Desestimado el recurso contra el proceso de las oposiciones a bomberos de la Diputación de Valladolid


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Se da así validez a la celebración del proceso selectivo realizado por esta Institución

EL NORTE VALLADOLID
El Juzgado nº 4 de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid ha desestimado el recurso presentado por varios aspirantes a las plazas de conductor-bombero de la Diputación Provincial con lo que se da validez a la celebración del proceso selectivo realizado por esta Institución.
Según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, tal como apuntó la defensa de la Institución provincial, el juez ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal de las actuaciones realizadas por si algunos recurrentes u otros participantes en el proceso selectivo hubieran cometido alguna infracción de carácter penal.
Además los Servicios Jurídicos de la Diputación de Valladolid analizan la posibilidad de incoar expediente a fin de determinar la existencia de responsabilidades de los funcionarios del Servicio de Extinción de Incendios que han participado en el proceso selectivo.

El Gobierno rectifica y levanta el veto a la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios

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El Gobierno se ha comprometido a «revisar, sector a sector», para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. «Se va a revisar su posible aplicación de cara a los Presupuestos de 2018», explicó ayer el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El propio Montoro también le aseguró al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que su intención es «hacer todo lo posible por evitar la conflictividad». Esta afirmación se produce después de que el pasado viernes, el Gobierno presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto por el que el Ejecutivo de Andalucía redujo, de manera unilateral, la jornada de los funcionarios.
Una medida de este tipo sólo la puede aplicar el Gobierno Central y, por ello, fuentes de Función Pública precisan que el Ejecutivo estaba obligado a recurrir una decisión que contraviene la legislación actualmente en vigor. Algo similar sucedió con Castilla-La Mancha y País Vasco, que tomaron la misma decisión de reducción de la jornada laboral y fue tumbada por el TC. «Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, y la ley dice que la jornada de los funcionarios es de 37,5 horas», apuntó Bermúdez de Castro.
Sin embargo, esto no impide, señalan desde Función Pública, que efectivamente se inicie en 2018 una reducción de la jornada en determinados ámbitos. De hecho, Bermúdez de Castro confirmó la voluntad del Gobierno de analizar «a futuro» los distintos sectores; el plazo que se dio es breve puesto que enmarcó la revisión en el ámbito de tramitación del proyecto de Cuentas del Estado para 2018 que deberán remitirse al Congreso de los Diputados a finales del mes de septiembre.
«El ministro ha planteado la posibilidad de ir viendo sectores específicos que necesiten, en función de su particularidad, un ajuste de la jornada», explicó por su parte el consejero andaluz de Presidencia.
De esta manera, el Gobierno cede a la presión de las Comunidades Autónomas ya que, además de las ya mencionadas País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía, también Castilla y León ha mostrado su deseo de que la jornada se reduzca a las 35 horas. De hecho, el Gobierno popular de Juan Vicente Herrera envió una carta al Ejecutivo central a principios del presente año en la que solicitó que, «a la mayor brevedad posible», se hagan las «modificaciones normativas necesarias» para «la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León».
La actitud flexible y dispuesta al diálogo que pretende demostrar el Gobierno en este terreno no es ajena al intento de conseguir apoyos , incluso dentro del propio PSOE, para sacar adelante los próximos Presupuestos.

Impacto de hasta 1.200 millones

En términos económicos, una rebaja de la jornada laboral en el conjunto del sector público tendría un impacto de hasta 1.200 millones de euros, según las cifras que en abril ya ofreció la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.
Sin embargo, el anterior responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cifró en 2.500 millones el ahorro que obtuvieron las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos cuando se implantó la medida en 2012. Fue una de las actuaciones con las que, desde la Administración Pública, se trató de hacer frente a la crisis y junto a su anunció Beteta también señaló a los funcionarios que debían olvidarse «del cafelito y de leer el periódico» y ser más productivos.

La justicia reconoce por primera vez en España el derecho a indemnización a un funcionario interino, tras su cese.


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La sentencia reconoce 20 días por año trabajado a un profesor,
cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones
objetivas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo
 en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha conseguido una sentencia que reconoce, por primera vez en España, el derecho a indemnización a un funcionario interino tras su cese.



La sentencia pionera proviene del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la Coruña
 y reconoce el derecho de un docente, F.L.R, a percibir una indemnización por el periodo en el 
que estuvo cubriendo una sustitución. La sentencia –contra la que sólo cabe recurso ante el 
Tribunal Supremo-- le reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado, similar
 a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas 
o de producción.
Esta sentencia abre la puerta a miles de reclamaciones, por ejemplo, de profesores interinos 
que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo 
del curso escolar. Solamente en el mes de junio, fueron cesados 51.487 personas, la cifra más 
alta de los últimos nueve años.
Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral 
de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien 
aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones
 de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones 
o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia
 o la Sanidad). Se calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.
El juez entiende que el funcionario interino tiene el mismo derecho que los empleados temporales 
en régimen laboral de la Administración Pública, como sucedió en la sentencia del 
auxiliar administrativo Diego Porras, que motivó la llamada de atención del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

CSIF valora de manera positiva esta sentencia ganada por sus servicios jurídicos, que 
pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización 
del empleo público en el conjunto de las comunidades autónomas, dado que podría producirse 
un aluvión de reclamaciones y la saturación de los juzgados.