Enfermería escolar: una deuda pendiente con la infancia
Un artículo de la presidenta de CSIF Valladolid, M.ª José San Román Sotillo
Lectura estimada: 3 min.
Curso tras curso y día tras día, miles de niños y adolescentes acuden a los centros educativos con su mochila cargada de libros. Y con ellos también van al aula sus enfermedades, algunas crónicas como diabetes, asma, epilepsia, alergias o incluso procesos oncológicos que requieren controles médicos, medicación y acompañamiento sanitario. De vez en cuando, pueden ir acompañados de problemas de salud agudos (como catarros, lesiones traumatológicas, postoperatorios...) A estas realidades se suman los imprevistos cotidianos: crisis, mareos, accidentes, caídas... Todas ellas, situaciones que, en ausencia de personal sanitario en los centros, recaen sobre los docentes, que ni están formados ni deberían asumir esa responsabilidad.
Desde CSIF consideramos que esta es una deuda pendiente con la infancia y con las familias. Por eso, hemos impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se apruebe una Ley de Enfermería Escolar que garantice la presencia de enfermeras y enfermeros en todos los colegios e institutos de la Comunidad. No hablamos de un lujo, sino de un derecho básico, unido estrechamente a la seguridad, la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Las cifras son significativas. Nuestra Comunidad cuenta sólo con 24 enfermeras para atender a más de un millar de centros educativos. Esto supone una ratio de un profesional por cada 14.000 alumnos, frente a los 600 de Francia, los 700 de Madrid o la cobertura plena que ofrecen países como Reino Unido, Suecia o Francia. Castilla y León no puede seguir a la cola en un servicio tan esencial.
El argumento económico no puede servir de excusa: la implantación de la enfermería escolar supondría 66,6 millones de euros anuales, apenas un 0,48% del presupuesto autonómico. Además, se trata de una inversión que se multiplica, ya que cada euro invertido en enfermería escolar genera un ahorro de 2.20 euros en costes hospitalarios, visitas a urgencias o bajas laborales de los progenitores. Incorporar enfermeras en los colegios evitaría muchas urgencias innecesarias y aliviaría la presión del sistema sanitario. No hablamos de un gasto, sino de una inversión social, sanitaria y educativa.
Los beneficios sociales también son incuestionables: tranquilidad para las familias, conciliación laboral, reducción del absentismo y mejora de los resultados académicos. Además, la enfermería escolar es clave en la educación sanitaria, la prevención, la promoción de hábitos saludables y la atención a los procesos de reincorporación escolar tras una hospitalización.
Las voces de nuestros sectores lo confirman:
- Jesús Freire, responsable de Educación de CSIF Valladolid: "No podemos seguir delegando en el profesorado responsabilidades sanitarias que no le corresponden. La enfermería escolar es imprescindible para la seguridad de los alumnos y para la buena labor docente del profesorado".
- Javier Hernando, responsable de Sanidad de CSIF Valladolid: "Es hora de que nuestros políticos vean lo que ve el resto de la sociedad. El papel de la enfermera es indispensable en nuestros hospitales, centros de salud y centros escolares. Las ratios insuficientes".
- Noemí Fernández, responsable de Administración Autonómica de CSIF Valladolid: "El coste de esta medida es asumible y rentable. Apenas supone medio punto del presupuesto de la Junta y, sin embargo, el retorno económico y social es incuestionable. No hay excusas para seguir retrasando esta ley".
Por todo ello, desde CSIF reclamamos a los responsables políticos de Castilla y León que escuchen este clamor ciudadano, respaldado por docentes, familias, asociaciones de pacientes y profesionales de la enfermería. Es hora de que los responsables políticos estén a la altura. La enfermería escolar no es un capricho: es una necesidad urgente y un derecho. Nuestros niños y niñas merecen crecer en centros seguros, inclusivos y saludables.
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CSIF, otros sindicatos reprochan al ministro de Función Pública su inacción y le apremian a retomar el diálogo o tomarán medidas
16 de septiembre de 2025
CSIF, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO se han reunido y han acordado trasladarle al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, su indignación por la parálisis, así como por la grave e inédita situación en la que nos encontramos a causa de la falta total y absoluta de interlocución entre el ministerio y los sindicatos.
En una carta dirigida a López, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, le recuerdan al ministro que las tres organizaciones representan al 80% de los más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos.
Este hecho "debiera sobrar para tener un diálogo constante y una mesa permanente donde poder debatir y llevar a cabo una negociación que permita solventar los problemas que vayan surgiendo en la función pública", afirman, y señalan que es urgente, del mismo modo, "recuperar los estándares de calidad de los servicios públicos que demanda la ciudadanía".
Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de lo público no dejan de agravarse por la inacción del ministerio para resolver asuntos muy preocupantes, tanto en materia de empleo como de congelación salarial, recalcan CSIF, UGT y CCOO.
Por ello, resulta imprescindible, subrayan, retomar cuanto antes el diálogo permanente que permita recuperar la confianza, “bajo el principio de buena fe que hemos venido manteniendo con anterioridad” en el ámbito público. "Ni que decir tiene que, de no obtener respuesta, tomaremos las medidas que consideremos oportunas", concluyen.
LA DIPUTACION POR FIN ELIMINA LOS DATOS BIOMETRICOS DE SUS EMPLEADOS
CSIF rechaza la insuficiente oferta de empleo público y los acuerdos que provoquen diferencias en la prestación de servicios entre Comunidades Autónomas
15 de julio de 2025
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reiteró hoy su rechazo a la Oferta de Empleo Público para 2025 porque las plazas son insuficientes para cubrir las pérdidas acumuladas en la Administración del Estado en los últimos años (más de 42.000 efectivos perdidos en las dos últimas décadas).
Según datos aportados por el Gobierno, la oferta total asciende a 36.588 plazas en la Administración General del Estado de turno libre y promoción interna, lo que supone 3.558 plazas menos que el año pasado, invirtiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años, como consecuencia de la falta de presupuestos y las restricciones al gasto que ya está aplicando Bruselas.
La oferta, por tanto, impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles tanto en la Administración Central --Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias— como en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (sanidad, educación, etc)
Esta oferta además mantiene la tasa de reposición, lo que impedirá reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la Administración del Estado, que ya ha provocado la congelación de fondos procedentes de la Comisión Europea.
Además, la próxima oferta de empleo público contendrá una tasa adicional para el País Vasco (en concreto para el ámbito de la Justicia), que permitirá a esta comunidad autónoma reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto. Esta medida supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos.
En este mismo sentido, CSIF manifiesta su preocupación por las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones políticas de Junts y PNV por las diferencias que puedan generar en el acceso y la calidad de los servicios públicos entre territorios, tanto por la cesión de impuestos que detraigan recursos para el Estado, la pérdida de competencias en materia de empleo público o de la Seguridad Social.
UN REFUERZO INMEDIATO DE PLANTILLAS
Desde CSIF, ya lo hemos dicho, exigimos un refuerzo inmediato de plantillas, la creación de empleo neto, la recuperación de los puestos perdidos y la eliminación de la tasa de reposición, para que las administraciones puedan responder a sus necesidades, más allá de las jubilaciones previstas. Hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.640 empleos, según datos facilitados por el propio Ministerio de Función Pública, que se suman los 21392 perdidos en la década anterior, lo que hace un total de más de 42000 puestos perdidos.
Además, el 21 por ciento de la plantilla (más de 45.000 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de la jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.
Es más, según datos del registro central de personal, el 55 por ciento de la plantilla se jubilará en 10 años, lo que hace evidente la necesidad de planificar a medio plazo las necesidades de la plantilla. Esta cuestión fue referida por un informe de la OCDE en el que se alertaba del envejecimiento de las plantillas de la administración española, en relación a los países de nuestro entorno.
Primera sentencia que niega la jubilación parcial anticipada: CSIF exige al Gobierno un cambio legal que reconozca este derecho a todos los empleados públicos
18 de julio de 2025
El juzgado de lo Social Nº 1 de Gijón ha rechazado la petición de una enfermera que trabaja para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, de acogerse a la jubilación parcial anticipada.
La sentencia –la primera que se produce tras la nueva regulación que interrumpió la aplicación de este derecho, en virtud de un acuerdo del Gobierno con UGT y CCOO-- establece que en la negociación llevada a cabo por estos sindicatos no se ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones, por lo que la Administración “se ve atada de pies y manos”, apuntando que el convenio colectivo del personal laboral del Principado de Asturias es jerárquicamente inferior a la nueva regulación estatal, que entró en vigor el pasado 1 de abril, por lo que desestima la petición de la empleada pública asturiana.
El acceso a la jubilación parcial anticipada llevaba años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones. Sin embargo, la nueva regulación detuvo la continuidad de este derecho y se paralizaron las solicitudes porque el legislador no tuvo en cuenta las particularidades del acceso al empleo público.
Para solventar esta situación provocada por las organizaciones sindicales que avalaron con su firma esta reforma, las distintas Administraciones pueden convocar una tasa adicional de empleo público, si bien como establece la propia sentencia, esta medida “no es una herramienta adecuada para responder a una necesidad que no depende de la empleadora, sino de la imprevisible solicitud de los trabajadores que cumplan con los requisitos para jubilarse anticipadamente”.
Para revertir esta situación y posibilitar el ejercicio de este derecho a los empleados públicos afectados, CSIF presentará enmiendas al Proyecto de Ley derivado del Real Decreto Ley 11/2024. Además, seguiremos trabajando para que el derecho a la jubilación parcial anticipada también sea una realidad para el personal funcionario y estatutario.
ARCHIVOS ADJUNTOS
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El sindicato CSIF ha remitido un escrito al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en el que exige la cobertura urgente de las 17 plazas vacantes en la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios provincial, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad y con las debidas garantías de seguridad para la ciudadanía y los propios profesionales.
Desde el 1 de enero de 2021, tras el fin del acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid que permitía a los bomberos de la capital prestar servicio en los municipios del alfoz, más de 100.000 habitantes de 36 municipios quedaron sin cobertura directa del cuerpo de bomberos de la ciudad.
Esta situación, que suponía un coste anual de 600.000 euros, fue sustituida por medidas provisionales que se han prolongado de forma indefinida en el tiempo.
La falta de personal ha derivado en una carga excesiva de horas extraordinarias para los bomberos en activo, con el consiguiente aumento del gasto público y un serio riesgo de fatiga operativa, lo que repercute negativamente en la calidad del servicio y en la seguridad de las intervenciones.
A pesar de que el pasado 31 de enero tomaron posesión los aspirantes que superaron el proceso selectivo para el acceso a plazas en el Servicio de Extinción de Incendios, CSIF denuncia que aún quedan 17 vacantes estructurales sin cubrir, a pesar de existir una bolsa de empleo activa derivada del mismo proceso, cuya utilización está regulada y prevista.
En convocatorias anteriores, estas plazas se cubrían de forma habitual mediante nombramientos de interinidad desde la bolsa, garantizando así el funcionamiento del servicio y ofreciendo oportunidades laborales a quienes han demostrado su capacitación.
Sin embargo, en esta ocasión, la dirección del servicio ha decidido no incorporar a personal interino, argumentando razones presupuestarias relacionadas con el coste de formación y equipamiento, al tratarse de personal que podría no superar futuras oposiciones.
Mientras tanto, se sigue recurriendo a horas extraordinarias como única solución, lo que CSIF considera una medida ineficiente y peligrosa.
Además, en algunas intervenciones, los equipos se movilizan con solo tres efectivos, cuando lo recomendado por seguridad y eficacia es un mínimo de cuatro bomberos por salida.
Desde CSIF se exige a la Diputación de Valladolid y a los responsables del Servicio de Extinción de Incendios que activen de forma inmediata la bolsa de empleo, respetando los principios de mérito, capacidad y eficiencia en la gestión del empleo público, y se reclama mayor transparencia en los criterios utilizados para mantener las plazas sin cubrir.
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