Conferencia: "Crisis de los refugiados. Rescate en el Mediterráneo"
CSI·F Valladolid quiere reconocer el papel y labor de los cooperantes españoles implicados en causas humanitarias en diferentes ámbitos de la realidad internacional.
Para ello, se ha organizado una conferencia, bajo el título: Crisis de refugiados: Rescate en el Mediterráneo, a cargo del médico cooperante: Oscar Hugo Martín del Barco, que tendrá lugar en el Aula de Formación de nuestra sede, sita en Calle Luna, 3 bajo, el próximo martes 18 de abril, de 12:00 a 13:30 horas.
La asistencia a dicha conferencia será gratuita para todas las personas interesadas, tendrá un aforo limitado por orden de inscripción en la dirección de correo: valladolid@csi-f.es
CSIF concreta en unos 4.000 los empleos públicos que se crearían en Castilla y León con las 35 horas
Exige que la negociación de los Presupuestos no “castigue más” a los empleados públicos.
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha explicado en Soria que la recuperación de las 35 horas “efectivamente, tiene un coste, pero es para crear empleo, igual que tiene un coste la decisión del Gobierno de reducir las cotizaciones de la Seguridad Social para nuevos contratos, y gracias a eso se crean puestos de trabajo”.
La vuelta a la jornada de las 35 horas, que supone recuperar un derecho arrebatado, “sería una manera de crear puestos de trabajo, que cotizarían a la Seguridad Social, algo importante, que cotizarían en su IRPF, que animarían el consumo, y que mejorarían los servicios públicos de los castellanos y leoneses con el refuerzo de las plantillas”, añade Miguel Borra.
En Castilla y León, la aplicación de las 35 horas podría generar la contratación, inmediata en muchos casos, de unos 4.000 puestos de trabajo, que irían destinados -principalmente- a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, además de otros servicios que se aplique la jornada laboral con turnos.
CSIF lamenta que la negociación de los presupuestos del Estado y las disputas de los partidos culpabilicen a los empleados públicos por defender un derecho arrebatado, como es el de la jornada de 35 horas. CSIF lamenta que se está retorciendo y tergiversando el sentido de esa reivindicación, “que puede generar más riqueza y empleo para el Estado, con el refuerzo de las plantillas en los servicios públicos”.
Miguel Borra resalta que Castilla y León es la primera Comunidad gobernada por el PP que ha pedido al Gobierno las 35 horas, aunque recuerda que en otras comunidades en las que se ha aprobado la recuperación de la jornada de las 35 horas, como son Andalucía y Extremadura, el PP no ha votado en contra. CSIF reclama un acuerdo político entre Gobierno y las diferentes fuerzas parlamentarias que permita avanzar en unos presupuestos, y pide que no se utilice a los empleados públicos como moneda de cambio en una eventual negociación.
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha estado este viernes en Soria para informar de los encuentros que este sindicato independiente, el más representativo de las administraciones públicas, está manteniendo con responsables de los gobiernos central y autonómicos, para recabar apoyos y promover mejoras en las administraciones públicas, en un momento político y económico clave, y ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
CSIF espera que el Ministerio de Hacienda responda con medidas concretas a las reivindicaciones de los empleados públicos, en la Mesa General de las Administraciones Públicas que previsiblemente se celebrará este mes, tras años de recortes y pérdida de poder adquisitivo.
Las reivindicaciones de CSIF siguen encima de la mesa son: una oferta de empleo público urgente sin tasa de reposición; aumentar la partida presupuestaria para la carrera y desarrollo profesional; la recuperación de los ‘canosos’ para todos los empleados públicos, sin tener que recurrir a tribunales; eliminar los descuentos en la nómina por baja médica; o la recuperación del concurso de méritos y la jornada de 35 horas.
En el caso de las 35 horas, CSIF está intensificando su interlocución con el fin de forzar al Gobierno a derogar el decreto de recortes que impide a las comunidades autónomas negociar esta medida con los sindicatos. Así ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido anulada la jornada de 35 horas por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma.
Borra ha insistido en la preocupación que viven los empleados públicos, “porque no sabemos qué va a pasar con los Presupuestos. Hemos perdido más del 30% del poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, y esto hay que empezar a revertirlo. CSIF se opone “firmemente” a una congelación salarial, y aboga por un plan que abarque toda legislatura, para planificar la recuperación del poder adquisitivo que ha perdido el empleado público.
Borra también pide que se aborde “urgentemente” la oferta pública de empleo en Castilla y León, para contar con el número de empleados públicos necesarios para prestar los servicios públicos. El presidente nacional de CSIF recuerda que en enero se han perdido 10.300 puestos sanitarios en España, en plena crisis de gripe, acumulando una destrucción de 45.000 puestos de empleados públicos desde septiembre.
Consolidar empleo público, crear privado
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El acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los sindicatos para hacer fijos en los próximos años al 90% de los trabajadores interinos del sector público impulsará lo que constituye la mayor oferta de empleo público de la democracia. Las Administraciones públicas consolidarán en torno a 250.000 puestos ocupados actualmente de forma temporal por este tipo de trabajadores. El proceso, que se iniciará el próximo viernes y terminará a finales de 2019, involucra a las comunidades autónomas –que aglutinan a la mayor parte de estos empleados– que se han sumado también al compromiso entre el Ejecutivo y los sindicatos. Esta gigantesca consolidación de oferta pública permitirá a Estado, autonomías, ayuntamientos y empresas públicas sacar a concurso los puestos ocupados por interinos para hacerlos fijos en estas Administraciones.
El acuerdo afecta a varias áreas: es el caso de los profesores de enseñanza no universitaria, personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, Servicios Sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades.
Este gran pacto para consolidar la oferta de empleo público no traerá consigo la aceptación de otras demandas sindicales, como la recuperación de la jornada de 35 horas o el cobro del 100% de la prestación cuando los empleados públicos están de baja por incapacidad temporal. A cambio, sí habrá que sumarle la creación de 67.000 nuevos empleos públicos y la reposición de las bajas de jubilación (en un 100%) en áreas como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales, la lucha contra el fraude, la prevención y extinción de incendios y políticas activas de empleo. En materia salarial, el Gobierno ha dejado claro que no levantará de momento el pie del freno –subirá un 1% los salarios en 2017– pese a dejar la puerta abierta a la posibilidad de pactar mayores mejoras salariales a partir de los presupuestos de 2018, cuyo techo de gasto se aprueba en junio.
La consolidación de la ingente cantidad de puestos de trabajo interinos que existen en las Administraciones Públicas españolas es una buena noticia, dado que pone remedio a una situación que constituye una anomalía en el entorno europeo. No en vano, el Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado recientemente la elevada tasa de interinidad que existe en España, que ronda el 11% en Sanidad y sube al 20% en Educación. Pese a ello, la gran asignatura de la economía española en materia laboral está en el sector privado, cuya función natural es crear empleo productivo, cuanto más estable mejor y capaz de general riqueza. Apostar por flexibilizar la legislación y los mercados para facilitar esa tarea debe ser una prioridad para los agentes sociales y el Gobierno.
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Un centenar de funcionarios protestan ante la sede de la Junta
Reclaman a la administración autonómica que se recupere la jornada semanal de 35 horas.
UGT y CCOO han reclamado hoy una subida salarial superior al 1% para los empleados públicos en 2017, cuando la inflación se acerca de media al 2%, lo que supondrá una nueva pérdida de poder adquisitivo.
El secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carlos López Inclán, ha reconocido avances en la oferta de empleo público en el transcurso de la concentración de protesta ante la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. El portavoz de UGT sector público en Valladolid, José Luis Ferreras, ha asegurado que como consecuencia de las crisis económica los empleados públicos tienen los salarios congelados y ha cifrado en un 30% la pérdida de su poder adquisitivo.
Casi un centenar de empleados públicos, según Europa Press, se han concentrado ante la sede de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Valladolid para reclamar una jornada laboral de 35 horas semanales y una subida salarial digna.
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