‘CIUDADANOS Y PP ALCANZAN UN ACUERDO POLÍTICO Y ECONÓMICO PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID


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El acuerdo incluye un apartado político, que abarca un total de 15 puntos, y un apartado económico con 24 enmiendas que, junto a otras acciones de Ciudadanos ya aprobadas con anterioridad, superan el millón de euros
Tanto Jesús Julio Carnero como Pilar Vicente han destacado el buen clima en el que se han llevado a cabo las negociaciones



Los Grupos Provinciales Ciudadanos y Popular han suscrito hoy un Acuerdo Político y Económico para la Aprobación de los Presupuestos de 2017 en el Marco de la Estabilidad de la Diputación Provincial de Valladolid, que ha sido ratificado por el presidente del grupo provincial Popular, Jesús Julio Carnero, y la portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, Pilar Vicente.
El acuerdo incluye un apartado político, compuesto por 15 puntos divididos en tres apartados: regeneración, transparencia y cercanía a los ciudadanos; apoyo a nuestros municipios y lucha contra la despoblación; y dinamización económica y acción social.
Esta línea se sustancia en la publicidad de la agenda institucional de los diputados provinciales; la elaboración de un protocolo sobre criterios de uso de Vehículos Oficiales; la transparencia en las remuneraciones; la creación de un Teléfono de Atención de la Provincia; la devolución de las principales competencias correspondientes a la Junta de Castilla y León como son el Centro Asistencial Dr. Villacián, Residencia Cardenal Marcelo, Escuela Infantil Casa Cuna y Centro de Integración Juvenil; un plan racionalización Gastos Corrientes; la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo de Reforma del Reglamento Orgánico de la Diputación; impulso a la conexión entre el Plan de Transporte Provincial y el Transporte Metropolitano; el fortalecimiento del servicio de Asesoramiento a Municipios; la apertura de centros en épocas vacacionales; la mejora de la accesibilidad a Internet y TDT; el compromiso Municipal con la Ley de Transparencia; un plan de dinamización turístico- gastronómico de la provincia; el estudio e impulso de alternativas de vivienda para nuestros mayores y una reforma integral de SODEVA.
Por su parte, el apartado económico supone la aceptación de 24 enmiendas al Proyecto de Presupuestos presentado el pasado 7 de noviembre, que se unen a las cinco acciones vinculadas a Proposiciones de Ciudadanos aprobadas por el Pleno de la Corporación. Todas estas acciones suponen un montante total que supera el millón de euros entra las que destacan un nuevo convenio Funge con 144.000, euros; el plan de subvenciones a ayuntamientos para la  contratación de monitores juveniles con 120.000,00 euros; otros 120.000 para el Centro de Dimanización ‘Villa del Prado’ o el Plan reemisores TDT y telefonía con 100.000.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, tanto Jesús Julio Carnero como Pilar Vicente han destacado el buen clima en el que se han llevado a cabo las negociaciones.
En este sentido, el presidente del Grupo Provincial Popular, Jesús Julio Carnero ha destacado que “el acuerdo firmado hoy mejora, en primer lugar, el Proyecto de Presupuestos presentado por el Equipo de Gobierno, al tiempo que sigue avanzando en dotar de mayor participación y transparencia el trabajo que venimos realizando desde la Institución provincial”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, Pilar Vicente, ha resaltado que “la firma de un acuerdo político como este es la primera vez que se negocia en la Diputación de Valladolid. Nunca antes ningún grupo político lo había exigido para apoyar unos presupuestos provinciales”. Del mismo modo, “la sesión de control durante los Plenos que se va a hacer al Presidente ocurre por primera vez en España en una Diputación”.
Así mismo, Vicente ha señalado que “desde nuestro grupo, hemos hecho un planteamiento diferente, ambicioso, y que supone un progreso en la manera de hacer y también en la manera de gestionar de esta institución”.

El Ejecutivo garantiza a los sindicatos que volverá a subir el sueldo a los funcionarios y trabajadores públicos

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EL MUNDO 
Ya lo dijo el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el acto en el que traspasó a Soraya Saénz de Santamaría las funciones de negociación política con las Comunidades Autónomas: "España tiene una de las mejores Administraciones Públicas del mundo y es tiempo de dignificar la función pública". Y ayer, su recién elegida secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se reunió con los representantes sindicales de los funcionarios y empleados públicos para decirles que sí, que les van a compensar por el sacrificio de los últimos años. Por ello, y aunque la situación de las cuentas del Estado no es la mejor y se avecina un nuevo ajuste impositivo, ya trabajan en una revisión salarial, en la posibilidad de implantar de manera integral una jornada de 35 horas y en una Ley de Función Pública.
"Hemos tenido una reunión de más de una hora con la nueva secretaria de Estadoy nos ha transmitido la voluntad del Gobierno, del ministro Montoro y de ella misma de negociar y llegar a acuerdos. Además, el Ministerio quiere que mantengamos dentro de poco otro encuentro, pero en esta ocasión con el ministro", explica a EL MUNDO Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Los sindicatos, por su parte, le han recordado a Collado que "el recorte de 2010 sigue estando vigente". Estos recortes a los que el máximo dirigente de uno de los principales sindicatos del sector público se refiere son las reducciones salariales que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión la tomó el Ejecutivo del PSOE en uno de los peores momentos de la crisis económica, ysupuso una bajada de sueldos de un 5% que Rajoy y Montoro todavía no han compensado.

Por ello, los representantes de los trabajadores quieren que la compensación vaya más allá de un 1%. "Queremos que sea una subida vinculada a la legislatura y que permita recuperar de forma gradual la reducción del 5% del sueldo que se sufrió en 2010", explica Borra.

Jornada de 35 horas

Asimismo, en la reunión también se abordó la necesidad de imponer una jornada laboral de 35 horas. Esto es algo que el Parlamento de Andalucía ya ha aprobado para los trabajadores públicos de la región, y en la votación tanto el Partido Popular como Ciudadanos se abstuvieron. Con este precedente, parece factible que esta medida se implante también a nivel nacional.
El desarrollo de una Ley de Función Pública fue otro de los aspecto que se trató, así como la posibilidad de implantar un sistema de evaluación de los trabajadores públicos. Esta es una petición que se ha realizado en más de una ocasión desde los sindicatos, ya que así se podría medir realmente qué trabajadores realizan un buen desempeño y cuáles no. Sería, en su opinión, una forma de acabar con la mala fama y los prejuicios que existen sobre buena parte de los empleados de la Administración.
En todo este proceso negociador, considera CSIF, también juega a favor de los funcionarios la nueva distribución de carteras ministeriales. El hecho de que el Ministerio de Hacienda sea ahora también de Función Pública y siga en manos de Montoro, demuestra que el Gobierno de Rajoy quiere ahora potenciar y cuidar al sector público en una Legislatura en la que serán necesarios muchos pactos.

‘CSIFAyuda’. Un equipo de expertos atenderá los casos de mobbing, acoso sexual, violencia y adicciones en las administraciones públicas

CSIF ofrecerá apoyo jurídico, social y psicológico para cubrir el vacío asistencial de la Administración.










La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha puesto en marcha un proyecto de prevención laboral CSIFAyuda dirigido a atender los casos de mobbing, acoso sexual, situaciones de violencia y adicciones en el sector público.
A través de esta iniciativa, CSIF pretende cubrir el vacío asistencial que existe en la Administración ante este tipo de situaciones en colaboración con expertos de asociaciones con trayectoria en este ámbito como ANAMIB (Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo), PRIDICAM (Mobbing Madrid), o Proyecto Hombre, esta última para abordar casos de adicciones.
El proyecto CSIFAyuda ofrecerá apoyo jurídico, psicosocial y psicológico a través de la red de delegados sindicales con los que cuenta CSIF a nivel nacional en el conjunto de nuestras administraciones públicas y, de manera específica, a través de la web del sindicato www.csif.es y el mail csifayuda@csi-f.es. Asimismo se organizarán talleres de formación en los diferentes ámbitos, dirigidos a delegados sindicales y de prevención.
Una vez la persona contacta con CSIFayuda bien a través de la web o por correo a csifayuda@csi-f.es, se produce una respuesta automática por el sistema que alerta a las responsables de CSIFayuda, que se pondrán en contacto con el trabajador afectado ofreciéndole una ayuda más especializada en función de la problemática que corresponda.
En caso de que la persona requiera servicio jurídico y una vez asesorada, decidirá voluntariamente la posibilidad de interponer denuncia o no. En caso de que la decisión sea afirmativa, la asesoría correspondiente en cuanto a ámbito de competencias, iniciará procedimiento, con el consiguiente registro de casos.




CSIF aplaude la iniciativa del Congreso por un pacto de Estado contra la violencia de género

CSIF lleva años reclamando devolver esta cuestión al primer plano del debate político y la Administración debe estar en la vanguardia de este pacto.





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, celebró hoy la iniciativa aprobada hoy por el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a promover un pacto de Estado en materia de lucha contra la violencia de género.




                                CSIF considera vital que los diferentes partidos demuestren altura política y escenifique un pacto de Estado contra este problema. A lo largo de los últimos años, desde CSIF hemos reclamado la urgencia de devolver a la lucha contra la violencia de género al primer plano del debate social y político, tal y como ocurrió en el pasado, cuando se empezaron a promulgaron normativa y incrementar los recursos a todos los niveles.
En este sentido, reclamamos renovar el compromiso público por parte de los diferentes agentes sociales, políticos, líderes de opinión, medios, etc, y dar un nuevo impulso a este tipo de políticas.
Con motivo de la celebración del próximo 25 de Noviembre (Día Internacional contra esta lacra social), CSIF considera que las Administraciones Públicas deben de estar en la vanguardia para promover este pacto de Estado.

 El manifiesto de CSIF para este año plantea este decálogo:

1.- Recordemos a las víctimas por su nombre no por la cifra, NO SON CIFRAS, SON VIDAS.

2.- Empaticemos con las víctimas, PONTE EN SU PIEL.

3.- Extendamos el compromiso de CSIF y CEP en nuestro entorno laboral. ALIMENTA EL #COMPROMISO25N.

4.- Reclamemos al nuevo Gobierno un PACTO DE ESTADO Y SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA. DE GÉNERO.

5.- Hagamos una gran coalición, una gran unidad política, sindical y ciudadana, en todos los ámbitos: gobiernos, administración, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación… que eleve el este rechazo social a la categoría máxima,SUMAR NUESTRAS FUERZAS.

6.- Reclamemos que las políticas de igualdad y el valor de la mujer deben ser una pieza fundamental en las PRIORIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS de los diferentes gobiernos, INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTARIA.

7.- Exijamos que se incorporen medidas de sensibilización, detección y protección a las víctimas en el ámbito laboral mediante el desarrollo de los Planes de Igualdad, SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN.

8. Realicemos seguimiento de las víctimas, que nos permita evaluar los resultados de las medidas implantadas, sus derechos no pueden ser invisibilizados, PERDIDA DE RETRIBUCIONES, DIFICULTADES PARA CONCILIAR, PERDIDA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL.

9. Reclamemos PROTOCOLOS DE MOVILIDAD para empleadas públicas víctimas de violencia de género en el sector público y privado, que garanticen su seguridad y su adaptación a la vida normal y la reserva de un cupo de las plazas de la administración para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género y beneficios fiscales.0. Asignación suficiente de recursos humanos y materiales a las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, tanto en los equipos de investigación de delitos de violencia de género como en aquellos dedicados a la protección y acompañamiento de las víctimas. Resulta vital, en este sentido, reducir la ratio de mujeres protegidas por policía, que ahora supera las 47 mujeres por agente, según la media nacional.

Sentencia pionera. CSIF logra que la justicia declare como despido improcedente el cese de una trabajadora interina



El fallo supera las sentencias del TSJ de Madrid, País Vasco y de la Unión Europea y es un referente contra los abusos en la contratación de interinos para plazas estructurales.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha conseguido que el Juzgado de lo Social número 4 de Madrid haya fallado a favor de una trabajadora adscrita a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid que fue despedida el pasado 30 de septiembre.
La sentencia tiene carácter pionero y va más allá que los fallos recientes del TSJ de Madrid y País Vasco, considerando, no ya que se está produciendo una discriminación en la indemnización, sino que el cese de la trabajadora en sí mismo tiene carácter de despido improcedente al considerar el juzgado que su relación laboral es de ‘indefinida no fija’.
La trabajadora fue cesada después de llevar más de trece años con un contrato de interinidad y con la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería. El pasado 18 de agosto se le comunicó a esta trabajadora que debido a la adjudicación definitiva del puesto que ocupaba, derivado del proceso de consolidación de empleo, el día 30 de septiembre sería el último día de prestación de servicios en el centro.
Pues bien, CSIF alegó entre otros motivos, la existencia de fraude de ley al haberse superado el plazo máximo de tres años para la cobertura de una vacante como establece el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que el contrato debería transformarse en indefinido no fijo, como así ha resuelto finalmente el juez en su sentencia, contra la que cabe recurso de súplica.
La sentencia determina que el despido es improcedente dado que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, ya que la Administración concluye la relación laboral con un simple cese.
El fallo condena a la demandada, la Consejería de Políticas Sociales y Familia, a readmitirla en el plazo de cinco días o a indemnizarla con 28.000 euros. Además, advierte que, en el caso de producirse la readmisión, se deberá abonar a la trabajadora los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de notificación de esta resolución, a razón de 51,81 euros por día.
CSIF se felicita de esta sentencia por su carácter pionero y espera que sea un referente contra los abusos que se producen en el ámbito de la contratación de personal interino en puestos de carácter estructural. Hasta ahora, estas personas se encontraban desprotegidas, en una situación de vulnerabilidad legal, pese a llevar muchos años trabajando para la Administración.
Por este motivo, CSIF reitera la necesidad de impulsar de manera urgente una modificación legal que ponga fin a esta indefensión, en el marco de una reunión específica de la Mesa General de las Administraciones Públicas. Este problema se está abordando de manera sesgada y parcial, sin incluir la visión de los empleados públicos que son el colectivo que sufre en mayor medida los abusos en la interinidad.

CSI-F RECLAMA A LA JUNTA QUE EXIJA AL NUEVO GOBIERNO LA JORNADA DE 35 HORAS




El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando, pide al consejero de Presidencia que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco alcanzado con los empleados públicos en 2015, para “pedir al nuevo Gobierno que permita la jornada de 35 horas”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado este lunes 14 al vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la Recuperación de Derechos de los Empleados Públicos, para reclamar al Gobierno central la recuperación de la jornada de 35 horas, “una reclamación urgente y prioritaria para los empleados públicos”.
Así lo considera el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando, que en su escrito dirigido a Santiago-Juárez también se refiere a otras reivindicaciones de los empleados públicos, como es el pago del 100% de las retribuciones por bajas laborales; la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo; o que el pago de la extra pendiente de 2012 y las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año. Cuestiones con las que “nos comprometimos en el acuerdo marco alcanzado”.
Carlos Hernando recuerda que “en su día, Junta y sindicatos acordamos esperar a la formación de un nuevo Gobierno, para exigirle la recuperación de la jornada de 35 horas”. Por eso, Hernando considera que “ya no hay que esperar más tiempo para que la administración regional y los sindicatos pidamos conjuntamente las 35 horas semanales”, tras superarse también la condición de que tenía que haber un crecimiento del más del 2,5% del PIB regional.
Hernando recalca que la Junta tiene que demostrar su voluntad de apoyar las 35 horas, exigiéndolas al nuevo Gobierno de España, “que ya puede dar vía libre a la petición, que han demandado tanto los empleados públicos como otros gobiernos regionales, que ya han expresado su decisión de aplicar las 35 horas”.

CSI-F CON LAS 35 HORAS

Ultimas Noticias
31 de Octubre de 2016


CSIF Valladolid insta a las administraciones de la provincia y de las Cortes a exigir las 35 horas para sus empleados públicos
CSIF Valladolid insta a las administraciones de la provincia y de las Cortes a exigir las 35 horas para sus empleados públicos
La presidenta de CSIF Valladolid, María José San Román, insta a las diferentes instituciones y administraciones de la provincia y a las Cortes regionales a reiterar la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, con una resolución en la que se pida al Gobierno central que permita esa posibilidad, impedida recientemente en alguna Comunidad.
María José San Román remarca que “ha llegado la hora de que los casi 35.000 empleados públicos de la provincia de Valladolid, en las diferentes administraciones, recuperen -de verdad- sus derechos perdidos durante la crisis”, pidiendo que la vuelta a las 35 horas semanales sea una “prioridad” para el nuevo Gobierno, a instancia del resto de administraciones locales y autonómicas.
Recuerda que “el aumento de la jornada laboral fue una medida de emergencia y de carácter temporal”, y que tanto la Junta de Castilla y León como las Cortes se comprometieron a volver a la jornada de 35 horas si el PIB superaba el 2´5%, compromiso que no se ha cumplido debido a que se estima que esa decisión es competencia del Estado.
La presidenta provincial de CSIF Valladolid insiste en que la restitución de las 35 horas semanales es una medida clave “para la creación de empleo público estable y de calidad”.
María José San Román afirma que “los empleados públicos merecen un reconocimiento al esfuerzo realizado durante estos años de crisis, y también en este último año con un Gobierno en funciones. Los empleados públicos, a pesar de ciertos ataques sufridos, han estado a la altura, y han mantenido los servicios públicos y toda la maquinaria administrativa con profesionalidad, compromiso y sentido de Estado”.
Es lógico, por tanto, que “los responsables políticos devuelvan ahora esa esfuerzo y lealtad, con medidas como la recuperación de las 35 horas semanales, que debe ser la primera medida que tome el nuevo Gobierno”, recalca María José San Román.
Respecto a la creación de puestos de empleo público, la responsable de CSIF Valladolid ha reiterado “la urgencia de convocar ofertas acordes a las necesidades, para que no sigan existiendo, como ocurre en Valladolid, urgencias colapsadas por la ausencia de personal, aulas con una ratio elevado en los centros educativos, o problemas en la gestión de la dependencia, del desempleo y de los juzgados”.


Actualmente, en la provincia de Valladolid hay unos 7.800 empleados públicos de la administración estatal, 5.850 de la local, 2.160 de la universidad y 19.000 en la autonómica.