La justicia reconoce por primera vez en España el derecho a indemnización a un funcionario interino, tras su cese.


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La sentencia reconoce 20 días por año trabajado a un profesor,
cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones
objetivas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo
 en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha conseguido una sentencia que reconoce, por primera vez en España, el derecho a indemnización a un funcionario interino tras su cese.



La sentencia pionera proviene del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la Coruña
 y reconoce el derecho de un docente, F.L.R, a percibir una indemnización por el periodo en el 
que estuvo cubriendo una sustitución. La sentencia –contra la que sólo cabe recurso ante el 
Tribunal Supremo-- le reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado, similar
 a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas 
o de producción.
Esta sentencia abre la puerta a miles de reclamaciones, por ejemplo, de profesores interinos 
que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo 
del curso escolar. Solamente en el mes de junio, fueron cesados 51.487 personas, la cifra más 
alta de los últimos nueve años.
Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral 
de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien 
aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones
 de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones 
o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia
 o la Sanidad). Se calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.
El juez entiende que el funcionario interino tiene el mismo derecho que los empleados temporales 
en régimen laboral de la Administración Pública, como sucedió en la sentencia del 
auxiliar administrativo Diego Porras, que motivó la llamada de atención del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

CSIF valora de manera positiva esta sentencia ganada por sus servicios jurídicos, que 
pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización 
del empleo público en el conjunto de las comunidades autónomas, dado que podría producirse 
un aluvión de reclamaciones y la saturación de los juzgados.

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