LA DIPUTACION POR FIN ELIMINA LOS DATOS BIOMETRICOS DE SUS EMPLEADOS
CSIF rechaza la insuficiente oferta de empleo público y los acuerdos que provoquen diferencias en la prestación de servicios entre Comunidades Autónomas
15 de julio de 2025
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reiteró hoy su rechazo a la Oferta de Empleo Público para 2025 porque las plazas son insuficientes para cubrir las pérdidas acumuladas en la Administración del Estado en los últimos años (más de 42.000 efectivos perdidos en las dos últimas décadas).
Según datos aportados por el Gobierno, la oferta total asciende a 36.588 plazas en la Administración General del Estado de turno libre y promoción interna, lo que supone 3.558 plazas menos que el año pasado, invirtiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años, como consecuencia de la falta de presupuestos y las restricciones al gasto que ya está aplicando Bruselas.
La oferta, por tanto, impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles tanto en la Administración Central --Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias— como en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (sanidad, educación, etc)
Esta oferta además mantiene la tasa de reposición, lo que impedirá reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la Administración del Estado, que ya ha provocado la congelación de fondos procedentes de la Comisión Europea.
Además, la próxima oferta de empleo público contendrá una tasa adicional para el País Vasco (en concreto para el ámbito de la Justicia), que permitirá a esta comunidad autónoma reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto. Esta medida supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos.
En este mismo sentido, CSIF manifiesta su preocupación por las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones políticas de Junts y PNV por las diferencias que puedan generar en el acceso y la calidad de los servicios públicos entre territorios, tanto por la cesión de impuestos que detraigan recursos para el Estado, la pérdida de competencias en materia de empleo público o de la Seguridad Social.
UN REFUERZO INMEDIATO DE PLANTILLAS
Desde CSIF, ya lo hemos dicho, exigimos un refuerzo inmediato de plantillas, la creación de empleo neto, la recuperación de los puestos perdidos y la eliminación de la tasa de reposición, para que las administraciones puedan responder a sus necesidades, más allá de las jubilaciones previstas. Hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.640 empleos, según datos facilitados por el propio Ministerio de Función Pública, que se suman los 21392 perdidos en la década anterior, lo que hace un total de más de 42000 puestos perdidos.
Además, el 21 por ciento de la plantilla (más de 45.000 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de la jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.
Es más, según datos del registro central de personal, el 55 por ciento de la plantilla se jubilará en 10 años, lo que hace evidente la necesidad de planificar a medio plazo las necesidades de la plantilla. Esta cuestión fue referida por un informe de la OCDE en el que se alertaba del envejecimiento de las plantillas de la administración española, en relación a los países de nuestro entorno.
Primera sentencia que niega la jubilación parcial anticipada: CSIF exige al Gobierno un cambio legal que reconozca este derecho a todos los empleados públicos
18 de julio de 2025
El juzgado de lo Social Nº 1 de Gijón ha rechazado la petición de una enfermera que trabaja para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, de acogerse a la jubilación parcial anticipada.
La sentencia –la primera que se produce tras la nueva regulación que interrumpió la aplicación de este derecho, en virtud de un acuerdo del Gobierno con UGT y CCOO-- establece que en la negociación llevada a cabo por estos sindicatos no se ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones, por lo que la Administración “se ve atada de pies y manos”, apuntando que el convenio colectivo del personal laboral del Principado de Asturias es jerárquicamente inferior a la nueva regulación estatal, que entró en vigor el pasado 1 de abril, por lo que desestima la petición de la empleada pública asturiana.
El acceso a la jubilación parcial anticipada llevaba años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones. Sin embargo, la nueva regulación detuvo la continuidad de este derecho y se paralizaron las solicitudes porque el legislador no tuvo en cuenta las particularidades del acceso al empleo público.
Para solventar esta situación provocada por las organizaciones sindicales que avalaron con su firma esta reforma, las distintas Administraciones pueden convocar una tasa adicional de empleo público, si bien como establece la propia sentencia, esta medida “no es una herramienta adecuada para responder a una necesidad que no depende de la empleadora, sino de la imprevisible solicitud de los trabajadores que cumplan con los requisitos para jubilarse anticipadamente”.
Para revertir esta situación y posibilitar el ejercicio de este derecho a los empleados públicos afectados, CSIF presentará enmiendas al Proyecto de Ley derivado del Real Decreto Ley 11/2024. Además, seguiremos trabajando para que el derecho a la jubilación parcial anticipada también sea una realidad para el personal funcionario y estatutario.
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