La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La jornada de este año está marcada por la pandemia de Covid19, que nos ha golpeado en todos los ámbitos de la sociedad: en la sanidad, la economía, la educación, etc. y de manera particular también sobre las mujeres que han visto incrementada su precariedad y exclusión laboral, así como su posición vulnerable y de mayor riesgo de violencia de género por las circunstancias de la pandemia y el confinamiento.
Las mujeres son mayoritarias en sectores en los que se han destruido más puestos de trabajo, como la hostelería, el comercio, los servicios, o el empleo doméstico. Además, los datos de la Encuesta de Población Activa nos muestran como ellas son las que, de manera abrumadora, han reducido su jornada de trabajo para el cuidado de personas dependientes.
Estamos viendo, por tanto, como esta crisis está expulsando a las mujeres del mercado laboral, reduciendo por tanto su independencia económica, lo que se traduce también en un mayor factor de vulnerabilidad ante situaciones de violencia de género. Por eso, ahora más que nunca, si cabe, debemos estar del lado de las víctimas.
Los esfuerzos en atajar el problema desde la base son fundamentales, pero no se puede dar la espalda a que la Pandemia del Covid19 también ha afectado a los recursos públicos y en particular a los destinados a la atención de las mujeres que sufren este problema. Así sucede, por ejemplo, con el retraso en la actuación de la justicia.
Desde CSIF reclamamos, un refuerzo de los medios judiciales. Pese a que, en la actualidad en España, existen 459 Juzgados de Violencia sobre la mujer, sólo 106 son exclusivos. El Gobierno debe hacer un esfuerzo especial para crear más órganos judiciales exclusivos en materia de violencia de género.
Esta especialización es un elemento esencial para reducir el tiempo de respuesta de la Administración de Justicia, que, en el caso de los procedimientos abreviados de violencia de género, pueden llegar hasta los 6,7 meses entre la fase instructora y el desarrollo del juicio. Por eso reclamamos al Ministerio de Justicia que desarrolle un plan de actuación específico.
La sobrecarga de asuntos de los Juzgados que no realizan de manera exclusiva labores de violencia de género unida a la falta de personal, la falta de órganos judiciales especializados, y la falta de unos verdaderos planes de formación del personal existente están lastrando la labor de los órganos judiciales a pesar del esfuerzo y dedicación de su personal.
Es necesario facilitar a las víctimas una verdadera Justicia de proximidad y, en este sentido, una medida complementaria a la creación de Juzgados exclusivos es el incremento de las plantillas de los órganos judiciales de cabeceras de partido donde existen juzgados mixtos (de primera instancia e instrucción) con poco personal para asumir, además, las competencias muy especializadas en materia de violencia sobre la mujer.
Oficinas de Asistencia a las Víctimas y equipos psicosociales
Además, es necesario incrementar la dotación de personal en las Oficinas de Atención a las Víctimas y en los equipos psicosociales para conseguir mayor eficacia, rapidez y eficiencia al servicio que prestan a las víctimas de esta lacra social.
Debemos actuar en dos líneas: la incorporación de personal especializado (personal de psicología, trabajadoras/es sociales, Forenses, etc...) y la formación del personal de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia para dar un mejor servicio integral y una mejor atención a estas mujeres y hacerlo en todas las provincias pues debe tratarse de un servicio próximo.
Para CSIF, el Servicio de Asistencia a las Victimas debe ser la piedra angular que articule y garantice un adecuado acompañamiento a las mujeres que denuncian violencia de género desde el mismo momento en el que entran en el Juzgado.
Además, CSIF como primer sindicato de la función pública, está negociando el III Plan de Igualdad de la AGE en el que exigimos la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia contra la mujer.
Además, insistimos en la necesidad de crear la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y violencia de género que acompañe y asista, tanto en el ámbito público como en el sector privado, a las mujeres víctimas de violencia de género.
Las 40 víctimas mortales por violencia de género de este 2020 (a 11 de noviembre) no son más que la punta del macabro iceberg que supone la violencia machista
Por eso reclamamos:
• Relanzar el Pacto de Estado y un pacto social por la eliminación de la violencia contra la mujer.
• Que se destinen partidas específicas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a dotar de medios la Justicia.
• Que los fondos del pacto de estado en materia de violencia de género lleguen de manera efectiva a los Juzgados.
• Programas específicos en materia de formación en asistencia a las víctimas, especialización en los perfiles y que se agilicen los procedimientos por esta causa.
• Que los planes de reconstrucción social incluyan medidas contra la violencia de género.
• Delegado/a especializada en Igualdad y violencia de género en cada centro de trabajo como figura asimilada a los delegad@s de prevención de riesgos laborales.
