estas mujeres y hacerlo en todas las provincias pues debe tratarse de un servicio próximo.
Para CSIF, el Servicio de Asistencia a las Victimas debe ser la piedra angular que articule y garantice un adecuado acompañamiento a las mujeres que denuncian violencia de género desde el mismo momento en el que entran en el Juzgado.
Además, CSIF como primer sindicato de la función pública, está negociando el III Plan de Igualdad de la AGE en el que exigimos la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia contra la mujer.
Además, insistimos en la necesidad de crear la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y violencia de género que acompañe y asista, tanto en el ámbito público como en el sector privado, a las mujeres víctimas de violencia de género.
Las 40 víctimas mortales por violencia de género de este 2020 (a 11 de noviembre) no son más que la punta del macabro iceberg que supone la violencia machista
Por eso reclamamos:
• Relanzar el Pacto de Estado y un pacto social por la eliminación de la violencia contra la mujer.
• Que se destinen partidas específicas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a dotar de medios la Justicia.
• Que los fondos del pacto de estado en materia de violencia de género lleguen de manera efectiva a los Juzgados.
• Programas específicos en materia de formación en asistencia a las víctimas, especialización en los perfiles y que se agilicen los procedimientos por esta causa.
• Que los planes de reconstrucción social incluyan medidas contra la violencia de género.
• Delegado/a especializada en Igualdad y violencia de género en cada centro de trabajo como figura asimilada a los delegad@s de prevención de riesgos laborales.
CSIF reclama más y mejores medios en la Administración de Justicia para atender a las víctimas y reducir el tiempo de respuesta en los juzgados
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La jornada de este año está marcada por la pandemia de Covid19, que nos ha golpeado en todos los ámbitos de la sociedad: en la sanidad, la economía, la educación, etc. y de manera particular también sobre las mujeres que han visto incrementada su precariedad y exclusión laboral, así como su posición vulnerable y de mayor riesgo de violencia de género por las circunstancias de la pandemia y el confinamiento.
Las mujeres son mayoritarias en sectores en los que se han destruido más puestos de trabajo, como la hostelería, el comercio, los servicios, o el empleo doméstico. Además, los datos de la Encuesta de Población Activa nos muestran como ellas son las que, de manera abrumadora, han reducido su jornada de trabajo para el cuidado de personas dependientes.
Estamos viendo, por tanto, como esta crisis está expulsando a las mujeres del mercado laboral, reduciendo por tanto su independencia económica, lo que se traduce también en un mayor factor de vulnerabilidad ante situaciones de violencia de género. Por eso, ahora más que nunca, si cabe, debemos estar del lado de las víctimas.
Los esfuerzos en atajar el problema desde la base son fundamentales, pero no se puede dar la espalda a que la Pandemia del Covid19 también ha afectado a los recursos públicos y en particular a los destinados a la atención de las mujeres que sufren este problema. Así sucede, por ejemplo, con el retraso en la actuación de la justicia.
Desde CSIF reclamamos, un refuerzo de los medios judiciales. Pese a que, en la actualidad en España, existen 459 Juzgados de Violencia sobre la mujer, sólo 106 son exclusivos. El Gobierno debe hacer un esfuerzo especial para crear más órganos judiciales exclusivos en materia de violencia de género.
Esta especialización es un elemento esencial para reducir el tiempo de respuesta de la Administración de Justicia, que, en el caso de los procedimientos abreviados de violencia de género, pueden llegar hasta los 6,7 meses entre la fase instructora y el desarrollo del juicio. Por eso reclamamos al Ministerio de Justicia que desarrolle un plan de actuación específico.
La sobrecarga de asuntos de los Juzgados que no realizan de manera exclusiva labores de violencia de género unida a la falta de personal, la falta de órganos judiciales especializados, y la falta de unos verdaderos planes de formación del personal existente están lastrando la labor de los órganos judiciales a pesar del esfuerzo y dedicación de su personal.
Es necesario facilitar a las víctimas una verdadera Justicia de proximidad y, en este sentido, una medida complementaria a la creación de Juzgados exclusivos es el incremento de las plantillas de los órganos judiciales de cabeceras de partido donde existen juzgados mixtos (de primera instancia e instrucción) con poco personal para asumir, además, las competencias muy especializadas en materia de violencia sobre la mujer.
Oficinas de Asistencia a las Víctimas y equipos psicosociales
Además, es necesario incrementar la dotación de personal en las Oficinas de Atención a las Víctimas y en los equipos psicosociales para conseguir mayor eficacia, rapidez y eficiencia al servicio que prestan a las víctimas de esta lacra social.
Debemos actuar en dos líneas: la incorporación de personal especializado (personal de psicología, trabajadoras/es sociales, Forenses, etc...) y la formación del personal de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia para dar un mejor servicio integral y una mejor atención a estas mujeres y hacerlo en todas las provincias pues debe tratarse de un servicio próximo.
Para CSIF, el Servicio de Asistencia a las Victimas debe ser la piedra angular que articule y garantice un adecuado acompañamiento a las mujeres que denuncian violencia de género desde el mismo momento en el que entran en el Juzgado.
Además, CSIF como primer sindicato de la función pública, está negociando el III Plan de Igualdad de la AGE en el que exigimos la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia contra la mujer.
Además, insistimos en la necesidad de crear la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y violencia de género que acompañe y asista, tanto en el ámbito público como en el sector privado, a las mujeres víctimas de violencia de género.
Las 40 víctimas mortales por violencia de género de este 2020 (a 11 de noviembre) no son más que la punta del macabro iceberg que supone la violencia machista
Por eso reclamamos:
• Relanzar el Pacto de Estado y un pacto social por la eliminación de la violencia contra la mujer.
• Que se destinen partidas específicas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a dotar de medios la Justicia.
• Que los fondos del pacto de estado en materia de violencia de género lleguen de manera efectiva a los Juzgados.
• Programas específicos en materia de formación en asistencia a las víctimas, especialización en los perfiles y que se agilicen los procedimientos por esta causa.
• Que los planes de reconstrucción social incluyan medidas contra la violencia de género.
• Delegado/a especializada en Igualdad y violencia de género en cada centro de trabajo como figura asimilada a los delegad@s de prevención de riesgos laborales.
Concentración contra el decreto 2/2020 de la JCYL
19 de Noviembre de 2020
MANIFIESTO 19 DE NOVIEMBRE – SANIDAD
Los trabajadores de la sanidad pública manifestamos nuestro más absoluto rechazo al decreto 2/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León nos impone a los profesionales de la sanidad una pérdida de derechos abusiva y total, nunca antes vista, en condiciones de trabajo y personal.
Hasta hace bien poco se nos daban aplausos, reconocimientos, y todo tipo de elogios desde todos los estamentos públicos, y no entendemos como desde la Junta de Castilla y León que nos elogió y se nos prometió reconocimiento “eterno”, nos esté asfixiando y maltratando de esta manera.
Nos regalaron dibujos, bailes, canciones. Todos nos creímos el discurso de que esto nos iba a cambiar, que los esenciales había que dignificarlos, que se iba a reforzar y blindar la sanidad pública, que nunca más sufriríamos un recorte, y sólo unos meses más tarde y en medio de una segunda ola aún más grave, pero esperada y anunciada por nuestros gestores.
Estamos agotados, exhaustos, muchos de nosotros rotos física y emocionalmente ante lo que estamos viviendo. estamos realizando un sobreesfuerzo en el intento de atender a toda la población que acude por covid19 y por otras patologías que no han dejado de existir.
Todas las categorías desde enfermeras, médicos, tcaes, celadores, técnicos de rayos, laboratorio, fisioterapeutas, personal de administración, mantenimiento, informáticos, y un largo etc…, trabajamos más que nunca con más responsabilidad profesional y personal tanto en hospitales emergencias y en atención primaria.
Pedimos a la Junta de Castilla y León responsabilidad, respeto y seriedad para con los trabajadores de sanidad y con la población para garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y la calidad asistencial a la ciudadanía.
Es una barbaridad imponer una agresiva movilidad geográfica forzosa; suprimir permisos, cambiar o doblar jornadas de trabajo, o vulnerar el derecho a cuidar a nuestros familiares, es decir, amargar la vida de los profesionales sanitarios y obstaculizar la conciliación familiar y laboral, disponiendo de nuestro trabajo al antojo de la gerencia de salud.
Los trabajadores de la sanidad somos también pacientes y usuarios. tenemos muchos compañeros que han caído contagiados, ingresados y hasta fallecido. queremos que funcione, pero no a costa de poner una soga al cuello del trabajador sanitario, y exprimirnos hasta que caigamos desfallecidos como si estuviéramos en galeras.
No queremos aplausos, queremos respeto, personal y profesional, queremos tranquilidad para trabajar, queremos más contrataciones de personal para que podamos atender suficientemente bien y como se merece a la población de castilla y león.
No queremos más recortes, ni vaguedades, ni intereses de otro tipo. la sanidad no es un campo de batalla ni un cortijo donde uno pueda hacer lo que le venga en gana. y menos en estos momentos.
Queremos y necesitamos tranquilidad para trabajar, y con publicaciones como la de este decreto no la tenemos. la sanidad y nosotros sus trabajadores, venimos sufriendo muchos recortes, y maltratos en las condiciones laborales, que al final repercute en la población. en todos. queremos medios suficiente, medios de protección para poder proteger a los enfermos y a nosotros mismos, y a nuestras familias.
Nos estamos jugando la salud toda la población, y nosotros también somos parte de esa población.
Queremos que se nos oiga bien alto y claro, queremos poder opinar sobre el sistema sanitario, no que opinen sobre un sistema que muchos en sus despachos ni conocen.
La Junta lo que tiene que hacer es plantear propuestas positivas, para atraer a los profesionales sanitarios, y animar su asentamiento en castilla y león, con mejores contratos, más incentivos profesionales, más facilidades para la conciliación familiar… ¡no! espantarlos.
Nos sentimos menospreciados por una administración desagradecida que no ha hecho bien sus deberes. las plantillas de los centros están mermadas desde los recortes de 2012 y no han contratado suficiente personal para garantizar la atención adecuada durante esta pandemia; no ha habido suficiente ampliación de las UCIs. no se ha reparado en la sustitución para darnos descanso y no se ha formado al personal
Nos han quitado las 35 horas. nos han quitado derechos de ayuda social. nos quitaron la carrera profesional. nos han quitado personal. nos han quitado medios materiales. nos han quitados medios de protección. nos estamos jugando la vida, y la salud tanto física como mental.
¡¡ BASTA YA ¡!!
Queremos unos mínimos derechos para poder afrontar con fuerza la atención a los usuarios, y no que se nos fustigue de manera continua. no somos los malos. el malo es el coronavirus, y nosotros somos los que luchamos contra él en primera línea de batalla. lo hacemos por toda la población.
No nos hieran más de lo que lo han hecho en estos años.
No nos amputen las piernas con este decreto en la batalla sanitaria que libramos hoy, porque no podremos correr para curarles sus heridas.
Manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante este despropósito que pretende cometer la junta de castilla y león con la sanidad y exigimos la retirada inmediata de este decreto.
Pedimos a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Sanidad dignidad, y respeto con los trabajadores y con la población. no podemos tolerar que pasen por encima de todos. la sanidad es de todos, no de unos pocos sentados en sus despachos.
EXIGIMOS LA RETIRADA INMEDIATA DEL DECRETO.
Enlaces a prensa:
https://m.sorianoticias.com/noticia/2020-11-19-los-sanitarios-sorianos-en-pie-de-guerra-72963
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/19/radio_segovia/1605790269_957357.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/19/radio_palencia/1605784890_097567.html?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/1605792739_098233/?ssm=WhatsApp
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/sanitarios-burgales-claman-20201119142010-nt.html
https://youtu.be/pcvHOeXZJko minuto 2:45
https://avilared.com/art/50806/protesta-de-los-sanitarios-contra-el-decretazo
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/19/ser_avila/1605794022_812359.html?ssm=whatsapp
https://www.elnortedecastilla.es/avila/sanitarios-abulenses-plantan-20201119182016-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/concentracion-sanidad-burgos-20201119150046-ga.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=381008143328301&id=103152347780550&sfnsn=scwspmo
CSIF propone reforzar las administraciones con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años
CSIF propone reforzar las administraciones con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años
- El sindicato propone un acuerdo salarial a varios años para recuperar el poder adquisitivo: cada empleado/a público ha perdido entre 24.611 y 53.362 euros en su nómina desde 2010, el equivalente a trabajar más de un año gratis
- Reclamamos al Gobierno negociar un Plan de Recursos Humanos para reforzar plantillas. Sólo la Administración del Estado se gasta casi 56 millones al año en asesores: hay que repensar las prioridades en inversión.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años.
Además, la Sanidad requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.
CSIF considera que este refuerzo –destinado para las plantillas de la Sanidad, Educación, Justicia, Administración General del Estado—debe estar contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno.
Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Sdministración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes.
El informe de CSIF hace un diagnóstico en los diferentes ámbitos partiendo de la base de que en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos de trabajo. Asimismo, repasamos indicadores como el incremento de la población mayor de 65 años, las diferencias en inversión y ratios de profesionales respecto a la media europea o el incremento de asuntos pendientes en la Justicia.
Estas son las necesidades:
Administración General del Estado ------- 43.700 plazas.
Educación ------------------------------------------ 43.393 “”
Justicia -----------------------------------------------19.299 “”
Sanidad. Este último sector requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea y recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y que hoy se encuentran seriamente deteriorados, como ha quedado evidente en esta pandemia. Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.
Desde CSIF coincidimos con el Gobierno en la necesidad de diseñar un plan de reconstrucción social y económico y un comité de evaluación porque como no nos hemos cansado de denunciar estos años, se han debilitado los servicios públicos que definen nuestro Estado del Bienestar. Por eso, desde nuestra responsabilidad, queremos sentarnos ya a trabajar sobre un plan de recursos humanos para el conjunto de las administraciones.
CSIF considera que las administraciones públicas deben ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, también mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía.
Mientras tenemos estas necesidades estructurales en nuestra sanidad, escuelas, SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias o en los juzgados, hemos comprobado que la Administración General del Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al año, según datos oficiales recabados por CSIF. Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más.
A estas cifras habría que añadir el gasto en asesores en el resto de administraciones, como las diputaciones, comunidades autónomas o ayuntamientos. Sirva este apunte para reflexionar sobre el destino de los recursos que destina el Estado, con todo lo que puede conllevar en estructuras paralelas, gastos superfluos, etc y la necesidad de repensar nuestras necesidades.
PROPUESTA SALARIAL
Por otra parte, CSIF ha presentado un estudio económico sobre la pérdida retributiva de los empleados/as públicos en el periodo 2010-2020. El estudio analiza la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico, trienios, etc) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.
El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros.
Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.
En definitiva, los empleados/as públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010. Por ello, reivindicamos un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo. Exigimos la apertura de la negociación de inmediato.
CSIF recuerda que el colectivo de empleados/as públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades.
La Diputación de Valladolid destina más de 1,5 millones de euros a hacer frente a los gastos derivados de la lucha contra el COVID-19.
ESTADO DE ALERTA
La Diputación de Valladolid paraliza su actividad para garantizar la seguridad de sus trabajadores ante la crisis del coronavirus COVID-19
COMITÉ DE CRISIS EN LA DIPUTACIÓN
22 de febrero. Día por la Igualdad Salarial. Las mujeres ganan una media de 3.200 euros menos que los hombres en la Administración Pública
- Que se cumpla la Ley 3/2007 para la igualdad de efectiva de mujeres y hombres, y el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con respecto a la obligatoriedad de empresas y Administraciones públicas de negociar e implementar un Plan de Igualdad, incluyendo la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
- Incorporar la perspectiva de género en las negociaciones de los convenios colectivos, prestando especial atención a las retribuciones.
- Exigir la retribución según Trabajo de igual valor: “un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes”.
- Mejorar la representación de la mujer en los puestos de responsabilidad.
- Fomentar la corresponsabilidad para que la conciliación sea compartida entre mujeres y hombres y no penalice a las mujeres.
- Mayor sensibilización y formación en género, sobre todo en personal que desempeña puestos de responsabilidad y/o recursos humanos, tanto en el sector privado como en el público.